El Parlamento aprueba la ley que blinda a Netanyahu ante la Justicia

Pese a la creciente tensión social y las advertencias sobre las dramáticas consecuencias de la “reforma judicial” impulsada por el Gobierno de Israel, el Ejecutivo de Benjamin Netanyahu aprobó hoy una ley que le permitirá blindarse en el poder. Tras un extenso y acalorado debate en la Knesset, la coalición aprobó por 61 votos a favor y 47 en contra la medida, que a la práctica imposibilitará inhabilitar del cargo “Bibi”, a expensas del dictamen judicial sobre las tres causas penales que afronta.

La legislación impedirá al Tribunal Supremo la posibilidad de inhabilitar temporalmente a un primer ministro. Para los opositores a la reforma gubernamental, se trata de una calculada estrategia del Likud ante los fundados temores de que la justicia dicte próximamente su inhabilitación del cargo por conflicto de intereses. De ahora en adelante, un primer ministro sólo podrá ser suspendido temporalmente si así lo deciden tres cuartas partes del Consejo de Ministros, y el motivo debe ser complicaciones físicas o mentales.

Mientras están en marcha los tres juicios por fraude, soborno y abuso de confianza del "premier", en que se le acusa de recibir regalos de lujo y de tramar coberturas favorables junto a propietarios de medios de comunicación, el Gobierno está pasando una legislación a toda velocidad que lastrará la separación de poderes del Estado judío. En un país carente de Constitución o segunda cámara, la oposición alega que Israel se está convirtiendo en una dictadura a marchas forzadas.

Otras medidas propuestas por el ministro Yariv Levin impedirán al Tribunal Supremo intervenir leyes aprobadas por el Gobierno, y darán al Ejecutivo plenas facultades para controlar el comité de selección de jueces del ente jurídico. Para el Likud y sus aliados de extrema derecha y ultraortodoxos, llegó el fin del “activismo judicial”: denuncian que los jueces pertenecen a una élite cerrada izquierdista que lleva décadas definiendo el destino de la nación. “Votamos repetidamente en las urnas, y al final gente a la que no elegimos decide por nosotros”, exclamó Levin recientemente. Los religiosos conciben a la judicatura como un muro legal contra su voluntad de imponer mayor preceptos de la tradición judía en la vida civil, así como la expansión de asentamientos en Cisjordania.

Para el líder opositor Yair Lapid, la coalición pasó la ley “cómo ladrones durante la noche. Mientras el coste de la vida en el país sigue subiendo, Netanyahu solo se preocupa por si mismo”. La laborista Merav Michali lo catalogó como “una ley despreciable cuyo único propósito es evitar que Bibi termine en prisión. Esta es nuestra segunda guerra de independencia, y la debemos ganar”. Otras facciones opositoras avanzaron que exigirán al Tribunal Supremo que revierta la medida, pero la incógnita es si la justicia aún mantendrá autoridades para impugnar la ley.

El blindaje de “Bibi” llegó pocas horas antes de una nueva jornada de “disrupción nacional”, en que decenas de miles de israelíes salieron por doceava semana consecutiva a bloquear carreteras, puentes o instituciones por todo el país. En Tel Aviv y Haifa, la policía dispersó con cañones de agua a los concentrados. Las fuerzas del orden se encuentran en una encrucijada. El ministro de Seguridad Nacional, el ultra Itamar Ben Gvir, exige más mano dura para dispersar a los manifestantes “anarquistas”, pero jefes del cuerpo alegan que crece la confusión ante la dificultad de aplicar sobre el terreno las exigencias del ministro.

Mientras las afectaciones económicas por la pérdida de credibilidad de las instituciones ya se hacen sentir en Israel -caída del valor del shekel y retirada de inversiones extranjeras-, las alertas sobre el daño que supondrá la “reforma judicial” no llegan solamente de economistas, académicos o ex altos oficiales del aparato de seguridad. En un informe elaborado por el departamento de cuentas del ministerio de finanzas, los funcionarios alertaron que el estado podría perder hasta 25.400 millones de euros anuales del PIB durante la próxima década. Además, las agencias de rating Moody’s y Fitch ya alertaron sobre las consecuencias de los cambios sobre el perfil de crédito de Israel.

A pesar de que el presidente Isaac Herzog imploró frenar la legislación para llegar a acuerdos con la oposición y rebajar las llamas, la nula voluntad de “Bibi” de frenar la maquinaria ya está provocando las primeras fisuras en el Gobierno. Influenciado por los continuos llamamientos de militares a la insumisión por rechazar “servir en el ejército de una dictadura”, el ministro de defensa, Yoav Gallant, pidió anoche en una comparecencia televisiva detener de inmediato la “reforma judicial”.