Una solución regional para la crisis venezolana

Partimos de la naturaleza jurídica progresiva y voluntarista del Derecho Internacional. Los derechos humanos, dice Norberto Bobbio, nacen cuando deben o pueden, siendo derechos históricos que aparecen en determinadas circunstancias, caracterizadas por luchas por la defensa de nuevas libertades contra viejos poderes. En el campo político, jamás se habían producido acontecimientos que tan rudamente anularan la condición humana de los venezolanos. En Venezuela, las instituciones democráticas nos hicieron conocer programas idóneos cuyos esfuerzos consiguieron niveles razonables de justicia y libertad. Hoy, somos testigos de un proceso de destrucción total que nos muestran las plagas del hambre, de la enfermedad y de la desigualdad.

El aparato productivo del Estado desapareció. Es patético el hundimiento de PDVSA. El dominio y control de la disminuida industria petrolera está en las manos maléficas e intrusas de La Habana.

La herida más profunda es la violencia, que destruye la estructura social con funestas consecuencias. Las Fuerzas Armadas, cuya responsabilidad es la preservación del sistema de libertades, fueron desligadas del proceso democrático.

Por esto, el diálogo, vía normalmente válida, es en nuestro caso una falsedad.

El 2 de mayo de 1948 se aprobó la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Ciudadano. Así comienza su andadura la OEA. Sus objetivos primordiales son la democracia representativa y los derechos fundamentales. El Tratado de Río de Janeiro desarrolla el concepto de la seguridad no solo contra un ataque al territorio americano, sino frente a la subversión interna provocada por una propaganda ideológica contraria a la democracia representativa, como el comunismo. La Conferencia Panamericana de Caracas en 1954 declara que se debe preservar la integridad política de los Estados contra una intromisión del comunismo internacional. Es decir, hay una solución para el problema venezolano actual en el «corpus iuris» de la OEA sin necesidad de pasar por la regla de la unanimidad o veto. Entonces, la solución posible es regional, en el marco del sistema interamericano. Resolver los problemas regionales sin acudir al Consejo de Seguridad es una aspiración legítima y ancestral de este organismo, oscurecida por los intentos de EE UU de utilizar estas herramientas como despliegue de su política de potencia, equivalente a una intervención unilateral.

El paso del tiempo no es en vano. Desde hace 70 años, Francia, Reino Unido, China, Rusia y EE UU, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, han cambiado ostensiblemente, y esto elimina la posibilidad de una resolución objetiva, imparcial y justa en este organismo.

La ayuda humanitaria es aceptada como el conjunto de ayudas a las víctimas de desastres desencadenados por catástrofes naturales o conflictos armados. Son las necesidades de las personas las regidoras de la acción humanitaria y no los Estados, con sus intereses políticos y económicos.

El colapso venezolano revisa todos los códigos de medición del desarrollo y de los estándares de bienestar. La economía venezolana atraviesa una severa recesión. En los últimos cuatro años, el PIB ha caído un 55%, los que nos retrotrae a los cincuenta. Entre los miembros de la OPEP, Venezuela es el único que padece hiperinflación. Los índices de pobreza revelan el porcentaje alarmante del 87% para el 2017, ya que el salario mínimo es el más bajo de América Latina. La corrupción ha llevado este cuadro a niveles aún más dramáticos. El 95% de los ingresos por exportaciones en Venezuela proviene de PDVSA. Entre 2003 y 2015, se exportaron casi 800.000 millones de dólares en petróleo, y el Banco Central recibió menos de la mitad. ¿A dónde fueron a parar esas divisas? En lenguaje prosaico, se las robaron. La crisis ha causado que entre 4 y 5 millones de venezolanos hayan salido del país desde que llegó el chavismo. La intervención humanitaria utiliza los medios diplomáticos o jurisdiccionales de solución de conflictos y determina la obligación de proteger los derechos humanos por parte tanto del Estado como de la comunidad internacional. Se concibe como la más poderosa motivación para recurrir a medios militares, tal como aconteció ante la necesidad de socorrer las poblaciones víctimas de su propio Estado en Somalia en 1993 y Libia en 2011.

La idea de un pacifismo activo cobra fuerza en nuestros días. El principio de la soberanía estatal ha cedido su preeminencia al principio de la intervención humanitaria. Esta noción hace referencia a la utilización de medidas económicas, políticas o de otra naturaleza para forzar a otro Estado a subordinar el ejercicio de sus derechos soberanos.

Ante la colisión entre la defensa y protección de los Derechos Humanos y la Soberanía y la No Intervención, prevalecen los primeros, por lo que la doctrina más avanzada señala que se debe intervenir para que no ocurra una violación sistemática. En relación a Venezuela, también se habla de la responsabilidad de proteger, mecanismo creado por la ONU en 2005 para proteger a las poblaciones en aquellos Estados en los que se violan sistemáticamente los Derechos humanos. Sin embargo, este mecanismo debe pasar por el Consejo de Seguridad y su sistema de vetos, contradice a la intervención humanitaria.

En conclusión, es un hecho que vetar acciones equilibradas y oportunamente razonadas destinadas a evitar una lesión que inflige sufrimientos indecibles podría convertir al Consejo de Seguridad en un obstáculo insuperable para el ejercicio de la responsabilidad de proteger, lo que va en desmedro de su credibilidad y legitimidad. En el caso de Venezuela, podría, más bien, resolverse la crisis en el marco de la OEA en donde su secretario general, Luis Almagro, ha contribuido decididamente a que sea una prioridad.

Profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad Carlos III