Pekín intensifica su cacería global contra la disidencia hongkonesa

Pekín sigue firme en su estrategia para contener la disidencia. La policía de Hong Kong ha señalado a 19 activistas exiliados, acusándolos de organizar actividades supuestamente subversivas desde el extranjero. Con incentivos de hasta un millón de dólares hongkoneses (unos 108.000 euros) por información que conduzca a su detención, las autoridades chinas buscan limitar cualquier desafío a su control, incluso fuera de sus fronteras. Este nuevo episodio, respaldado por la polémica Ley de Seguridad Nacional de 2020, ha generado críticas por comprometer las libertades prometidas a la antigua colonia británica, desatando una nueva oleada de reacciones en la comunidad internacional.

En el punto de mira está el autodenominado "Parlamento de Hong Kong", una organización con sede en Canadá que aboga por la autodeterminación y la creación de una constitución propia para la urbe. Según las autoridades, este grupo, liderado por figuras como Elmer Yuen, Johnny Fok, Tony Choi, Victor Ho y Keung Ka-wai, organizó unos comicios en el extranjero que reunió unos 15.700 votos a través de plataformas digitales.

Los candidatos, dispersos en territorios como Taiwán, Tailandia, Australia, Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, son ahora blanco de una persecución que no reconoce límites geográficos. Las recompensas, que varían entre 200.000 dólares hongkoneses (unos 22.000 euros) para 15 de los activistas y el millón para los cuatro líderes mencionados, marcan un precedente en la cruzada de Pekín contra la oposición.

La Ley de Seguridad Nacional: un yugo para la libertad

El 30 de junio de 2020, el Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo de China aprobó por unanimidad, en apenas 15 minutos, la Ley de Seguridad Nacional (NSL por sus siglas en inglés) para Hong Kong, firmada esa misma noche por Xi Jinping, líder del Partido Comunista Chino, y efectiva al día siguiente. Esta normativa, que castiga subversión, terrorismo, colusión con entidades extranjeras y secesión —incluyendo discursos que promuevan la independencia hongkonesa— con penas de hasta cadena perpetua, marcó un punto de inflexión en la ciudad.

Otorgó al Gobierno chino poderes extraordinarios, creando una oficina especial fuera de la jurisdicción hongkonesa para su aplicación. Las autoridades pueden vigilar, registrar y detener a sospechosos de estos delitos, que abarcan no solo actos, sino también expresiones, siguiendo el modelo legal de China continental.

Esta norma, que se aplica incluso a residentes permanentes que cometan "delitos" fuera del territorio, permite a las autoridades emitir órdenes de arresto contra figuras prominentes como los exlegisladores Nathan Law y Ted Hui, e incluso cancelar pasaportes bajo una nueva legislación introducida el pasado año. La policía ha instado a los activistas a "detener sus acciones" y regresar al territorio para entregarse, un llamamiento que resuena más como amenaza que como invitación.

Para los defensores de los derechos humanos, estas medidas violan flagrantemente la promesa de autonomía y libertades al estilo occidental garantizadas por 50 años tras la devolución de Hong Kong a China en 1997. La narrativa oficial, que defiende la norma como necesaria para la "estabilidad", choca con la realidad de una diáspora hongkonesa que, pese a estar dispersa por el mundo, sigue organizándose para mantener viva la resistencia.

Cacería transnacional que tensa las relaciones globales

La comunidad internacional, especialmente gobiernos occidentales, ha condenado estas acciones como un intento descarado de "represión transnacional". En marzo, Estados Unidos impuso sanciones a seis funcionarios chinos y hongkoneses por socavar la autonomía de la ciudad. Pekín respondió con sanciones contra funcionarios, legisladores y líderes de ONG estadounidenses, acusándolos de interferir en los asuntos de Hong Kong. Este intercambio de medidas punitivas refleja el creciente choque, con la excolonia como nucleo de una batalla por los valores democráticos.

En el Reino Unido, la controversia se intensifica ante un nuevo plan legislativo que permitiría la extradición de ciudadanos hongkoneses en un modelo "caso por caso". La propuesta, presentada el 17 de julio en la Cámara de los Comunes, busca enmendar la Ley de Extradición de 2003 para facilitar la cooperación en extradiciones de manera "ad hoc", según el ministro de Seguridad, Dan Jarvis.

Sin embargo, la iniciativa ha generado rechazo. Alicia Kearns, ministra en la sombra de Seguridad Nacional y Protección, calificó la medida de "moralmente indefendible" en una publicación en X, cuestionando los motivos del Gobierno para considerar razonable un acuerdo con Hong Kong, cuyo tratado de extradición con Londres fue suspendido en 2020 tras la imposición de la controvertida Ley de Seguridad Nacional.

Voces de alarma desde la diáspora y la comunidad internacional

La organización prodemocrática Hong Kong Watch ha condenado el plan británico, calificándolo de "imprudente" y alertando sobre el riesgo que supone para los activistas hongkoneses en el Reino Unido, muchos de los cuales enfrentan "represión transnacional" con recompensas por su captura. Casos como el de Anna Kwok, cuyo padre fue arrestado por motivos "políticamente motivados", o el magnate de los medios Jimmy Lai, detenido "arbitrariamente", alimentan las preocupaciones.

Jarvis, en respuesta, aclaró en X que el tratado de extradición con Hong Kong sigue suspendido y que las enmiendas buscan completar la ruptura de los lazos de extradición, reafirmando el compromiso del Gobierno británico con los derechos humanos y la protección de los hongkoneses en su territorio. Sin embargo, la desconfianza persiste, y las críticas internacionales no cesan.

Mientras la diáspora hongkonesa lucha por mantener viva la llama de la resistencia, las autoridades intensifican sus esfuerzos para sofocarla, utilizando herramientas legales y económicas que trascienden fronteras.

Reconocimiento facial en tiempo real

Entretanto, la policía hongkonesa última un ambicioso plan para integrar tecnología de reconocimiento facial en sus cámaras de vigilancia antes de que acabe este año, un paso que promete revolucionar la identificación de sospechosos y personas desaparecidas en tiempo real. Según Eric Leung, superintendente de la división de operaciones, el programa “SmartView” se expande con fuerza: ya hay 3.162 cámaras instaladas y se añadirán 6.000 más hasta 2027, colocadas en farolas, semáforos y nuevos postes.

Desde finales de julio, 60 patrullas estrenarán cámaras móviles que identificarán matrículas y vehículos, con el objetivo de equipar 200 coches antes de fin de año. Estos dispositivos, que difuminarán edificios para respetar la privacidad, serán claves en persecuciones, detección de vehículos sospechosos o gestión de desastres como tifones. Las grabaciones se guardarán 30 días, salvo en casos de investigación. La tecnología permitirá dos usos principales: buscar sospechosos en grabaciones y alertar si se detecta un rostro registrado. Aunque muchas ya tienen esta capacidad, las fuerzas del orden trabajan en actualizar su sistema backend, un proceso complejo.

Además, se negocia con entidades como la Autoridad de Vivienda y el transporte público para conectar sus monitores al sistema policial, agilizando investigaciones. Hasta junio, “SmartView” ha resuelto 351 casos, con 628 arrestos, incluyendo robos y homicidios. Este avance refuerza el control policial, pero despierta temores sobre la privacidad en una región ya bajo escrutinio.