Un juicio por 720 euros

El cristianodemócrata Christian Wulff pasó ayer a la historia de Alemania por ser el primer ex presidente que se sienta en el banquillo. Desde ayer la Corte de Hanóver juzga al ex jefe de Estado por los delitos de tráfico de influencias y cohecho. Según la Fiscalía, en 2008, cuando Wulff era primer ministro del «land» de Baja Sajonia, el productor cinematográfico David Groenewold invitó a él y a su mujer, Bettina, a la popular Fiesta de la Cerveza de Múnich, la Oktoberfest, y les pagó su estancia en un hotel valorada en 720 euros. A cambio, presuntamente, el dirigente conservador habría intercedido ante el presidente de Siemens para que promocionara una película de Groenewold.

Visiblemente desmejorado, Wulff, de 54 años, aseguró a los numerosos periodistas que le esperaban a la puerta del tribunal que «no será un día fácil», pero «estoy seguro de que seré capaz de desmontar las acusaciones que aún pesan sobre mí, porque siempre he actuado correctamente durante mi mandato». En caso de ser hallado culpable, el ex jefe de Estado se enfrentará a una pena de tres años de cárcel o una multa.

Mimado por la Prensa y visto como un prometedor sucesor de Angela Merkel, todo empezó a cambiar para Wulff a finales de 2011, cuando las acusaciones de tráfico de influencias y vacaciones pagadas por empresarios amigos se sucedieron durante semanas en los principales medios de comunicación alemanes, mientras el político defendía una y otra vez su inocencia.

Así, se supo que Wulff había recibido en 2008 un crédito de 500.000 euros del empresario Egon Geerkens y su mujer, que posteriormente liquidó en condiciones favorables con otro crédito de un banco público. Con ese dinero, el presidente de Baja Sajonia y su segunda esposa, Betina, compraron una vivienda unifamiliar con una parcela de 658 metros. A las primeras informaciones sobre el préstamo siguió un reguero de revelaciones acerca de las vacaciones de Wulff a invitación de los Geerkens y otros casos de presunto amiguismo.

Pero a las sombras sobre su honradez se sumaron sus torpes maniobras para ocultar el escándalo. Wulff dejó un mensaje intimidatorio al redactor jefe del diario «Bild», Mathias Dopfner, amenazándole con una «guerra» y consecuencias legales si el caso salía a la luz. Tampoco sirvieron de nada las disculpas públicas por su proceder. Precisamente, en el editorial de ayer, Dopfner defendía que el proceso había ido demasiado lejos: «Wulff ya fue suficientemente castigado. La cantidad que se presenta en este juicio no es significativa para un presidente de la República... Me impresiona la determinación y la mezquindad de los fiscales». Éste es el último capítulo de la relación de amor y odio entre el influyente diario sensacionalista, el más leído de Alemania y Europa, y el político democristiano. Fue «Bild» quien encumbró a Wulff y difundió los detalles más íntimos de su relación con Bettina para años después propiciar su caída con la publicación de sus escándalos. Instalado en el Palacio Bellevue (residencia berlinesa del jefe de Estado), el dirigente de la CDU cayó en la cuenta de que no se podía presidir Alemania desde las páginas de un tabloide.

Wulff decidió renunciar a la Presidencia el 17 de febrero de 2012, apenas 19 meses después de asumir el cargo y al día siguiente de que la Fiscalía General solicitara suspender su inmunidad para poder investigarlo. La amplia recopilación de pruebas fue desechando y minimizando desde entonces todos los cargos y sospechas, con excepción del viaje a la Oktoberfest de Múnich. En abril pasado, la Fiscalía ofreció a Wulff y Groenewold evitar la demanda a cambio de un pago de 20.000 euros, pero ambos se negaron. El ex presidente busca demostrar en este proceso su honorabilidad y lavar su imagen pública para una no descartable vuelta a la vida política.

Más allá de veredicto, el «caso Wulff» tiene una vertiente ética que ha despertado un amplio debate en Alemania. Visto como la conciencia moral de la nación, los alemanes exigen a su ex presidente que dé ejemplo y que se dilucide la más mínima sospecha de corrupción. «Si un funcionario afronta este tipo de acusaciones, debe hacerse un proceso. No importa si su cargo es muy importante o no. Esto vale para todo los ciudadanos alemanes, y también para los presidentes», asegura a la cadena Deutsche Welle el experto en derecho Ulrich Bettis.