Sarkozy resiste el envite judicial

A falta de esclarecer el fondo de las acusaciones que pesan sobre él, Nicolas Sarkozy, imputado desde el martes por «corrupción activa» y «tráfico de influencias» ha optado por agitar en su defensa la teoría del complot y la maquinación. Designando como responsables de ese «gabinete negro» que conjuraría contra él al poder socialista y a un sector de la justicia, supuestamente cercano al Gobierno.

Esta tendencia a la «berlusconización» no ha pasado desapercibida en la Prensa gala ni en la opinión pública que no parece especialmente sensible a la actitud victimista que el expresidente conservador mostró este miércoles en una entrevista en televisión. La prueba es que el 63% de los franceses, según un sondeo BVA publicado ayer, estiman que Sarkozy está siendo «tratado como cualquier otro justiciable» y rechazan que sea víctima de un «ensañamiento judicial». Si son mayoría (72%) los que reconocen en él a alguien «carismático», solo un 23% cree en su honestidad. Su ofensiva dejó vislumbrar una más que evidente voluntad de regresar a la arena política a la vuelta del verano, pero la idea de un retorno tampoco parece convencer al conjunto de sus compatriotas. Seis de cada diez (65%) se oponen a que vuelva a ser protagonista de la vida política francesa mientras que entre los electores que votaron por él en las últimas presidenciales, 68% siguen dándole su confianza. Los más fieles son los militantes y simpatizantes de la conservadora Unión por un Movimiento Popular (UMP) que siguen en un 72% apostando por él como único líder capaz de levantar a la derecha.

Rechazo al «berlusconismo»

El ataque a la institución judicial como línea de defensa no ha dejado de suscitar reacciones de estupefacción y condena. Duramente criticado por Sarkozy, el sindicato de la magistratura, afín a la izquierda, acusó al expresidente de «intentar arrojar el descrédito sobre los jueces». El político francés cuestiona la imparcialidad concretamente de una de las magistradas que le imputó, Claire Thépaut, antiguo miembro destacado de dicho sindicato. Ayer figuras de la derecha, cercanas a Sarkozy, como Henri Guaino, la pluma de sus discursos, o Nadine Morano, abogaron por poner fin al derecho de los magistrados. «El sindicalismo se ha convertido en uno de los mayores males de la magistratura», declaró Guaino.

Más inédita fue la réplica de la presidenta del Tribunal de Gran Instancia de París, Chantal Arens, que recalcó en un comunicado «la independencia jurisdiccional de los jueces como condición esencial para la democracia». Nicolas Sarkozy retomó ayer su agenda habitual recibiendo además de a su abogado, igualmente imputado, a algunos barones del partido conservador como Jean-Pierre Raffarin. Y aunque el conservador ha tratado de trasladar su triple imputación, que ha calificado de «grotesca», al plano político, no ha conseguido que el Gobierno de François Hollande entre a un peligroso juego de fuego cruzado en el que el conservador es experto. Ante las acusaciones de injerencia política, el portavoz gubernamental, Stéphane Le Foll, se limitó a desmentir «toda intervención» del Ejecutivo en la justicia, subrayando la consigna dada desde el Elíseo como única respuesta a todo ataque: la prevalencia de dos principios «independencia de la justicia y presunción de inocencia». Por su parte, el primer ministro, Manuel Valls, se negó a «responder a polémicas», después de que Sarkozy denunciara un día antes la «instrumentalización política de una parte de la justicia» aunque dejó claro que «nadie esté por encima de las leyes».