Golpe a Sunak: el Supremo británico tumba el plan del Gobierno para deportar a Ruanda a demandantes de asilo

El premier Rishi Sunak recibió ayer un gran varapalo después de queel Tribunal Supremo, máxima instancia judicial del Reino Unido, determinara que el polémico plan para mandar a Ruanda a los solicitantes de asilo llegados por vías irregulares es ilegal. La sentencia pone fin a una larga batalla legal ante uno de los pilares sobre los que el líder tory había construido su mandato consciente de la importancia que tiene esta cuestión para el electorado, sobre todo los conservadores, de cara a los comicios previstos para el próximo año, donde la oposición laborista saca veinte puntos de ventaja.

Los cinco jueces de la Corte Suprema respaldaron ayer por unanimidad la sentencia del pasado mes de junio del Tribunal de Apelaciones donde se recalcó que “las deficiencias en el sistema” del país africano son tales como para admitir que existen “bases sólidas para creer que haya un riesgo real de que las personas sean devueltas a sus países de origen y acaben sufriendo persecución o trato inhumano, cuando de hecho tendrían argumentos para recibir asilo”.

El dictamen de ayer se conocía tan sólo un día después de que Suella Braverman, representante del núcleo duro de la formación, publicara una incendiaria carta tras ser destituida como ministra de Interior con la reciente reestructuración del Gabinete en la que acusaba al primer ministro de haber “traicionado su promesa a la nación” al dar marcha atrás en un acuerdo secreto para ignorar las sentencias de la Convención Europea de Derechos Humanos (que nada tiene que ver con la UE). El Tribunal de Estrasburgo fue quien detuvo en último momento el pasado 14 de junio de 2022 el primer avión con inmigrantes rumbo a Ruanda.

Sunak señaló en la Cámara de los Comunes que su compromiso para parar la inmigración ilegal seguía siendo “inquebrantable” y aseguró que estaba preparado para “revisar los marcos legales internos si fuera necesario”. “Es crucial que el Tribunal Supremo -al igual que el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Superior antes que él- haya confirmado que el principio de enviar inmigrantes ilegales a un tercer país seguro para su procesamiento es legal. Esto confirma la visión clara del gobierno desde el principio”, recalcó.

Por su parte, el nuevo ministro de Interior, James Cleverly, explicó que estaban trabajando en un nuevo plan con Ruanda “que dejará absolutamente claro a nuestros tribunales y a Estrasburgo que los riesgos expuestos por el Tribunal Supremo han sido respondidos y serán consistentes con el derecho internacional”.

El hecho de que Sunak recalcara ayer que no permitirá a ningún tribunal internacional “bloquear más vuelos” se interpretó como dejar la puerta abierta a que el Reino Unido pueda abandonar la Convención Europea de Derechos Humanos, algo que desde hace tiempo demanda el núcleo duro del Partido Conservador.

No obstante, el Tribunal Supremo vino a explicar que abandonar este organismo -creado tras las Segunda Guerra Mundial- no tendría efectos en esta cuestión ya que el Reino Unido es parte de otros protocolos internacionales que también impiden el envío de solicitantes de asilo a Ruanda.

Medida estrella postBrexit

El Gobierno siempre defendió que el objetivo del Plan Ruanda -una de las medidas más controvertidas de la era Brexit- era disuadir a las mafias para evitar que los traficantes de personas exploten a migrantes desesperados y pongan sus vidas en riesgo. Downing Street pagó 140 millones de libras al país africano para albergar a los inmigrantes. Argumentaba que, si bien Ruanda fue escenario de un genocidio que mató a más de 800.000 personas en 1994, desde entonces se ha forjado una reputación de estabilidad y progreso económico. Pero los críticos denuncian que la estabilidad se logra a costa de la represión política.

Desde el inicio de la tramitación de la medida a principios del año pasado bajo el Ejecutivo de Boris Johnson ha habido todo tipo de batallas legales y críticas. Y ya no solo por parte de todos los partidos de la oposición, que lo consideran "inviable", "inmoral" y "poco ético". Los principales representantes de la Iglesia de Inglaterra, 23 obispos que ocupan escaño en la Cámara de los Lores, llegaron a enviar una carta al diario The Times en la que denunciaban una práctica "que debería avergonzarnos como nación".