Pekín se rearma con su primera ley antiterrorista

Las amenazas uigur y yihadista sirven de argumento al Gobierno para aprobar una polémica normativa que amplía la censura y obliga a las empresas tecnológicas a facilitar datos de sus usuarios

La Asamblea Nacional Popular de China aprobó ayer la primera ley antiterrorista en la historia del país, una nueva legislación que endurece el control sobre los medios de comunicación a la hora de informar sobre un acto terrorista y obliga a las empresas tecnológicas a facilitar información confidencial sobre sus usuarios. El texto, que no ha estado exento de polémica desde el inicio, ha recibido fuertes críticas por parte de los gobiernos de otras naciones y de organizaciones de derechos humanos. «Básicamente, esta ley dará a las autoridades más herramientas en la censura de la información no deseada y en la elaboración de su propia narrativa sobre cómo se está librando la guerra contra el terror», declaró William Nee, investigador de China de Amnistía Internacional.

Las autoridades chinas han aprobado esta norma escudándose en la creciente amenaza terrorista que se vive a nivel mundial y de la que sus ciudadanos también han sido víctimas directas. Es el caso de Fan Jinghui, que fue secuestrado y posteriormente asesinado por Estado Islámico en Siria en noviembre, mes en el que también otros tres directivos de una empresa de ferrocarriles fallecieron en un atentado yihadista en un hotel en Bamako (Mali).

No obstante, una razón de peso por la que el órgano legislativo chino ha acelerado la aprobación de esta norma se localiza al noroeste del país, en la región de Xinjiang, donde vive la minoría étnica musulmana uigur. En esta conflictiva provincia es donde se han producido multitud de violentos enfrentamientos que se han cobrado la vida de cientos de personas en los últimos años. Mientras que para el Ejecutivo chino los atentados perpetrados por esta minoría musulmana de origen turco están vinculados e instigados por otros grupos extremistas internacionales, organizaciones de uigures en el exilio defienden que la verdadera causa de esa violencia es la política represiva que Pekín ejerce sobre su religión y cultura, diferentes a la de la mayoría de etnia Han que habita el país.

A partir de ahora, la nueva legislación en la lucha contra el terrorismo, que anteriormente dependía de normativas como la Ley Criminal o la Ley de Respuesta de Emergencia, determinará cómo se debe informar sobre estos actos y, a excepción de los medios de comunicación con autorización expresa, nadie podrá «divulgar información sobre actos terroristas» o «dar detalles que puedan incitar a la imitación». Los datos sobre rehenes capturados o las Fuerzas de Seguridad implicadas en una operación no podrán ser compartidos en los medios no oficiales ni en las redes sociales por los ciudadanos. Unas medidas criticadas por las organizaciones pro derechos humanos por favorecer la censura informativa, ya de por sí existente en el país, e ir contra aquellos que cuestionen las políticas de Pekín en materia antiterrorista. Éste ha sido el caso de la reportera francesa Ursula Gauthier, a quien el gigante asiático no le va a renovar el visado de periodista tras publicar un artículo a raíz de los atentados de París sobre el terrorismo en Xinjiang en el que apuntaba que la solidaridad de China con Francia no era «desinteresada».

Países como Estados Unidos también han mostrado su preocupación ante una ley que obliga a las empresas tecnológicas que operan en el país a facilitar información confidencial de sus usuarios o a instalar «puertas traseras» – mecanismos para evitar los sistemas de seguridad– en sus productos. Sin embargo, Li Shouwei, subdirector del Departamento de Legislación Penal del Parlamento, declaró que «China simplemente está haciendo lo que otras naciones ya hacen: pedir a las empresas tecnológicas ayuda para combatir el terror».

Compañías como Cisco, IBM o Apple podrían verse afectadas por la nueva ley, ya que estarían obligadas a entregar información a Pekín, quien podría «espiar y realizar un seguimiento de todos los usuarios de estos servicios», según apuntó el presidente Obama.

La normativa también permite que el Ejército Popular chino se involucre en operaciones de lucha antiterrorisma en el extranjero, aunque los expertos han señalado que en ese supuesto caso China se enfrentaría a grandes problemas prácticos y diplomáticos.