
Casa Blanca
El Gobierno de EE UU reabre 43 días después, pero el país enfrenta un regreso caótico
Tras el cierre más largo, Trump firma la ley de Financiación después de que el Congreso diera la luz verde con el apoyo de una minoría de demócratas
Tras más de 40 días paralizado, el Gobierno federal de Estados Unidos volvió finalmente a abrir sus puertas después de que el presidente Donald Trump firmara el paquete de gastos que puso fin al cierre administrativo más prolongado en la historia del país. Sin embargo, el regreso a la normalidad está lejos de ser inmediato. El retorno de cientos de miles de empleados públicos, el restablecimiento de servicios clave y la incertidumbre sobre los datos económicos perdidos componen un escenario complejo que revela la magnitud del daño causado.
Un retorno abrupto para los empleados públicos
Apenas el proyecto de ley fue firmado, varias agencias federales —entre ellas el Departamento de Justicia y el Departamento de Salud y Servicios Humanos— ordenaron a su personal volver a las oficinas a partir del jueves. Para muchos, esto supone el fin de semanas de trabajo suspendido o no remunerado; para otros, la reinstalación en sus cargos tras haber sido despedidos en medio del cierre.
El acuerdo alcanzado en el Congreso incluye la restitución de los trabajadores federales que habían sido cesados por decisión del presidente durante el cierre. Pero volver al puesto no implica automáticamente volver a la normalidad: varias agencias enfrentan retrasos abrumadores, procesos acumulados y equipos que funcionaron al mínimo mientras el Gobierno estaba paralizado. La frase más repetida por funcionarios y analistas es que “reabrir” no equivale a “recuperar”.
El transporte aéreo, un sector golpeado que apenas comienza a estabilizarse
Si hubo otro sector particularmente afectado, fue el transporte aéreo. En pleno fin del cierre, casi 1.000 vuelos fueron cancelados en un solo día, según la plataforma FlightAware. Aunque las demoras comenzarán a disminuir progresivamente, la Administración Federal de Aviación (FAA) advirtió que la normalidad no regresará de inmediato.
Durante la crisis, el Departamento de Transporte emitió órdenes de emergencia que obligaban a congelar entre un 8 y un 10 % de los vuelos debido a la escasez de controladores aéreos. La nueva directriz reduce esa cifra al 6 %, una señal de alivio, pero aún lejos de los niveles regulares. Las ausencias y el agotamiento del personal siguieron acumulándose durante semanas, y el propio secretario de Transporte había reconocido que el sistema estaba “al borde del agotamiento operativo”.
Para los viajeros, la reapertura representa solo el inicio de una recuperación gradual. Los aeropuertos siguen ajustando turnos, redistribuyendo personal y reprogramando miles de operaciones pendientes.
Un apagón estadístico sin precedentes
Más allá de los efectos visibles en oficinas y aeropuertos, el cierre ha provocado un daño más profundo y silencioso: la pérdida de información económica fundamental. Desde el 1 de octubre, el Bureau of Labor Statistics (BLS) no pudo publicar los datos de empleo correspondientes a septiembre ni octubre.
En circunstancias normales, el primer viernes de cada mes el Departamento de Trabajo divulga su informe laboral, un documento clave que influye en mercados financieros, decisiones empresariales y políticas públicas alrededor del mundo. Pero este año, esas cifras simplemente no llegaron.
La Casa Blanca encendió la polémica cuando la portavoz Karoline Leavitt declaró que los datos de empleo e inflación de octubre “probablemente nunca serán publicados” debido al cierre y acusó a los demócratas de haber provocado un daño “permanente” al sistema estadístico federal. Posteriormente, funcionarios aclararon que los datos de septiembre —recopilados antes del cierre— sí podrán ser divulgados, pero que los de octubre están prácticamente perdidos.
La ironía no pasó desapercibida para analistas y medios estadounidenses. Hace pocas semanas, el propio presidente Trump había destituido al comisionado del BLS tras un informe laboral que no satisfizo sus expectativas, una decisión calificada por expertos como un intento de presión política sobre la institución encargada de generar estadísticas independientes.
Motivación política: la sospecha que crece
Aunque la Casa Blanca insiste en que la ausencia de datos se debe exclusivamente al cierre, varios economistas y observadores consideran más plausible una motivación política. Datos privados apuntan a que el mercado laboral se debilitó en septiembre y octubre: desaceleración en la creación de empleo, caída en las horas trabajadas y cifras negativas en algunos sectores clave.
Es decir, la información que falta podría contrastar fuertemente con el discurso oficial de “crecimiento récord” y recuperación acelerada. De acuerdo con estimaciones internas del propio Gobierno, el primer año del segundo mandato de Trump muestra un desempeño laboral inferior al registrado desde la Gran Recesión. Ocultar o demorar esos datos, según algunos expertos, podría evitar nuevos titulares incómodos sobre la economía estadounidense.
Los costos institucionales: una confianza dañada
Los prolongados cierres administrativos no son nuevos en Estados Unidos, pero nunca antes una administración había decidido descartar por completo un informe laboral mensual. Esta ruptura de la tradición estadística no sólo merma la confianza interna, sino también la internacional: gobiernos, bancos centrales e inversionistas dependen de la confiabilidad de los datos estadounidenses para evaluar riesgos y proyecciones.
La credibilidad del sistema estadístico federal —considerado durante décadas un estándar global— queda puesta en entredicho. Y reconstruir esa reputación tomará más tiempo que reactivar oficinas o reprogramar vuelos.
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