Benín sofoca un golpe militar entre denuncias de autoritarismo y avance yihadista en el norte

El amanecer del domingo sorprendió a los habitantes de Cotonú, Benín, con el ruido de los tiros. Era el comienzo de un golpe de Estado. En medio del caos, un grupo de soldados irrumpió en la sede de la televisión estatal y proclamó ante las cámaras la destitución del presidente Patrice Talón... y la instauración de una nueva junta militar. Por otro lado, un vídeo difundido en redes sociales mostró al teniente coronel Pascal Tigri, líder de los sublevados, que informó del comienzo de una operación destinada a “liberar al pueblo de la dictadura de Patrice Talón”. Tigri animaba además al pueblo beninés “a que salga de forma masiva a las calles”.

Para más inri, y por si había dudas, el teniente coronel advertía en su aparición que “el gobierno francés no intervenga en los asuntos internos de Benín”.

La situación parecía apuntar a un golpe exitoso. Al final, ya empieza a ser habitual la imagen de hombres uniformados en un plató de televisión africano. Entran por la fuerza, anuncian que ahora el poder lo sujetan ellos y comienza un nuevo gobierno militar en el país señalado. En menos de cinco años se ha repetido esta escena en Mali, Burkina Faso, Níger, Madagascar, Guinea Bissau…

Sin embargo, pocas horas más tarde, el propio gobierno de Talon interrumpió el discurso triunfalista de los golpistas. Ahora fue el ministro del Interior y de Seguridad Pública, Alassane Seïdou, quien apareció en la televisión estatal leyendo un nuevo comunicado:

“Pueblo beninés, queridos compatriotas: en las primeras horas de este domingo, 7 de diciembre de 2025, un pequeño grupo de soldados inició una sublevación con el objetivo de desestabilizar al Estado y sus instituciones. […]. Las Fuerzas Armadas de Benín y su jerarquía, fieles a su juramento, se mantuvieron comprometidas con los principios republicanos. Su actuación permitió mantener el control de la situación y frustrar el intento. Por ello, el Gobierno invita a la población a continuar con sus actividades con normalidad”.

Fue el principio del fin del sueño del teniente coronel Tigri. Varios militares fueron detenidos a lo largo de la mañana y la radiotelevisión estatal volvió a manos gubernamentales, momento en que la presidencia confirmó públicamente que Talon estaba a salvo y al mando. La ausencia de movilización popular en las calles, pese al llamamiento de Tigri, reforzó la sensación de que la intentona carecía de apoyo social, más allá de la pequeña fracción castrense que protagonizó el espectáculo.

Un país en crisis política y de seguridad

Pese al fracaso, el golpe de Tigri ha sacado a la luz una realidad política que Benín, como nación, no puede negar. Que la estabilidad democrática que distinguió al país durante décadas se ha erosionado durante los años de Talon. Su primera victoria electoral en 2016 despertó expectativas de reformas bajo su liderazgo, puede ser, pero pronto se sucedieron reformas contrarias a lo deseado; en lugar de reforzar las instituciones democráticas, Talon quiso concentrar el poder en el Ejecutivo.

Y las elecciones legislativas de 2019 fueron la prueba más contundente de esta deriva autoritaria: ningún partido de la oposición pudo participar en el proceso electoral por, se supone, criterios legales que meses antes fueron introducidos unilateralmente por el Gobierno. Las protestas que siguieron dejaron muertos y heridos, mientras organizaciones locales e internacionales alertaban de un retroceso democrático sin precedentes en la historia reciente del país.

La elección presidencial de 2021, que vino a dar una victoria holgada a Talon, empeoró aún más la situación. La oposición llegó al encuentro en las urnas debilitada, fragmentada y, en gran parte, impedida de presentar candidaturas sólidas. Algunos líderes estaban encarcelados. Otros, en el exilio. Y otros enfrentaban procesos judiciales. La sociedad civil lleva años denunciando la reducción del espacio democrático, el debilitamiento del control parlamentario y la instrumentalización del poder judicial. Aunque este malestar social no se tradujo en un apoyo popular al golpe, como demostraron las calles vacías, sí explica por qué el discurso golpista encontró cierto eco en una parte de la población más crítica.

La situación de seguridad en el norte de Benín añade otra capa de fragilidad a las instituciones. Otra palada de estiércol que sirve de alimento a las excusas de los sublevados. Grupos yihadistas vinculados a Al Qaeda y al Estado Islámico y radicados en Burkina Faso y Níger han penetrado desde 2021 en territorio beninés. Zonas como Alibori, Atacora y los alrededores del Parque W se han convertido en focos de violencia recurrente y en extremo preocupante, si se considera el contexto general del Sahel. Más de cincuenta soldados fueron asesinados en un ataque en abril de 2025, el mayor en la historia del país, y derrotas como este ponen nuevamente en entredicho las capacidades de Talon de dirigir el país en estos momentos difíciles.

El Estado ha reforzado la presencia militar en el norte, pero la infiltración yihadista sigue avanzando en áreas rurales donde la administración es débil, y ya hay zonas boscosas del país que son sencillamente inaccesibles para el ejército. Francia y Estados Unidos dan apoyo en esta asignatura, pero es claramente insuficiente. Por ello preocupó tanto (y no extrañó demasiado) la intentona de este domingo. Porque Benín habría sido la cuarta nación de la región que se enfrenta al terrorismo armado con escasos resultados pese a la ayuda francesa y que sufre un golpe de Estado que concede el poder a una cúpula militar amistada con Moscú.

El levantamiento, aunque fallido, ha expuesto todas estas vulnerabilidades del gobierno de Talón. No puede negarse que el sistema político beninés se ha erosionado, y más que lo hará tras lo ocurrido. Y también debe reconocerse que Benín, rodeada de juntas militares y cada vez más presionada por el terrorismo del norte, sigue caminando por una fina línea que quizás, otro día, con un oficial más astuto, concluya de forma efectiva con una junta militar al mando. El desafío ahora es precisamente evitar que el episodio se convierta en un síntoma temprano de un deterioro mayor.

La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) emitió un comunicado donde denunciaba el golpe como “una subversión de la voluntad del pueblo de Benín”, asegurando su respaldo al gobierno legítimo de Talon, y advertía que los responsables serían “individual y colectivamente responsables de cualquier daño ocasionado”. El bloque regional mostró una contundencia que muchos se preguntan, llegados a este caso, si también debería repetirse ante los asaltos que realiza el propio Talon contra la democracia beninesa.