Putin perdona a las Pussy Riot para acallar a Occidente

MOSCÚ- El Parlamento ruso aprobó ayer por una amplísima mayoría una amnistía en el marco del vigésimo aniversario de la Constitución del país. Por la misma quedarán en libertad más de 25.000 presos y encausados, los más simbólicos, las dos integrantes de Pussy Riot que permanecían en prisión, así como los 30 activistas de Greenpeace detenidos en el Ártico el pasado septiembre. Aunque ligeramente ampliada en su contenido ayer por la Duma, la medida partió hace una semana del propio presidente Putin y parece encaminada a apaciguar los ánimos de Occidente de cara a los inminentes Juegos Olímpicos de invierno que la ciudad rusa de Sochi acogerá en febrero. En realidad, y si atendemos a los dos casos más mediáticos, la amnistía es más simbólica que práctica, dado que las Pussy Riot estaban ya a punto de finalizar su condena y los activistas de Greenpeace habían conseguido hace algunas semanas la libertad provisional bajo fianza por cauces judiciales.

Una vez tramitada ayer en la Duma, la amnistía entrará en vigor cuando se publique oficialmente, previsiblemente durante esta semana, y las autoridades dispondrán entonces de seis meses para su aplicación. Según el texto, el perdón beneficia a los condenados o encausados por delitos considerados leves y que cumplen penas de cárcel inferiores a cinco años. La amnistía pone especial énfasis en «los sectores más desprotegidos de la sociedad», tales como madres con hijos menores, jubilados, mujeres embarazadas, discapacitados y menores de edad. La medida repercutirá igualmente en los llamados «defensores de la patria», es decir, policías y militares. Las integrantes de las Pussy Riot, Nadezhda Tolokonnikova y Maria Aliojina, en prisión desde agosto de 2012, fueron condenadas por un delito de «gamberrismo motivado por odio religioso». Otro miembro del grupo, Yekaterina Samutsevich, quedó en su día en libertad con cargos, mientras que otras dos escaparon de la Justicia huyendo al extranjero. El 21 de febrero de 2012, las Pussy Riot irrumpieron encapuchadas en la céntrica catedral moscovita de Cristo Salvador durante un oficio religioso y dieron un «concierto punk», en el que cantaron proclamas contra el presidente y la cúpula eclesiástica. Su proceso judicial, salpicado de supuestas irregularidades, y la desproporcionada condena impuesta levantaron gran revuelo internacional, tomándose como ejemplo de la falta de libertad de expresión en la Rusia de Putin. Las condiciones especialmente duras en las que han cumplido su condena apuntan en la misma dirección.

En octubre de 2012 fueron trasladadas a campos de trabajo en puntos remotos del país, lejos de Moscú, donde viven sus familias. Allí conocieron la crudeza del sistema carcelario ruso, cosiendo uniformes, formando en el patio a temperaturas bajo cero y sufriendo unas condiciones higiénicas deplorables. Nadezhda Tolokonnikov inició varias huelgas de hambre como método de protesta, mientras que Maria Aliojina tuvo que ser confinada en solitario para evitar agresiones de otras presas. En el caso de ambas la liberación gracias a la amnistía ayer aprobada es poco más que simbólica, pues ya habían cumplido la mayoría de la condena, que finalizaba en marzo de 2014.

La propuesta inicial de amnistía presentada por Putin la semana pasada no incluía los delitos por los que supuestamente se acusaba a los activistas de Greenpeace, 30 tripulantes del rompehielos «Artic Sunrise», detenidos a mediados de septiembre mientras protestaban por la exploración rusa en el Ártico. Sin embargo, los diputados de la Duma ampliaron a última hora el proyecto presidencial, incluyendo a los condenados y acusados por participar en desórdenes públicos. De esta forma, esos 30 tripulantes del «Artic Sunrise» se benefician de la amnistía, aunque en su caso, tras permanecer alrededor de dos meses de prisión, se encontraban todos en libertad (provisional y con cargos) desde finales de noviembre, no obstante, sin poder salir de Rusia, a instancias del tribunal de San Petersburgo que juzgaba el caso. La responsable de Greenpeace España, María José Caballero, expresó ayer el «gran alivio» de la organización al conocer la amnistía que pone fin a «una pesadilla». La enmienda final de la Duma fue aprobada con 442 votos de los 450 posibles.