El Plan Ruanda abre una crisis entre Londres y Dublín

El controvertido Plan Ruanda abre una crisis diplomática entre Londres y Dublín con la inmigración como protagonista. Después de que el Gobierno británico haya aprobado una normativa –de dudosa legalidad– para mandar hasta el país africano a los solicitantes de asilo llegados a Reino Unido por rutas irregulares, estos están cruzando ahora a la República de Irlanda a fin de evitar ser deportados. El primer ministro irlandés, Simon Harris, que acaba de ser nombrado y necesita demostrar su valía ante una cuestión que preocupa al electorado, está dispuesto a mandar de vuelta a Londres a los sin papeles, reiterando que no tiene intención de permitir que el Tigre Celta «proporcione una fisura legal para los desafíos migratorios de otros».

Pero su homólogo británico, Rishi Sunak, ha dejado claro que «corresponde al Gobierno de Reino Unido decidir a quién aceptamos y a quién no en el país». La controversia ha coincidido con la campaña de las elecciones locales en Inglaterra y el inquilino de Downing Street quiere dar un giro al varapalo electoral asegurando que su polémico plan ya está teniendo el «efecto disuasorio» que buscaban. Fue la propia ministra de Justicia irlandesa, Helen McEntee, la que explicó en el Parlamento de Dublín que el 80% de los solicitantes de asilo más recientes habían llegado a la República desde la provincia británica de Irlanda del Norte. Recalcó que, en lo que va de año, «una mayoría significativa de personas» que buscaban asilo en Irlanda lo habían solicitado en una oficina de protección internacional y no en un puerto o aeropuerto, lo que sugiere que las personas venían de Reino Unido a través de la frontera terrestre.

Tras la salida de los británicos del bloque, la frontera entre la República de Irlanda y la provincia británica de Irlanda del Norte es la única división terrestre –junto con la de Gibraltar– que queda ahora entre Reino Unido y la UE. Y para hacer cumplir el Acuerdo de Viernes Santo de 1998 –con el que se selló la paz entre católicos y protestantes en el Ulster– esa frontera, pese al Brexit, no puede tener controles físicos de personas. Pero el Ejecutivo irlandés se enfrenta ahora a un problema al querer mandar a los refugiados de vuelta a suelo británico, ya que el pasado mes de marzo, el Tribunal Superior de Dublín dictaminó que el Reino Unido ya no podía considerarse «como tercer país seguro» para los solicitantes de asilo a la luz de la controvertida política para mandarlos a Ruanda.

En un intento por cerrar lo que denominó «vacío legal», el Ejecutivo de Dublín tramita ahora una nueva ley de emergencia. El Gobierno irlandés asegura que tenía un acuerdo posterior al Brexit con el Gobierno británico para devolver a los solicitantes de asilo que habían viajado a la República de Irlanda desde Reino Unido. Sin embargo, especifica que debido a la pandemia de Covid y a la reciente sentencia del Tribunal Superior, el acuerdo de retorno «no ha sido efectivo». Por su parte, un portavoz de Downing Street admitió que existen «acuerdos operativos» entre ambos países, pero recalcó que «no existe una obligación legal de aceptar el regreso de los solicitantes de asilo». «No vamos a aceptar retornos de la UE a través de Irlanda cuando la UE no acepta retornos a Francia, de donde provienen los inmigrantes ilegales», dijo el propio Sunak a ITV. «Por supuesto que no vamos a hacer eso», añadió enérgicamente.

La líder de la oposición irlandesa Mary Lou McDonald, del Sinn Féin, acusó al Gobierno de Dublín de mostrar un nivel de incompetencia «fuera de serie», asegurando que estaban haciendo «un regalo» al Partido Conservador británico, «un partido desesperado por una disputa con Europa, con Irlanda, con cualquiera sobre el tema de la migración». Tras años de batallas legales, la semana pasada Westminster aprobó finalmente una ley por la cual, cualquier persona que «ingrese ilegalmente en Reino Unido» después del 1 de enero de 2022 será enviada hasta Ruanda para que allí se procesen sus solicitudes. Si tienen éxito, se les podría conceder el estatus de refugiados y se les permitiría quedarse en el país africano. De lo contrario, podrían solicitar establecerse en Ruanda por otros motivos o buscar asilo en otro «tercer país seguro».

Lo que no podrán es solicitar su regreso a Reino Unido. El Ejecutivo argumenta que el plan disuadirá a la gente a cruzar el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones. Aunque la oposición y ONGs lo consideran «inhumano» y los principales representantes de la Iglesia de Inglaterra dijeron que era una vergüenza.