Radiografía del caso Georgia: la supuesta empresa criminal de Trump para alterar los resultados de 2020

La cárcel del condado de Fulton, en el estado de Georgia, estaba en la mira de las autoridades desde antes de Donald Trump. Sus elevados índices de violencia la ubican entre las más peligrosas del país. Los oficiales que trabajan allí dicen sentir miedo de algunos de los presos. Sin embargo, el penal ha alcanzado fama internacional apenas este 24 de agosto, cuando en el recinto se tomó la primera instantánea judicial a un expresidente de Estados Unidos. La fotografía policial de Donald Trump que dio la vuelta al mundo es histórica y acuñe a uno de los episodios más oscuros para el país. El recuerdo de que la democracia es frágil y puede intentar ser vulnerada. También, por supuesto, es un recuerdo de que la justicia hace su trabajo.

Trump duró 20 minutos en la diligencia, durante la cual también se le tomaron las huellas dactilares. Quedó libre tras pagar una fianza antes negociada por valor de 200.000 dólares. Se libra así de ser arrestado por los cargos relacionados con su intento de anular las elecciones de 2020 en ese estado, las cuales perdió por poco más de 11.000 votos contra Joe Biden. Se trata del caso criminal más grande de los cuatro expedientes penales que enfrenta.

En esta oportunidad, una de las varias cosas únicas sobre la acusación de Georgia contra Trump es el número de acusados que se nombran en ella. Mientras que el caso del 6 de enero del Gobierno de Estados Unidos contra Trump se enfoca en gran medida en el expresidente, en este la fiscal del condado de Fulton, Fani Willis, está persiguiendo un caso no solo contra el exmandatario, sino también contra otros 18 acusados que eran abogados, personal y funcionarios locales que presuntamente trabajaban con el expresidente.

El Ministerio Público lo hizo de esta forma porque argumenta que la campaña de Trump estaba en el centro de una empresa criminal y que muchos de los individuos nombrados en el caso ayudaron a asistir ese intento de fraude. Legalmente, establecer que Trump y sus aliados eran parte de una empresa, una persona, grupo o negocio involucrado en comportamientos legales o ilegales, es clave para la afirmación de Willis de que los acusados violaron la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen (RICO) de Georgia. Bajo esta ley se investiga, por ejemplo, a los capos de las mafias en este país.

Para lograrlo, los fiscales deberán convencer a un jurado de que todos los acusados son culpables de extorsión y usar coerción, manipulación e intimidación, según haya sido necesario, para avanzar en sus objetivos. En este grupo se incluyen caras conocidas y prominentes, como el exabogado de Trump, Rudy Giuliani, y el exjefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, así como individuos menos conocidos, como los electores falsos David Shafer y Shawn Still.

A Rudy Giuliani, también exalcalde de Nueva York, se le acusa de presionar a las legislaturas de varios estados, incluido Georgia, para nombrar electores que otorgarían la victoria en las elecciones a Trump, a pesar de que múltiples recuentos habían confirmado su derrota.

Luego tenemos al exabogado de Trump, John Eastman, acusado de coordinar un grupo alternativo de electores en varios estados y de presentar documentos falsos que alegan infundadas afirmaciones de fraude electoral en Georgia, incluida la afirmación de que miles de delincuentes y personas menores de edad votaron ilegalmente.

Otra sindicada es Sidney Powell, también abogada y señalada de contratar a una empresa de datos forenses para obtener información de las máquinas de votación Dominion en todo el país, incluido en el condado de Coffee, Georgia. También se alega que Powell manipuló marcadores de boletas electrónicas y máquinas en ese condado.

En esta misma línea entra Kenneth Chesebro, acusado de conspirar para presentar documentos falsos sobre los electores de Georgia en la corte, y en los cuales había afirmaciones falsas. Supuestamente, sus memorandos ayudaron a impulsar el plan para asegurar un grupo de electores alternativos en cada estado que pudiera ser enviado al Congreso para causar confusión y desconfianza.

Luego tenemos a Jenna Ellis, quien habría escrito memorandos argumentando legalmente que un vicepresidente puede intervenir durante la sesión del Congreso destinada a certificar el voto electoral y puede detener esa votación. Estos memorandos supuestamente ayudaron a formar la base de la campaña de presión que Trump públicamente libró para intentar que su vicepresidente, Mike Pence, ayudara a anular las elecciones.

Y entre los últimos de alto perfil figura Mark Meadows. El exjefe de gabinete de Trump es presentado por las autoridades como un facilitador, supuestamente ayudando a coordinar las comunicaciones entre Trump y los funcionarios electorales de Georgia, arreglando estrategias legales y difundiendo teorías falsas sobre el fraude electoral.

En el caso y acusados de delitos similares también son señalados Ray Smith, Jeffrey Clark, Michael Roman, Misty Hampton y Robert Cheeley, todos abogados; así como el pastor Stephen Lee, y simples simpatizantes de Trump como Scott Hall, Harrison Floyd, o la expublicista de Kanye West, Trevian Kutti. La lista la cierran David Shafer, Shawn Still, Cathy Latham.