El Parlamento iraní aprueba endurecer los castigos para las mujeres que no usen el velo

Continúa la huida hacia adelante del régimen de los mulás en su cruzada represiva contra la población iraní. El Parlamento de la República Islámica ha aprobado, por un período de prueba de tres años, una nueva ley que endurece severamente los castigos por no usar el velo islámico o hiyab.

Merced a la moción aprobada este miércoles, las penas para las mujeres que no cumplan con los rigores indumentarios «en connivencia con gobiernos, medios, grupos y organizaciones hostiles y extranjeros» se elevan hasta los 10 años de cárcel. Además, la nueva ley contempla castigos para las mujeres que se muestren en público sin hiyab de hasta 2.000 dólares, la confiscación de automóviles y la prohibición de conducir. Igualmente, la norma aprobada por los diputados iraníes prevé deducciones de salario, prestaciones labores o la prohibición de acceder a servicios bancarios, según recoge la Agencia EFE.

Además, la citada ley no sólo afecta a las mujeres que no se cubran: se castigará a mujeres y niñas que muestren en espacios públicos o en las redes sociales «desnudez de alguna parte del cuerpo o lleven ropa fina o ajustada». De esta manera, prohíbe el uso de pantalones rotos, mangas cortas o bermudas, entre otros, y establece el despido de trabajadores que incumplan estas normas. Ante las dudas sobre la posibilidad de que el régimen flexibilizara sus posiciones respecto a los rigores indumentarios derivados de su visión rigorista del islam, la apuesta por la represión es clara.

La denominada ‘Ley de Apoyo a la Cultura de la Castidad y el Hiyab’, que nace como respuesta inequívoca al gesto de desobediencia practicado por miles de iraníes tras la muerte de la joven Mahsa Amini el 16 de septiembre del año pasado, es el resultado del trabajo de una pequeña comisión judicial y cultural a puerta cerrada durante el pasado mes de agosto, según informó la agencia Mizan. La nueva ley fue aprobada ayer por 152 votos favorables, 32 en contra y siete abstenciones del total de 201 diputados presentes.

El texto deberá ser ratificado por el Consejo de los Guardianes, un organismo compuesto por 12 miembros, seis juristas y seis clérigos, el cual revisa la legislación aprobada por el Parlamento y tiene capacidad de veto sobre sus decisiones.

Para los expertos de Naciones Unidas la nueva ley es una «una forma de apartheid de género, ya que las autoridades parecen gobernar a través de una discriminación sistemática con la intención de someter a las mujeres y niñas».

Un año de represión contra las mujeres

La aprobación de la citada ley llega apenas cuatro días después del aniversario de la muerte a manos de la Policía de la Moral del régimen de Mahsa Amini. Desde el fallecimiento en Teherán de la joven kurda de 22 años, detenida por no llevar correctamente colocado el preceptivo velo, el país registra un movimiento inusual de protesta, el más intenso de los últimos años, contra la obligatoriedad del velo islámico y, por extensión, contra el régimen islámico, que gobierna de manera autocrática desde 1979. Desde la consolidación del nuevo régimen, el velo islámico ha sido obligatorio para las mujeres.

La reacción de las autoridades iraníes al creciente y desafiante movimiento –con base netamente femenina y juvenil– no ha sido otra que la de la represión y el castigo. Centenares de personas, 500 según algunas estimaciones, han sido ejecutadas como resultado de juicios sin garantías por participar en las protestas y de la intervención violenta de las fuerzas de seguridad contra las concentraciones de rechazo registradas, que Teherán considera instigadas desde el exterior.

Las autoridades iraníes, empleando para ello a la Policía de la Moral además de otros métodos como la instalación de cámaras de vigilancia, han protagonizado una auténtica cruzada en las calles de las ciudades y pequeños municipios del país para impedir que la rebelión femenina contra el régimen ganara terreno.

No sólo la persecución ha tenido como objetivo a individuos: los negocios cuyos propietarios y clientes no han cumplido con las exigencias indumentarias se han visto obligados a cerrar. Hace apenas unas semanas trascendía que el régimen trata también de aprobar una nueva legislación que avale el internamiento psiquiátrico de aquellas mujeres que hayan manifestado oposición a usar el velo en público.