La primera ministra de Bangladés dimite y abandona el país tras las protestas

Una multitud de manifestantes asaltó el lunes por la tarde la residencia oficial de la primera ministra de Bangladés, Sheikh Hasina, lo que llevó a su dimisión e inmediata evacuación en un helicóptero militar hacia India, tras una brutal jornada de disturbios en la que murieron casi un centenar de personas. Este dramático desenlace se produjo en el contexto de intensas y sangrientas protestas que han sacudido el país, alimentadas por el descontento generalizado hacia un régimen que ha sido percibido como autoritario.

La aparatosa caída de Hasina, después de 15 años de dominio político, plantea interrogantes sobre el futuro de la gobernanza en el país y el papel del ejército en la búsqueda de una solución que restablezca la calma social. En un contexto de creciente agitación, la situación política se encuentra en un punto de inflexión, con consecuencias impredecibles tanto a nivel nacional como regional.

El ejército ha asumido el control de manera "interina", y justificó su intervención como una medida necesaria para restaurar la estabilidad frente a la creciente agitación social y descontento popular. El general Waker-Uz-Zaman, jefe del ejército, anunció poco antes de las 16.00 hora local del lunes que asumía el control para establecer un gobierno provisional y pidió a los manifestantes encabezados por los estudiantes que se marcharan a casa. Asimismo, aseguró que hablaría con el presidente para formar un gobierno provisional y que a su vez había mantenido conversaciones con los principales partidos de la oposición y miembros de la sociedad civil, pero no con la Liga Awami de Hasina.

Se trata de un oficial de infantería de carrera que ha pasado casi cuatro décadas en el cuerpo militar, sirviendo en dos misiones de mantenimiento de la paz de la ONU, así como en la oficina presidencial. "Si la situación mejora, no habrá necesidad de emergencia", afirmó, prometiendo que las nuevas autoridades "perseguirán todos los asesinatos" y señalando que “ la tarea de los estudiantes es mantener la calma y ayudar“.

El analista político independiente Nilanjan Mukhopadhyay, expresó a This Week que los recientes disturbios en Dhaka no auguran un futuro optimista para las relaciones bilaterales con India. "La intervención del ejército en el gobierno de cualquier nación es un signo preocupante para la salud de la democracia. La postura de Nueva Delhi, que ha optado por permanecer en silencio respecto al creciente autoritarismo de Hasina y su desdén por las aspiraciones democráticas del pueblo bangladesí, representa un dilema significativo", argumentó Mukhopadhyay.

Aunque las sangrientas revueltas se originaron ostensiblemente por el apoyo de la Liga Awami a las familias de veteranos, el descontento público subyacente abarca una gama de preocupaciones más amplias. Miles de disidentes han expresado un creciente malestar por el deterioro del entorno de las libertades políticas y civiles, así como por una economía debilitada. Además, hay una percepción de que el gobierno encabezado por Hasina, ha demostrado una alarmante incapacidad para abordar problemas críticos como la escasez de empleo y el inminente desafío del cambio climático en un país con características geográficas vulnerables, como su baja altitud y alta densidad de población. El distanciamiento de la mandataria de la realidad cotidiana de sus compatriotas parecía cada vez más evidente. Por otra parte, se rodeó de un círculo limitado de asesores y redujo sus apariciones públicas, mientras recurría a un aparato judicial alineado con sus intereses para silenciar a la oposición.

Las protestas que estallaron en julio en los campus universitarios en oposición a las cuotas de empleo impuestas por el gobierno, escalaron rápidamente, dejando un saldo trágico de más de 300 víctimas fatales en los disturbios que siguieron. En respuesta, el gobierno implementó medidas de represión severas, incluidos un apagón de Internet, despliegue militar y, según denuncias de organismos de derechos humanos, el uso de gases lacrimógenos y armamento letal contra manifestantes desarmados. Desde el inicio de las manifestaciones, miles de personas han sido detenidas. Sin embargo, estas acciones represivas han resultado ser contraproducentes, exacerbando la indignación popular y dando lugar a nuevas llamadas de protesta en el país. "La detención masiva y arbitraria de estudiantes es una caza de brujas por parte de las autoridades para silenciar a cualquiera que se atreva a desafiar al gobierno y una herramienta para perpetuar aún más el clima de miedo", declaró la directora regional de Amnistía Internacional, Smriti Singh. Algunos creen que el gobierno, cada vez más autocrático bajo el mandato de Hasina, teme a los grupos estudiantiles ya que han estado al frente de múltiples movimientos políticos en la historia del país.

Las tensiones se intensificaron contra un controvertido sistema de cuotas que obligaba a destinar el 30% de todos los empleos públicos a las familias de quienes lucharon por la independencia del país de Pakistán en 1971.Con el paso de los años, estos beneficios se ampliaron para incluir a los hijos y nietos de los luchadores por la liberación, así como a las minorías étnicas y discapacitados, hasta alcanzar el 56 por ciento de todos los empleos públicos. Muchos argumentaron que el sistema de cuotas beneficiaba directamente a Hasina y a su partido, que desempeñó un papel fundamental en la consecución de la autonomía del país y lleva en el poder desde 2009. Los jóvenes bangladeshíes afirmaron que este sistema fomenta la corrupción y hacía casi imposible que otros accedieran a cargos gubernamentales. Según los observadores, el cupo se utilizó para recompensar a los leales mediante empleos lucrativos.

El gobierno eliminó dichas cuotas en 2018 tras una serie de protestas estudiantiles. Sin embargo, en junio, una sentencia del Tribunal Supremo restableció la política después de que los familiares de los veteranos de 1971 presentaran peticiones, lo que provocó renovadas y numerosas movilizaciones El nuevo fallo supuso que menos de la mitad de los puestos de trabajo estuvieran abiertos a solicitantes por méritos, en medio de una grave crisis de desempleo.