Tensión en Malí: arrestos militares y pérdida de territorios frente a rebeldes y yihadistas

La junta militar que gobierna Mali desde el golpe de Estado de 2021 hace equilibrios para mantener el poder. Tras prometer que el golpe daría paso a un gobierno de transición que celebraría elecciones dos años más tarde, ese tiempo de transición se prolongó, y se volvió a prolongar, y se prolongó de nuevo.

Entre abril y julio de 2024, los partidos políticos fueron suspendidos; en mayo de 2025, fueron disueltos de forma definitiva. Y fue en junio de 2025 cuando el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley que otorgaba a Assimi Goïta un mandato presidencial renovable de cinco años, comenzando en 2025. Goïta, que inició su presidencia como coronel y que se ascendió a general en octubre de 2024.

La deriva autoritaria en Mali, como es de suponer, ha generado protestas en los últimos meses. El líder del partido conocido como Convergencia para el Desarrollo de Mali (CODEM), Housseini Amion Guindo, incluso hizo un llamamiento para derrocar a un "régimen ilegal e ilegítimo". El 3 y 4 de mayo de 2025, cientos de activistas prodemocracia salieron a las calles de Bamako para rechazar esta propuesta de extender el gobierno militar y disolver los partidos políticos.

Aunque las manifestaciones programadas para el 9 de mayo fueron suspendidas dos días antes por el temor de los organizadores a una probable represión violenta. Amnistía Internacional ha calificado las últimas decisiones de los militares como "un ataque flagrante al derecho a la libertad de expresión y de asociación", igual que Naciones Unidas se ha pronunciado al respecto.

Las manifestaciones registradas el pasado mes de mayo fueron las primeras de este tipo desde que Goïta ascendió al poder, y pueden interpretarse como una muestra del descontento que empieza a afectar a determinadas capas de la sociedad maliense. El propio discurso de la junta militar resulta incoherente: alegan que no se pueden celebrar elecciones por la situación de seguridad en el país, que prioriza la guerra por delante de la democracia y dificulta el acceso de las urnas a determinadas regiones... pero anuncian a la vez soflamas triunfalistas donde aseguran estar derrotando al yihadismo armado. Puestos abandonados, rutas más inseguras y municipios que pasan a situación de 'disputa' indican un retraimiento de la presencia oficial, concentrada hoy en capitales provinciales.

A las manifestaciones en Bamako y la extensión de los territorios disputados con los terroristas se añade el resurgimiento del conflicto que enfrenta desde verano de 2023 al ejército maliense y los independentistas de Azawad, en el norte del país. Aunque el ejército consiguió apuntarse importantes victorias al principio de la guerra, como lo fue la toma de Kidal en colaboración con las fuerzas rusas, el conflicto se ha estancado desde entonces y las fuerzas gubernamentales han tenido que lamentar en el norte y en el centro del país derrotas contundentes a manos de los independentistas de Azawad y de los terroristas del JNIM.

Un estado que sobrevive fragmentado

Estos son los hechos: que el Estado maliense sobrevive hoy fragmentado, controlado a partes desiguales por grupos terroristas, independentistas y una junta militar asediada por los enemigos externos e internos, pero también juzgada con una mirada cada vez más crítica por sus opositores políticos (los que quedan). Los arrestos se han convertido en este contexto en un método de contención del descontento.

El economista y crítico de la junta, Étienne Fakaba Sissoko, fue arrestado el 16 de enero de 2022 bajo cargos controvertidos, como "discriminación religiosa" y uso de diplomas falsos. Fue liberado en junio con restricciones de viaje. Posteriormente, en marzo de 2024, fue condenado a dos años de prisión tras publicar un libro crítico con el régimen. Fue liberado en marzo de 2025. El 20 de junio de 2024, once líderes de la coalición opositora Plataforma de la Declaración del 31 de marzo fueron arrestados durante una reunión privada. Estaban acusados de "conspiración contra el Estado" y otros cargos.

En mayo de 2025, tras la disolución de los partidos políticos, figuras como Abba Alhassane (CODEM) y El Bachir Thiam (Yéléma) fueron secuestradas por agentes encapuchados. Otros, como Abdoul Karim Traoré y Abdrahamane Diarra, también fueron arrestados sin procedimiento legal formal. El 1 de agosto de 2025, el ex primer ministro Moussa Mara fue detenido después de expresar solidaridad con presos políticos. Enfrenta cargos por socavar la autoridad del Estado. Su juicio está programado para el 29 de septiembre de 2025.

La última ola de detenciones tuvo lugar este fin de semana. Al menos veinte militares fueron arrestados bajo sospecha de planear un golpe de Estado contra la junta militar. Y se conoce que entre ellas se encuentra el general Abass Dembélé, exgobernador de la región de Mopti y figura militar muy respetada en el país. Su arresto tuvo lugar en su residencia en la comuna de Kati sin que se haya informado oficialmente el motivo.

Las denuncias de intentos de golpes de Estado y complots destinados a derrocar a Goïta han sido una noticia recurrente en los últimos años. Se acusa a naciones extranjeras de colaborar con los conspiradores, mientras que se empuja al ostracismo a figuras de gran peso político, como el general Dembelé o el ex primer ministro Mara. Los defensores de la junta militar todavía mantienen su esperanza, quizás, convencidos de los discursos sostenidos en victorias puntuales (derribo de líderes terroristas cada cierto tiempo, la pírrica toma de Kidal en 2023 y la alianza rusa) pero que no se traducen hasta ahora en mejoras significativas en el ámbito de seguridad.