Seis meses después de la caída de la dictadura de Bachar al Asad -uno de los regímenes más brutales de Oriente Medio, capaz de resistir a más de una década de guerra civil y regional- y de la llegada a Damasco de los yihadistas de Hayat Tahrir al Sham (HTS) como resultado de una fulgurante operación militar relámpago apoyada por Turquía y la inhibición rusa e iraní casi todo está por afrontar en un país destruido, exhausto.

En el haber del mando provisional liderado por el antiguo comandante de Al Qaeda Ahmed al Sharaa -que ha culminado un aparente proceso de evolución preparado en los últimos años desde sus antiguas posiciones islamistas radicales hasta la exhibición de un perfil de líder fiable y moderado- ha de constar haber logrado un paulatino reconocimiento internacional y una cierta eestabilidad y seguridad. El mayor hito en este sentido ha sido el encuentro mantenido por el autoproclamado jefe de Estado sirio y el presidente de Estados Unidos Donald Trump, que se deshizo en elogios hacia su homólogo, en Riad hace dos semanas en el curso de la reciente gira regional del inquilino de la Casa Blanca.

Además, el reconocimiento de una parte nada desdeñable de la comunidad internacional y regional -con Turquía y Arabia Saudí como dos puntales de apoyo a Damasco- del nuevo régimen sirio ha traído aparejado el levantamiento de las duras sanciones económicas que pesaban contra el régimen anterior. Si la Unión Europea anunciaba el levantamiento de sanciones el pasado 20 de mayo, tres días después hacía lo propio la Administración Trump. Este viernes el presidente sirio aseguraba que su país “se está recuperando de catorce años de sufrimiento” en referencia a los últimos y tumultuosos años de la dictadura de Asad.

Incluso agencias internacionales han reportado en las últimas semanas los primeros contactos entre funcionarios del nuevo régimen sirio y el Gobierno de Israel a fin de alcanzar una suerte de statu quo en medio de la reconfiguración regional en curso desde finales de 2023. Unas conversaciones que no han impedido que las Fuerzas de Defensa de Israel hayan bombardeado en varias ocasiones depósitos de armas o instalaciones militares en suelo sirio con el objetivo de neutralizar la amenaza de milicias islamistas que siguen operando en el país al margen o con la aquiescencia de Damasco. De la misma manera Al Sharaa mantuvo el pasado mes de mayo un encuentro en Damasco con el jefe del Gobierno libanés, Nawaf Salam, a fin de avanzar en un acuerdo sobre las fronteras marítimas y terrestres después de décadas en que Siria ha representado una permanente amenaza para la estabilidad y la seguridad del país de los cedros.

Una nueva dictadura

Con todo, políticamente los mensajes de moderación y concordia lanzados por Al Sharaa y las fuerzas islamistas radicales que lograron el derrumbe de la dictadura Asad no se compadecen con el futuro de democracia al que aspira una gran parte de la sociedad siria. El nuevo mando político sirio ha dejado claro por boca de Ahmed al Sharaaa que harán falta cinco años para la elaboración de una Constitución permanente -desde el 2 de marzo rige una Carta Magna provisional- como paso previo a la celebración de elecciones libres.

Desde finales de marzo Siria cuenta con un gobierno interino -sin primer ministro, función que, como la jefatura del Estado, recae en Ahmed al Sharaa- encargado de pilotar la supuesta transición democrática con un predominio tecnocrático e islamista moderado. La presencia de una sola mujer -cristiana- en el gabinete, Hind Kawabat, al frente de Asuntos Sociales y Trabajo, anticipa el papel secundario al que ya se están viendo relegadas las mujeres sirias. Los casi ocho años en que los yihadistas de HTS controlaron y gobernaron la provincia noroccidental de Idlib pueden servir de ejemplo de las ideas del presidente y sus hombres al respecto de la posición de la mujer en la sociedad siria.

El reto de la seguridad

Las nuevas autoridades islamistas sirias tendrán que gobernar un país dividido en lo territorial y etnorreligioso, efecto tanto de tendencias y fuerzas de escala regional como de dinámicas heredadas tras más de medio siglo de dictadura. La llegada al poder de grupos islamistas radicales suníes -grupo religioso mayoritario en Siria-, algunos de ellos antiguos yihadistas, ya ha desatado el temor del resto de minorías religiosas de un país mosaico, empezando por la comunidad alauí, secta -el 10% de la población siria- a la que pertenecía el clan Asad y los altos mandos militares y del aparato de seguridad del viejo régimen.

Entre otros episodios, el pasado mes de marzo las provincias costeras de Latakia y Tartús -donde se concentra la mayoría de población alauí- fueron escenario del más grave de los brotes de violencia sectaria al estallar enfrentamientos entre elementos armados leales al régimen de Asad y milicias islamistas radicales afines a Damasco. Según las ONG sobre el terreno, los choques causaron más de 1.700 pérdidas humanas, la mayoría de ellas miembros de la minoría alauí. En abril fue un suburbio del sur de Damasco el escenario de otro grave episodio, en esta ocasión con la minoría drusa -el misterioso grupo religioso representa en torno al 3-4% de la población siria- como objetivo del afán de venganza de milicias islamistas afines al nuevo mando. Una docena de personas perdieron la vida.

En este sentido, el pasado viernes se produjo otro esperanzador paso hacia la normalización del país al anunciar las autoridades religiosas sirias la prohibición de los asesinatos por cuestión de honor y el resto de formas de ejecuciones extrajudiciales en el país. La orden fue emitida por el Consejo Supremo de Edictos Religiosos, que declara inadmisible la “agresión en represalia por delitos de sangre, contra la propiedad o contra el honor”. A partir de ahora, solo el poder judicial o las autoridades competentes podrán abordar estas cuestiones sin que tenga cabida “la venganza individual”.

La división de Siria va más allá de las fracturas sectarias heredadas de las más de cinco décadas de dictadura. Desde hace más de una década, una amalgama de milicias kurdas organizada bajo las siglas Fuerzas Democráticas Kurdas gobierna de manera autónoma el noreste del país. La resistencia kurda a renunciar el poder adquirido durante la guerra civil contra el régimen de Asad augura una suerte de fórmula de poder territorial compartido -inspirada quizá en el ejemplo iraquí- entre Damasco y el territorio autónomo a cambio de la anunciada integración de las estructuras militares kurdas en las nuevas fuerzas armadas sirias.