Crisis en Pakistán
El Tribunal Supremo de Pakistán ordena la «inmediata» liberación de Imran Khan
Su detención propició fuertes enfrentamientos entre sus seguidores y las fuerzas de seguridad
El Tribunal Supremo de Pakistán ordenó este jueves la «inmediata» liberación del ex primer ministro Imran Khan tras declarar «ilegal» su arresto del pasado martes, llevado a cabo con un violento operativo militar que ocasionó protestas en todo el país.
La decisión fue tomada en un breve audiencia convocada a última hora por la máxima instancia judicial, que ya había expresado más previamente dudas por la forma en la que se cometió la detención, que fue legalizada por la Alta Corte de Islamabad después de efectuada.
La sesión se celebró gracias al ultimátum del jefe de Justicia paquistaní, que exigió esta misma tarde a las autoridades presentar a Khan en la sala en una hora.
Los jueces «opinaron que no se siguió el debido procedimiento legal cuando se arrestó a Imran Khan», dijo con anterioridad a EFE un funcionario judicial del máximo órgano judicial, Ishtiaq Ahmed.
«La nación de Pakistán da la bienvenida a la decisión de la Corte Suprema que anuló el arresto» de Imran Khan, indicó el partido del carismático líder, el Pakistán Tehreek-e-Insaf (PTI), tras conocer la decisión de las autoridades judiciales.
El fallo supone una importante victoria política y jurídica para Khan, y ahonda la fractura entre el Tribunal Supremo y el Ejército, al que se considera el principal responsable de su detención.
El ex primer ministro está envuelto en más de un centenar de casos de corrupción. Tanto él como sus partidarios denuncian un acoso judicial con motivaciones políticas orquestado por el Gobierno de Shahbaz Sharif con el respaldo de los militares.
El político de 70 años fue detenido el martes por las fuerzas de seguridad por un caso de corrupción cuando acudía a un tribunal para solicitar la libertad bajo fianza para otro de varios casos presentados en su contra.
El PTI respondió a su arresto con un llamamiento a todos sus seguidores a que salieran a las calles para protestar, unas manifestaciones que, aunque mayoritariamente pacíficas, degeneraron en ataques a sedes militares, instituciones estatales y residencias de oficiales.
Esos disturbios causaron al menos ocho muertos y cientos de heridos, además de más de 1.600 arrestados, entre ellos varios líderes del PTI acusados de incitar a la violencia.
En respuesta a estos incidentes, las autoridades decretaron varias medidas de excepción como la suspensión de los servicios de internet móvil en todo el país por un período indefinido o el despliegue del Ejército en la región más poblada del país.
Los enfrentamientos directos de la población con el poderoso Ejército pakistaní, que durante décadas ha sido una mano invisible que ejercía el poder detrás del Gobierno, no se parecen a nada que el país haya vivido en los últimos tiempos.
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