Perú ofrece 30.000 euros a quien ayude a capturar al ex presidente Toledo

En busca y captura. De político, analista y consultor reconocido gracias a su pasado como ex presidente, a forajido en tan sólo cuestión horas. Alejandro Toledo es el primer líder latino en caer tras confirmarse su participación en la trama de la constructora brasileña Obedrecht. Pero el hilo es infinito si se sigue tirando. Perú es tan sólo la punta del iceberg de ese «monstruo de ladrillo» brasileño que durante la última década «devoró» conciencias de la izquierda y la derecha de todo el continente.

Ahora, Perú ofrece una recompensa de 100.000 soles (unos 30.000 euros) a quien brinde información sobre el paradero de Toledo, sobre el que ya pesa una orden de captura, acusado de recibir 19 millones de euros de sobornos de la constructora a cambio de obras. «Hay una recompensa de 100.000 soles que se pagará en cualquier país del mundo», aseguró el ministro del Interior, Carlos Basombrío, quien instó a Interpol a actuar con la mayor celeridad posible.

Lo último que se sabe es que el ex gobernante se encontraba en Francia hace unos días, pero ahora su paradero es desconocido, aunque hay fuentes que apuntan a que se encontraría en Israel.

El pasado sábado, el diario «La República» reveló que el ex mandatario recibió 19 millones de euros de Odebrecht por presuntos sobornos para la construcción de la carretera Interoceánica. Los investigadores descubrieron esta trama gracias al testimonio de «un colaborador eficaz» y al cruce de datos bancarios de Panamá, Costa Rica y el Departamento de Justicia de EE UU. El diario explicó que «el dinero fue enviado a compañías offshore manejadas por un amigo de Toledo, Joseff Maiman Rapaport». Fue el empresario quien creó la empresa Ecoteva con la suegra del ex jefe de Estado en Costa Rica y con cuyos fondos pagó las hipotecas de sus casas y adquirió bienes para él por casi cuatro millones de dólares.

Odebrecht pagó en Perú 27 millones de euros en sobornos a funcionarios entre 2005 y 2014, años que comprenden los gobiernos de Toledo, García y Ollanta Humala (2011–2016), según se desprende de un acuerdo firmado por la compañía con el Departamento de Justicia de EE UU. Según este informe, además de Perú, Odebrecht pagó sobornos en otros once países para conseguir contratos a partir de 2001, por un total de al menos, 740 millones de euros.