Cárcel a quien vincule Polonia con el nazismo

Varsovia desafía a Israel y a EE UU con una ley que pretende eludir toda responsabilidad como país en el exterminio judío y castiga con prisión la expresión «campos de concentración polacos».

Cumplidos los 73 años de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz; el partido ultranacionalista Ley y Justicia (PiS) ha levantado una auténtica polvareda internacional al sacar adelante, con 57 votos a favor, 23 en contra y dos abstenciones, una polémica ley que tiene como objetivo la «defensa de la reputación de la República y la nación polaca». El Gobierno busca con este paso desvincularse de los crímenes nazis cometidos durante el III Reich en el país.

La ley está pendiente aún de la aprobación del presidente Andrzej Duda, que ha declarado su intención de seguir adelante y «defender la verdad». Contempla penas de prisión de tres años a cualquier persona que se refiera a Auschwitz o Treblinka como «campos de exterminio polacos». En su lugar, defienden el uso de «campos de exterminio construidos por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial en territorio de la Polonia ocupada». El texto aprobado asegura que «acusar a la nación polaca o al Estado polaco de complicidad con el III Reich alemán en los crímenes del nazismo es inexacto, engañoso y doloroso para las víctimas que son ciudadanas polacas».

La ley del Senado excluye las obras artísticas y de investigación y pone el foco en artículos periodísticos, que estarán bajo la lupa del Gobierno. «Ésta es una ley propia del PiS, lo que buscan es restaurar el orgullo nacional», afirma a LA RAZÓN Anna Szymanska-Klich, presidenta del Instituto de Estudios Estratégicos con sede en Cracovia. Polonia ha pasado por un debate público en los últimos años sobre la responsabilidad de sus ciudadanos en el Holocausto y la reconciliación nacional. «La idea utópica de desvincularse de los crímenes cometidos en nuestro territorio, y los abusos cometidos por algunos de nuestros nacionales es darle la espalda a nuestra propia historia», aclara la investigadora.

Durante la ocupación alemana de Polonia en 1939, los nazis construyeron campos de exterminio en territorio polaco, incluidos Auschwitz y Treblinka. Las cifras oficiales hablan de tres millones de judíos polacos fallecidos en esos complejos de la muerte. «Buscan victimizar a los polacos y apelan al discurso de víctimas y verdugos más de 70 años después», señala Szymanska.

Todo apunta a que esta ley podría erosionar las relaciones diplomaticas entre Varsovia y Tel Aviv. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaraba hace tres días que ambos países estaban en conversaciones para resolver la polémica. Ahora, Israel acusa a Duda de apoyar la ley mientras prometía diálogo. El presidente polaco asegura que el país tiene derecho a «defender la verdadera historia», pero el Gobierno israelí, el Museo del Holocausto de Jerusalén y todo el arco político del Parlamento condenaron ayer la iniciativa y ya están considerando medidas contra ella. La ley tampoco ha gustado en EE UU. El Senado manifiestó en un comunicado su preocupación por el texto y ha pedido a Varsovia que no atente contra la libertad de expresión y el Departamento de Estado le ha reclamado que reconsidere la ley.

Todo esto ocurre en una Polonia gobernada públicamente por Duda, pero que muchos analistas apuntan directamente al célebre y carismático fundador del PiS, Jaroslaw Kaczynski, como gobernante en la sombra. A esta ley se une un repertorio de iniciativas y discursos públicos en contra el aborto, las bodas homosexuales, la legalización de las drogas y la eutanasia. En su lugar, su formación defiende férreamente la soberanía nacional, dejando en un segundo plano a la Unión Europea.

Después de varias polémicas reformas, el partido gobernante controla la justicia, los medios de comunicación públicos y los funcionarios. También ha modificado el código electoral para reforzar las capacidades del Ejecutivo en las elecciones. En un contexto inédito para Europa, que teme la deriva autoritaria de Varsovia, Bruselas ya amenazó a Polonia con multas y una posible suspensión del derecho a voto por violar el Estado de Derecho y politizar la Justicia. En 2017, dos años después de la advertencia, la Comisión activó, por primera vez en la historia de la UE, el procedimiento previsto en el artículo 7 del Tratado de Lisboa contra un Estado miembro sospechoso de cometer una «violación grave» de los valores europeos. Por el momento, Bulgaria, ahora en la presidencia rotatoria de la UE, congeló cualquier castigo a Polonia. «Nuestro país, con una clara historia proeuropeísta, se encuentra ahora con una Europa que es mera espectadora y que no se atreve a enfrentarse a un problema que puede llevar a Polonia acercarse a Rusia», sentencia Szymanska.