Un tribunal leal a Pekín condena a 14 activistas prodemocráticos en Hong Kong por «conspiración para cometer subversión»

El histórico juicio contra 47 activistas prodemocráticos de Hong Kong concluyó el jueves tras diez meses de procedimientos. Con un veredicto que refleja la implacable represión que sufre la oposición en la excolonia británica, 14 de los acusados, entre ellos destacadas figuras políticas y defensoras de los derechos, fueron declarados culpables del cargo de «conspiración para cometer subversión».

El fallo del mayor proceso judicial contra la oposición democrática, dictado por un tribunal controlado por las autoridades leales a Pekín, se produjo más de tres años después de que la Policía detuviera al «Grupo de los 47» en diversas redadas. Se trata de otro duro revés para el movimiento democrático de la ciudad, que ha visto cómo sus filas se han ido diezmando en los últimos años.

Cabe recordar que todos los acusados en este juicio tenían en común haber participado u organizado «primarias» en julio de 2020, con el fin de optimizar las posibilidades de la oposición de lograr la mayoría en las elecciones legislativas de septiembre de 2020. En esta ocasión se sentaron en el banquillo 16 de los imputados de organizar un «vil complot para paralizar el Gobierno y así forzar la dimisión del líder de la ciudad mediante una votación no oficial previa a las elecciones municipales», según la Fiscalía. No obstante, estos fueron los únicos que se declararon inocentes de dicho cargo de «conspiración para cometer subversión».

Se trata de un delito castigado con penas de hasta cadena perpetua en virtud del Artículo 22 de la nueva Ley de Seguridad Nacional (LSN) impuesta por Pekín en junio de 2020 –tras las multitudinarias protestas y disturbios que sacudieron la ciudad el año anterior–, con el objetivo de erradicar cualquier atisbo de oposición o disidencia.

Entre los condenados se encuentran algunas de las figuras históricas de la oposición, como los veteranos legisladores Lam Cheuk-ting, Helena Wong o Leung Kwok-hung, así como la periodista Gwyneth Ho, quien se lanzó a la política tras ser víctima de una brutal agresión por parte de mafiosos. Sin embargo, en una inusual decisión, dos de los acusados –el ex concejal de distrito Laurence Lau Wai-chung y el extrabajador social Lee Yue-shun– fueron absueltos de los cargos. Estas primeras sentencias absolutorias en litigios relacionados con la LSN, son vistas por analistas como un atisbo de esperanza en medio del sombrío panorama que atraviesa el movimiento prodemócrata.

Sin embargo, poco después de conocerse el veredicto, el secretario de Justicia de la ciudad anunció que recurrirá ambas absoluciones. La voluntad pone en entredicho los límites de la independencia judicial y apunta al estrecho margen de maniobra que queda para el activismo político en la antigua colonia británica.

De momento no se conocen las penas que enfrentan. Seguramente habrá que esperar varios meses para que todas estas personas, que llevan más de tres años en prisión, conozcan su suerte. Con respecto a los 31 que se declararon culpables, lo hicieron con la esperanza de que se les redujeran las penas, pero es probable que la controvertida Ordenanza para la Salvaguarda de la Seguridad Nacional hongkonesa, aprobada hace dos meses, anule esta remisión.

A pesar de la dureza de los cargos y de las draconianas sentencias previstas, los acusados parecen conscientes de que sus oportunidades de éxito son muy escasas. Sus abogados argumentan que la legislación vulnera derechos fundamentales, como la libertad de expresión y de reunión.

Esta dura ofensiva legal forma parte de los esfuerzos de las autoridades chinas por sofocar cualquier desafío al dominio del Partido Comunista en el centro financiero. El caso de los «47 de Hong Kong» ha sido ampliamente criticado por grupos de derechos humanos y jurídicos, así como por multitud de gobiernos extranjeros. Denuncian que la causa está políticamente motivada y que carece de las debidas garantías procesales, al tratarse de una vista sin jurado que se ha prolongado durante meses con repetidos aplazamientos.

Pocos son los expertos que albergan esperanzas de que estos tribunales, cada vez más controlados por Pekín, puedan ofrecer una vía de escape a los últimos bastiones de la oposición. El futuro político del territorio parece estar sellado, con el Ejecutivo determinado a aplastar cualquier vestigio de disidencia.

La implacable represión de las autoridades ha privado a la ciudad de una oposición política activa. Desde la imposición de la LSN, decenas de personas han sido detenidas o encarceladas, mientras otras han optado por el silencio por temor a las consecuencias tanto para ellos como para sus familiares. Asimismo, numerosos activistas han huido al extranjero, incluyendo algunos que se enfrentan a cargos. Es más, el Gobierno hongkonés ha ofrecido cuantiosas recompensas por varios de los considerados «fugitivos», lo que ha llevado a varios países que acogen a exiliados hongkoneses a rescindir sus acuerdos bilaterales de extradición.