Un respiro para Clarín

Al final la justicia dio un respiro al grupo Clarín, en una sentencia que supone un duro revés para el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Un tribunal de Argentina prorrogó ayer una medida cautelar solicitada por el mayor grupo de medios del país hasta que se dicte la sentencia definitiva en la causa iniciada por Clarín, por la supuesta inconstitucionalidad de la norma impulsada por la presidenta de Argentina.

El fallo impide la aplicación plena de la polémica ley de medios audiovisuales, aprobada en octubre de 2009. De esta manera el 7D, anunciado a bombo y platillo por la administración peronista, quedó postergado sin que se sepa cuándo entraría en vigencia plena la nueva ley, que pone un tope a la cantidad de emisoras de radio y televisión que puede tener una empresa en una determinada área geográfica.

Según esta ley, las plataformas mediáticas que excedan del 35% de cuota y que no hayan presentado un plan voluntario para «desinvertir» podrán sufrir una intervención estatal, en la que las autoridades actuarán de oficio retirando las emisoras «excedentes» que serán licitadas para ser explotadas por nuevos dueños.

Más de 330 medios de comunicación deberán cambiar de propietarios en Argentina. De ellos, a Clarín le corresponde desprenderse de entre 150 y 200. Además, la norma establece que en una misma ciudad no se puede contar al mismo tiempo con una operadora de televisión por suscripción y con emisoras de televisión en abierto. Esto supone que la gente no podrá, por ejemplo, contratar Cablevisión -principal servicio de cable- y ver El 13, el canal de mayor audiencia de aire. Ambos son del grupo Clarín.

«Esta ley tiene nombre y apellidos, va dirigida a desmantelar a los medios opositores, es una ley mordaza», dijo a LA RAZÓN, Martín Etchevers, Gerente de Comunicaciones Externas del grupo.

Hoy, por tanto, no debería ocurrir nada. Tras conocerse la decisión judicial, el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabbatella, afirmó que «es una vergüenza» y adelantó que «se pedirá la intervención de la Corte» para que revise este acto que, a su juicio, «lesiona la democracia».

Por su parte, el senador Marcelo Fuentes, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, confirmó que el kirchnerismo pedirá el juicio político a los jueces opositores al Gobierno. «Si los jueces quieren gobernar con sus sentencias, por supuesto que podemos usar el juicio político», amenazó.

Según analistas consultados por este diario, algunos temen que el grupo Clarín sea desguazado y repartido entre empresarios afines al Gobierno. Sin embargo, hay otros escenarios posibles. Uno es que los dueños pongan sus medios a nombre de distintas personas, aunque sean parientes o testaferros. Si eso sucede, no pasaría nada y se respetaría el límite legal. De hecho, ya lo hicieron varios conglomerados mediáticos afines al Gobierno.

«Después de la expectativa que creó, más le vale al Gobierno que ocurra algo importante con el 7D. A estas alturas, la militancia espera que invadan el edificio de Cablevisión con los 'marines'. Y si finalmente no pasa nada, no sé de qué se van a disfrazar. Va a costar reelaborar el discurso para justificarse», argumentó el analista Jorge Giacobbe.

Clarín, que tuvo buenas relaciones con el ex presidente Néstor Krirchner, asegura que el divorcio con el Gobierno comenzó en 2008 con la crisis del campo, momento en que el diario empezó a criticar las políticas de Cristina Fernández contra los ruralistas. Otras fuentes afirman que la ruptura se originó tras una reunión, en la que el ahora fallecido esposo de la presidenta, adelantó que impulsaría la ley de medios.