Putin firma un decreto para deportar a todos aquellos ucranianos en zonas ocupadas que no adopten la ciudadanía rusa

El presidente ruso, Vladimir Putin, firmó el pasado jueves, 27 de abril, un decreto que codifica las condiciones para la futura deportación a gran escala a Rusia de los residentes de las áreas ocupadas de Ucrania. El decreto, denominado "Sobre las peculiaridades del estatus legal de ciertas categorías de ciudadanos extranjeros y apátridas en la Federación Rusa", define a aquellos que viven en los territorios ocupados por Rusia que han declarado su deseo de conservar su ciudadanía actual y se niegan a adoptar la rusa y aceptar el pasaporte de este país. Estas personas serán consideradas como “ciudadanos extranjeros y apátridas que residen actualmente en la Federación Rusa”.

El decreto se extiende a cuatro regiones ucranianas que Rusia reclama como propias y controla parcialmente: Donetsk, Luhansk, Kherson y Zaporizhzhia.

¿Qué dice el decreto?

El nuevo decreto establece las vías para que los ciudadanos ucranianos o los titulares de pasaportes expedidos por las repúblicas separatistas apoyadas por Rusia, y que vivan en las cuatro regiones, puedan iniciar el proceso para convertirse en ciudadanos rusos o legalizar su estatus ante las autoridades rusas.

Pero también dice que cualquiera que no tome esa medida antes del 1° de julio de 2024 será considerado ciudadano extranjero, algo que le hará correr el riesgo de ser deportado de un territorio que Rusia considera suyo. Por otro lado, el decreto permite a las autoridades deportar a personas de las cuatro regiones si se considera que suponen una amenaza para la seguridad nacional de Rusia o participan en lo que el decreto denomina protestas no autorizadas.

Este decreto codifica métodos coercitivos para alentar a los residentes de las áreas ocupadas a recibir pasaportes rusos. Las autoridades rusas también continúan con otros esfuerzos para deportar a los ucranianos, en particular a los niños, a Rusia bajo varios esquemas. Estas acciones pueden constituir una violación de la Convención de Ginebra para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, así como una posible campaña deliberada de limpieza étnica.