Chile cancela dos grandes cumbres al no poder garantizar la seguridad

El presidente Sebastián Piñera suspende la Cumbre del Clima y el foro comercial Asia-Pacífico para centrarse en la gestión de las revueltas

El presidente chileno, Sebastián Piñera, parece incapaz de contener la rebelión social que inunda las calles del país. Sus medidas sociales llegan tarde, son insuficientes, y no acierta con los cambios en su gabinete. Su supervivencia política y el futuro del sistema chileno, uno de los más capitalistas de la región, están en juego. La imagen del país, considerado «la perla de Suramérica» a nivel internacional, también. Algunos medios locales expresaban ayer en sus viñetas de humor a un presidente abochornado y alicaído. Todavía podía caer más. Piñera se vio obligado a cancelar la organización de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación del Asia Pacífico (APEC) y la del clima COP-25, que debían realizarse este año en Santiago, debido a la crisis social que ya lleva más de diez días, con violentas protestas en las calles.

La APEC es un foro de 21 países de la cuenca del Pacífico a los que se destina el 73% de las exportaciones chilenas. «No es un foro que solo interesa a los líderes, es un foro que interesa a todos los chilenos, más de 40.000 empresas chilenas participan en el comercio exterior y generan mas de 2,8 millones de empleos que son necesarios para las familias chilenas», enfatizó Piñera.

«Nuestro Gobierno, con profundo dolor, porque éste es un dolor para Chile, ha resuelto no realizar la cumbre de APEC (...) ni tampoco la cumbre de la COP-25», avanzó Piñera sobre la reunión comercial que se iba a hacer en Santiago entre el 16 y 17 de noviembre, y la del clima, entre el 2 y 13 de diciembre.

El dirigente chileno explicó que dio este paso basándose «en el sentido común y en poner por delante a los compatriotas». «Dadas las difíciles circunstancias que ha vivido el país en las últimas semanas, la primera preocupación y prioridad es restablecer el orden público y seguridad ciudadana», indicó.

Así, fijó como sus objetivos «impulsar la nueva agenda social para responder a demandas ciudadanas», así como «un amplio proceso de diálogo en el país, con fuerzas sociales y políticas».

Para la COP-25 se esperaba la presencia en Santiago de cerca de 25.000 delegados, junto la activista sueca Greta Thunberg, para presionar por medidas más ambiciosas para rebajar las emisiones de carbono que provocan el calentamiento global.

Respecto al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico es un encuentro clave dado que se espera que el presidente estadounidense, Donald Trump, pudiese firmar el pacto comercial con su par chino, Xi Jinping. Si bien no era seguro que esto sucediera, había expectativas para que se ponga punto final a la guerra comercial que ha desestabilizado la marcha de la economía mundial.

Entre los países miembros de la APEC están también Australia, Canadá, Corea del Sur, Japón, México, Perú y Rusia. Para esta edición estaba invitada también Argentina, cuyo gobierno saliente a cargo de Mauricio Macri tiene buenas relaciones con el de Piñera. Era uno los compromisos internacionales más importantes del mandatario chileno durante este segundo mandato.

En paralelo, la manifestación ciudadana programada para el pasado martes pretendía ser tan masiva como la del pasado viernes, que congregó a 1,2 millones de personas en el centro de Santiago, esta vez frente al palacio de La Moneda (sede del Gobierno), pero las Fuerzas de Seguridad impidieron que las marchas llegaran al edificio.

La masa se agolpó entonces en el lugar habitual, la Plaza Italia, en ambiente festivo con banderas y proclamas en contra del Gobierno y en reclamo de un país más justo, aunque estuvo lejos de congregar a la cantidad de gente del viernes 25 de octubre. Ayer, al cierre de esta edición, los manifestantes empezaban a congregarse en Plaza de Italia, por lo que se esperaba una jornada con nuevas protestas.

Mientras tanto, la cantidad de denuncias por presuntos abusos y violaciones de derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad preocupan a organizaciones como Amnistía Internacional (AI). De hecho, el Gobierno chileno reconoció situaciones que involucran a las fuerzas del orden que «parecen ser violaciones a los derechos humanos», durante el estallido social desatado hace once días, previo a una misión enviada por la alta comisionada de la ONU, la ex presidenta Michelle Bachelet.

«Se han producido situaciones que efectivamente, aparentemente, parecen ser violaciones a los derechos humanos», señaló el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, tras una reunión con representantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH, estatal). «Si se han cometido atropellos o vulneraciones éstas están siendo investigadas por la Fiscalía y deberán ser resueltas por la Justicia (...) No tenemos nada que ocultar», aseveró Piñera. Cinco de las 20 muertes ocurridas durante la crisis fueron provocadas por militares y policías que salieron a las calles, indicó el Instituto Nacional en coincidencia con informes oficiales.

Piñera cambió el lunes a gran parte de su gabinete ministerial. Si bien removió a los responsables de Interior y Hacienda no tocó al titular de educación, uno de lo más criticados. Llamó también la atención que no reemplazara a la ministra de Transportes, Gloria Hutt. Hay que recordar que la crisis política y social se desató justamente por una decisión de Transportes de subir en 30 pesos el billete del metro.

Los sistemas sanitarios y educativos de Chile son los más caros de América Latina. En consecuencia, el presidente aprobó un paquete urgente de mejoras sociales: aumento pensiones, sueldos mínimos y rebaja de medicamentos. Medidas que para algunos llegan tarde y muestran símbolo de debilidad. «Es ahora o nunca, tenemos que ir por todo», afirmó un joven encapuchado con el rostro tapado, y una especie de escudo de madera en el brazo. Parece que no habrá tregua para Piñera.