Rehenes, miedo y emigración: las heridas abiertas de Israel

El estupor social causado por el ataque de Hamás a las comunidades fronterizas israelíes el 7 de octubre de 2023, con más de 1.200 asesinados, 251 secuestrados, pueblos enteros destruidos, confusión informativa y falta de comprensión general —principalmente de las instituciones del Estado— se transmutó de inmediato en solidaridad y unidad entre los civiles. Hasta el día de hoy, decenas de informes oficiales y miles de artículos y reportajes exploran el porqué de la lentitud o ausencia del ejército en los momentos del ataque. Sin embargo, el Gobierno aún se opone a una comisión estatal de investigación.

Tras el ataque, las calles del país se llenaron de carteles llamando a la unidad. Las fotos de los secuestrados empezaron a ocupar un espacio preponderante en el ámbito público: poco a poco, las paradas de autobús, paredes en estaciones de tren y bancos de las calles se llenaron de pegatinas con imágenes e inscripciones de los muertos de aquel día, especialmente de los fallecidos de las fuerzas armadas.

La sociedad civil tomó el lugar de las instituciones en la ayuda rápida a los afectados. Se abrieron hangares que recogían ropa, juguetes y comida para los supervivientes y desplazados (unas 250.000 personas, tanto de la frontera sur como del norte, afectada por la guerra con la milicia Hezbolá, fueron desalojadas). Voluntarios se movilizaron para recoger cosechas, plantar, cuidar de los animales que habían quedado desatendidos. Las organizaciones civiles trabajaron para encontrar alojamiento a los desalojados, maestros para los niños y equipo militar para los soldados que, para sorpresa de muchos, no estaba al día.

Ese llamativo frente unido lo era porque venía después de más de un año de profundas fracturas sociales frente a las reformas judiciales propuestas por el gobierno de Benjamin Netanyahu, que buscaban —y aún buscan— restar prerrogativas al poder judicial frente al ejecutivo. Manifestaciones multitudinarias semanales y representantes de sectores como el de la medicina o la Fuerza Aérea señalaban que se había roto el contrato social entre el Estado y sus ciudadanos y que actuarían en consecuencia.

Los servicios de rescate, forenses y arqueólogos seguían tratando de dar nombre a los muertos encontrados en condiciones de imposible reconocimiento.

En noviembre de 2023 hubo un acuerdo entre Israel y Hamás: durante dos semanas de alto el fuego se intercambiaron más de cien rehenes por cientos de presos palestinos. Después de eso, la guerra en Gaza solo se intensificó y se estancó en su violencia. Muchos intentos de alcanzar un alto el fuego resultaron fallidos.

Sin embargo, se llegó a un entendimiento a través de los mediadores Estados Unidos, Egipto y Catar, y del 19 de enero al 1 de marzo rigió un alto el fuego. Durante esas seis semanas, los grupos palestinos liberaron a 30 rehenes vivos y entregaron los cuerpos de ocho fallecidos. A su vez, Israel puso en libertad a unos 1.700 presos palestinos y retiró tropas de Gaza.

Las liberaciones fueron un espectáculo macabro presentado por Hamás: actos institucionalizados con firmas por parte de la Cruz Roja y Hamás y entrega de certificados, todo emitido en directo durante semanas.

Al expirar oficialmente la tregua, las hostilidades no se reanudaron de inmediato por los esfuerzos de los mediadores. Sin embargo, Israel dejó de suministrar electricidad a la planta desalinizadora en Gaza y cerró el acceso a la entrada de camiones de ayuda humanitaria al enclave.

La muerte, la violencia y el hambre en Gaza no llegan a Israel como sí lo hacen al resto del mundo, con facilidad y sin buscarlo. Los medios de comunicación generalistas israelíes han cerrado filas en torno al patriotismo bélico, con muy contadas excepciones que sí informan.

Hamás afirma que hay más de 66.000 muertos gazatíes desde 2023. Sus recuentos no distinguen civiles de combatientes, pero observadores del interior y exterior de Gaza señalan que la mayoría de las víctimas son civiles. Las autoridades israelíes tampoco discuten realmente la cifra, aunque ofrecen la suya: 22.000 miembros de Hamás eliminados.

Los rehenes han cumplido dos cumpleaños en cautiverio bajo tortura y malnutrición. Los soldados israelíes —los regulares de 18 a 20 años y los reservistas— cumplen órdenes que no toda la sociedad secunda ya en este segundo aniversario de la guerra. Los primeros solo conocen la guerra recién salidos del instituto, con el bagaje educacional y moral con el que estén equipados; los segundos han dejado familias, negocios, estudios, y la situación psicológica con la que regresan a casa después de haber actuado, visto y sobrevivido es otro asunto ampliamente no tratado en el discurso público.

La sociedad israelí es visiblemente militarista; siempre lo fue, pero desde el ataque de 2023 es normal que muchas personas no uniformadas vayan armadas en la calle: los reservistas de civil pero con su arma larga y los civiles con licencia, que son muchos cientos de miles gracias al ministro de Seguridad Pública, Itamar Ben Gvir, con la pistola al cinto.

Los niños en las escuelas a partir de los 16 años son preparados para unirse a las filas del ejército. Uno de los conceptos recurrentes que se oye de padres que hablan de sus hijos, y de los propios adolescentes, es que quieren prestar un servicio «significativo», lo que significa cosas diferentes según quien lo enuncie, pero de eso hablan niños y profesores en el instituto.

En algunas aplicaciones de citas se incluyen preguntas para la creación de perfil con el fin de conseguir parejas más adecuadas, como «¿te atrae que sea combatiente?», un detalle que sorprende a algunos extranjeros.

Cientos de miles de jóvenes sirven en la guerra en diferentes capacidades. Con mucha frecuencia, los telediarios abren con la frase «se permite la publicación de», preludio a la información de soldados muertos. Desde el ataque de Hamás han muerto 913 soldados, incluyendo los asesinados el mismo 7 de octubre. Desde que comenzó la operación militar israelí han fallecido 466 (actualizado el 30 de septiembre).

La unidad social fue diluyéndose y dejando paso a las fisuras antiguas, ahora con otros elementos añadidos, fuertemente representados en la situación de los secuestrados.

Las familias de los rehenes, reunidas en su mayoría en el Foro de Secuestrados y Familias Desaparecidas, exigen un acuerdo para traerlos a casa, incluso a costa de poner fin a la guerra contra Hamás. Otra porción de la población, representada por el minoritario Forum Tikva —también con cautivos en Gaza— exige la «victoria absoluta», incluso a costa de la vida de sus seres queridos y sin liberar a ningún palestino acusado de terrorismo a cambio de sus allegados.

Luego hay un gran número de personas que ni para acá ni para allá, que siguen con sus vidas, que no se manifiestan, aunque tienden más a desear que acabe la guerra.

La polarización en Israel —no tan diferente de la del exterior en su total ausencia de capacidad de compromiso, ya que de la posibilidad de ver al otro ni se habla— ha empujado a que quien apoya un acuerdo para liberar a los rehenes sea percibido como un manifestante antigubernamental o «izquierdista». Por lo tanto, los partidarios de la coalición no tienen problema en insultar y atacar a los familiares de los rehenes, tanto en redes sociales como en las calles.

Muchos de los comentarios contra las familias de los rehenes argumentan que la campaña por la liberación de sus allegados está alentando a Hamás a reforzar sus demandas a Israel. Los liberados han repetido que lo único que les daba ánimo para seguir viviendo mientras estaban cautivos era saber que en Israel había gente luchando por ellos.

Hay quien señala que la cadena de acontecimientos iniciada el 7 de octubre por Yahya Sinwar, líder de Hamás en Gaza, cambió la postura militar, diplomática y política de Israel de maneras que permitieron al primer ministro finalmente hacer lo que había prometido durante mucho tiempo: acabar con Hamás, liquidar a Hezbolá y establecer una fuerte disuasión frente a Irán.

Netanyahu había sido uno de los líderes israelíes más cautos desde el punto de vista militar. Hasta el 7 de octubre. Enfangado en juicios penales por soborno y con una reputación de líder carismático que se rodea de personas que no le contradicen, la crítica más prevalente a su manejo de la situación bélica es que la prolonga por motivos políticos y personales, para no perder el cargo y ser inculpado.

Sin embargo, el tejido social israelí en el que se apoya este mandatario y sus circunstancias es uno que cree necesaria la presencia militar israelí en Cisjordania y Gaza para mantener la seguridad del país. Esto significa que la ocupación de Cisjordania, considerada ilegal según el derecho internacional, es vista como una necesidad por una mayor proporción de la población que antes del 7 de octubre.

Algunas ideas que antes pertenecían a un sector político radical, principalmente a los kahanistas, seguidores del rabino Meir Kahane —acusado de múltiples actos de terrorismo contra palestinos— se han legitimado y convertido en tema de conversación, como la expulsión de los palestinos de Gaza.

Y, paradójicamente, parece que el temor israelí a las repercusiones diplomáticas ha disminuido, no porque haya menos, sino por su gran aumento: en muchos prevalece la sensación de «de perdidos al río». Sin embargo, no es desdeñable el número de israelíes que emigran. En 2024 se registró el mayor número, con 82.700 personas que abandonaron el país, un aumento del 50 % con respecto al año anterior. Esto siguió a un pico previo en 2023, cuando 55.300 israelíes emigraron, un aumento del 46 % con respecto a 2022.