Un plan de 50.000 millones para pacificar las calles brasileñas

La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, busca a la desesperada medidas que puedan aplacar las protestas populares, algo en lo que hasta ahora ha cosechado un rotundo fracaso. Ayer, horas antes de que los manifestantes volvieran a las calles, el Gobierno anunciaba una partida extraordinaria de 115.000 millones de reales –50.000 millones de euros– hasta el año 2020, destinados a satisfacer las exigencias de los «indignados» brasileños. La partida servirá para financiar al menos tres proyectos de ley presentados en el Congreso y el Senado, en las áreas de transporte urbano, Sanidad y Educación.

Por ejemplo, en el Plan Nacional de Educación, se recoge un incremento en la inversión pública del 7% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2018, y del 10% del PIB a finales de esta década. Sólo para cumplir con el programa, el Ejecutivo tendrá que gastar unos 30.000 millones de euros más en este apartado en 2020.

El anuncio llega después de que en las últimas horas el Senado haya aprobado un proyecto de ley contra la corrupción, que impedirá que los acusados puedan eludir la cárcel con el pago de fianzas y que aumentará la pena mínima que se aplique a los culpables del desvío de dinero público. La Cámara de Diputados, por su parte, aprobó otro proyecto que impide el voto secreto en votaciones para dejar sin escaño a algún político acusado de irregularidades.

Con todas estas iniciativas legislativas y los nuevos proyectos económicos en la mano, la presidenta Dilma Rousseff se reunió ayer con líderes políticos para negociar el polémico plebiscito que abra la puerta a una profunda reforma política en Brasil. «La línea del Gobierno es que el pueblo tiene que ser escuchado», dijo el ministro de Educación, Aloizio Mercadante, al defender el plebiscito impulsado por Rousseff. Después de haberla anunciado, esta semana el Ejecutivo descartó una asamblea constituyente para afrontar esta reforma política argumentando falta de tiempo, porque debería ser aprobada un año antes de la elección presidencial de octubre de 2014.

Sin embargo, los líderes de los partidos de oposición DEM (conservador) y del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) han señalado que la reforma política puede ser aprobada por el Congreso y luego la ciudadanía debe limitarse a validarla o rechazarla en referendo.

«Primero, la presidenta debe enviar al Congreso lo que cree que es una buena reforma política. El Congreso debatirá esa propuesta y de ahí pensamos en un referendo (limitado a un «sí» o «no») para lo que fuera aprobado. El plebiscito es una respuesta improvisada de la presidenta para tratar temas complejos que son de responsabilidad del Congreso», dijo el presidente del PSDB y senador Aecio Neves.

También los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, ambos del PMDB, que integra la coalición de Gobierno, han dado públicamente su aval a un plebiscito, y el Ejecutivo espera presentar una propuesta concreta al Congreso el próximo martes.

A un año de las eleciones, Rousseff sabe que tiene que acompasar con urgencia las medidas económicas y las políticas para aplacar las protestas. Éstas se desataron tras dos años de bajo crecimiento y elevada inflación en Brasil, y las perspectivas no son nada halagüeñas. Precisamente ayer, y pese a apreciar tímidos signos de expansión, el Banco Central volvía a reducir la previsión de crecimiento del país al 2,7% para este año (contra 3,1% previsto en el mes de marzo), una estimación que, pese a empeorar, sigue siendo superior a la de los analistas financieros, que la dejan en el 2,46%, informa Efe. Asimismo, el banco emisor elevó la estimación de inflación para este año al 6% (ante 5,7% anterior) y al 5,4% para 2014, cuando el objetivo del Gobierno en ambos casos es del 4,5%.

Muere otro manifestante

La batalla campal que tuvo lugar ayer en Fortaleza con motivo del partido de semifinales de la Copa Confederaciones acabó con un nuevo fallecido que se suma a los seis que han perdido la vida desde que comenzaron las protestas en Brasil. Dos horas antes de empezar el partido entre España e Italia, cinco mil manifestantes protestaban contra los gastos excesivos de la Copa de las Confederaciones.

Los indignados marchaban pacíficamente hacia el estadio Castelao de Fortaleza cuando algunos comenzaron a lanzar piedras contra la policía –varios utilizaban incluso hondas– e intentaron derribar las barreras metálicas que les bloqueaban el paso. La policía respondió con gases lacrimógenos. El enfrentamiento se saldó con siete heridos y 87 detenidos. También en Río de Janeiro miles de personas colapsaron el centro y centenares de manifestantes, en su mayoría jóvenes, se concentran al mediodía pacíficamente ante la Universidad estatal de Ceará, para marchar hasta el estadio Castelao en una nueva oleada de protestas contra el Gobierno de Dilma Rousseff.