«La reacción de los israelíes determinará si el Gobierno avanza hasta completar la reforma judicial»

El Gobierno de Benjamín Netanyahu sacó adelante el lunes en la Knesset la primera cláusula de una polémica reforma judicial que ha sacado a las calles a cientos de miles de israelíes que consideran que la ley amenaza con socavar la independencia de los jueces. La sociedad civil, los principales sindicatos del país, los sanitarios y miles de militares en la reserva protestan contra un paquete legislativo que, denuncian, puede desmontar la democracia israelí.

¿Qué cambia exactamente la cláusula de «razonabilidad», en qué consiste?

La ley de razonabilidad es una enmienda a una ley básica que impide a los tribunales israelíes revisar la razonabilidad de las decisiones tomadas por los ministros del Gobierno o por el Gobierno en su conjunto. Según el derecho administrativo israelí, tanto los funcionarios elegidos como los no elegidos deben ejercer su autoridad legal de forma razonable y los tribunales –especialmente el Tribunal Supremo– pueden anular las decisiones que consideren manifiestamente irrazonables. La ley prohíbe ahora a los tribunales aplicar esa facultad a los funcionarios electos. En consecuencia, estos pueden actuar de manera irrazonable, por ejemplo, nombrar para cargos públicos a candidatos que carecen de cualificación o intentar destituir a funcionarios que no les gustan.

¿Es el primer paso para desmantelar la arquitectura judicial, como han dicho el ministro de Justicia, Yariv Levin, y el ministro de Seguridad Pública, Itamar Ben-Gvir?

Muchos en Israel temen que este sea el primer paso para debilitar aún más el sistema israelí de controles y equilibrios. El ministro Levin ha anunciado públicamente sus intenciones de politizar los nombramientos judiciales y los servicios jurídicos gubernamentales, y Ben Gvir ha sido su aliado en este proyecto. La reacción pública en Israel a la nueva ley puede determinar si intentarán avanzar más en esta dirección y a qué velocidad e intensidad.

¿Puede el Tribunal Supremo anular la aprobación de la ley?

El Tribunal Supremo se ha reservado la facultad de anular leyes básicas, que son instrumentos constitucionales, si su promulgación supuso un abuso del proceso constitucional o si son contrarias al carácter fundamental de Israel como país judío y democrático. Hasta la fecha, el Tribunal nunca lo ha hecho, y la mayoría de los observadores no esperan que lo haga ahora. Sin embargo, puede declarar que utilizará otras doctrinas del derecho administrativo de forma más amplia para compensar su incapacidad para seguir basándose en la razonabilidad.

El mayor sindicato de Israel está considerando convocar una huelga nacional, más de 10.000 reservistas del Ejército amenazan con dimitir y cientos de miles de manifestantes llevan semanas en las calles y han bloqueado la entrada a la Knesset. ¿En qué podría acabar todo esto?

Muchos sectores de la sociedad civil israelí se oponen masivamente a la ley, lo que generaría inestabilidad política, económica y de seguridad. Es probable que Israel entre en un largo periodo de incertidumbre. Pero, a menos que algunos miembros de la coalición deserten –lo que actualmente no parece probable–, no hay un camino claro para que la oposición derroque al Gobierno antes de las próximas elecciones, dentro de tres años y medio.