El Supremo de EE UU muestra su escepticismo con sacar a Trump de la papeleta electoral de Colorado

Norma Anderson estaba viendo las noticias desde su casa en Colorado cuando las imágenes de una turba que intentaba entrar al Congreso llamaron su atención. «Están tratando de derrocar al Gobierno», pensó mientras veía suceder ante sus ojos el asalto al Capitolio, el 6 de enero de 2021. Anderson tiene 91 años y es republicana. No es una persona ajena a la política. Fue la primera mujer en liderar la Cámara de Representantes de Colorado y luego el Senado estatal. También es una de las seis artífices de la demanda que busca dejar por fuera de la papeleta electoral de 2024 en ese estado a Donald Trump, acusándole por su presunto rol de incitador en aquella «insurrección».

«Por muy vieja que sea, nací durante la Gran Depresión, viví la Segunda Guerra Mundial y recuerdo a Hitler», ha dicho Anderson a los medios en el pasado. Para ella, participar en la querella es una manera de proteger la democracia.

Hoy, en Washington, esa tarea ha quedado en manos de la Corte Suprema de Justicia que escuchó los argumentos orales de los demandantes, pero también de la defensa del expresidente y principal candidato a la nominación republicana por la Casa Blanca. Fueron poco más de dos horas de debate y preguntas de los jueces. Al final de los incisivos cuestionamientos, todos los magistrados –liberales y conservadores– parecían insinuar su escepticismo ante los esfuerzos para sacar a Trump de la boleta electoral por el ataque al Capitolio.

Los nueve magistrados del Supremo estudian el caso luego de que, en una instancia menor, la Corte Suprema de Colorado determinó que Trump «participó en una insurrección» y no es elegible para ser presidente. Por este motivo, y acogiéndose a la 14 enmienda de la Carta Magna, ese máximo tribunal estatal dictaminó que Trump no debería estar en la boleta electoral para las primarias republicanas del estado el 5 de marzo.

El caso es relevante porque, si se confirma la decisión de los magistrados de Colorado equivaldría a una declaración de la Corte Suprema de que Trump participó en una insurrección y que la 14ª Enmienda le prohíbe volver a ocupar el cargo. Eso permitiría a estados como Colorado, Maine y otros mantenerlo fuera de las urnas y poner en peligro su campaña.

El Supremo ha señalado tras la diligencia que se llevó a cabo mientras a las afueras del reciento se concentraban seguidores del expresidente, que intentará actuar con rapidez, acortando drásticamente el período en el que recibe informes escritos y presenta argumentos en la sala del tribunal. Aunque esta Corte de mayoría conservadora incluye a tres de los propios nominados de Trump, regularmente los magistrados han fallado en contra del expresidente.

Un momento que llamó la atención durante la televisada diligencia judicial que muchos en Washington veían con café en mano, fue el cruce entre la jueza Ketanji Brown Jackson –de corte liberal– y el abogado de Trump, Jonathan Mitchell.

«Para que haya una insurrección tiene que haber un esfuerzo organizado para derrocar al Gobierno», dijo Mitchell. Luego, la jueza replicó: «Entonces, ¿un intento caótico para derrocar al Gobierno no es una insurrección?»… En respuesta, el abogado sentenció que lo del 6 de enero «fue un motín. No fue una insurrección».

Durante gran parte de la argumentación se vio a un Supremo indagando, sobre todo, en asuntos preliminares que condenarían los diversos desafíos de una decisión política como sacar a Trump de la papeleta.

La Enmienda 14 en cuestión fue originalmente diseñada tras la Guerra Civil para evitar que los ex confederados regresaran al poder, y como cláusula permaneció inactiva durante décadas hasta ahora. Nadie sabe con certeza cómo aplicarla a un presidente. La Constitución reza que, si se comprueba que el funcionario se involucró en una «insurrección», no podrá aspirar a cargos públicos, a menos que el Congreso vote para levantar su descalificación. Hay quienes creen que, como en el caso del aborto, el Supremo podría optar más bien porque los estados decidan.

Hasta ahora, sin embargo, ese es solo uno de los muchos análisis. Varios jueces parecieron simpatizar con el argumento de Trump de que los estados no tienen autoridad para descalificar a los candidatos, mientras que algunos también cuestionaron si la cláusula se aplica a la presidencia. «¿Qué está haciendo un estado decidiendo por quién pueden votar otros ciudadanos para presidente?», dijo la jueza Elena Kagan.

Por lo pronto, hasta que la Corte Suprema tome su decisión, el nombre de Trump permanecerá en las papeletas, incluso en los dos estados donde fue descalificado.

Trump, que no tiene competencia seria para ganar la nominación de su partido, no acudió a la diligencia en Washington, pero se defendió desde Florida. «Si analizan mi discurso y mis tuits, deben observar que mi mensaje era de amor», dijo el exmandatario negando cualquier argumento de que alentó a sus seguidores a la violencia.

Se prevé que el Supremo entregue su decisión en las próximas semanas debido al calendario electoral que ocurre. Se viene el llamado Supermartes, cuando varios estados (entre ellos Colorado) votan para escoger candidatos.