Abuela Coraje

Voy a llegar hasta el final para recuperar a mis niños», aclara con duelo en la garganta Isabel García Castaño, quien a sus 61 años ha tenido la entereza suficiente para manifestarse durante un mes a la puerta de la Consejería de Política Social del gobierno de Murcia y mantener una huelga de hambre durante nueve días. «No entiendo los motivos por los que desde hace casi dos años no puedo verles. De un día para otro, en junio de 2011, se suspendieron las visitas semanales, y un año después los dieron en acogida preadoptiva provisional a una familia. Es terrible, terrible». El mazazo lo ha recibido hace pocos días, cuando la Audiencia Provincial ha ratificado la denegación provisional del acogimiento.

Como toda tragedia, ésta también tiene un principio. El tortuoso proceso de esta abuela murciana se gesta cuando su nuera abandona a Juanma y Adrián, cuando sólo eran unos bebés de siete meses y año y medio, respectivamente, en casa de la abuela paterna. En aquel momento, vivían con Isabel sus dos hijos: el padre y el tío de los pequeños (ambos con adicciones y en proceso de rehabilitación). Tras una pequeña disputa entre ambos, acudió la Policía al hogar familiar y la Administración se hizo cargo de la tutela de los niños. Ahí comenzó la cruzada de Isabel, quien no ha dejado de someterse a todos los mecanismos de seguimiento y control que los Servicios Sociales le han ido solicitando para, al menos, visitar a sus nietos una vez por semana, en Cartagena. «Tenía que desplazarme cuarenta kilómetros, pero bien hubiera aceptado recorrer cuatrocientos, con tal de recibir sus besos».

Cada sábado, acompañada del padre de las criaturas, tenían los cuatro una reunión tutelada en la que todo parecía marchar a la perfección. Hasta tal punto que el Hogar de Infancia que les acogía emitió el siguiente informe: «Los niños desean y disfrutan con las visitas. Es un vínculo que se está reforzando por la frecuencia de las mismas y la actitud de la abuela y el padre», consta en el registro del centro, sólo un mes antes de dictarse la resolución que suspendió el régimen de visitas de la llamada «Abuela Coraje» a sus nietos en junio del 2011.

«Resulta una grave contradicción la de la Administración el hecho de que nunca impidiera a la abuela el hacerse acompañar de su hijo –padre de los menores– a las visitas y tampoco le conminara a desligarse de su relación con él, para poder ver seguirles viendo», aclara el abogado de Isabel, Pedro Luis Ortín, quien prosigue: «Si consideraban que no era bueno para los pequeños, ¿por qué no le impidieron las visitas?»

Pese a todo, como recuerda el letrado, la sentencia del Juzgado basa y posterga la desestimación de su recurso –de forma provisional– «hasta que se justifique el apartamiento real y efectivo de los maltratadores y sus posibilidades como acogedora». No se comprende la actuación que ha seguido la Administración. Primero porque, como se reconoce en los propios informes técnicos que obran en el expediente, el padre y el tío de los niños jamás dañaron a los pequeños, aunque Isabel entiende que su padre no cuenta con las condiciones óptimas para tenerlos consigo.

Libre de toda sospecha

Segundo, porque no convive con ninguno de los dos desde hace tiempo. En la confianza de ver a sus nietos «al menos los fines de semana», alquiló un piso en otro pueblo durante un tiempo, «pero nunca me los dejaron traer». Abatida, se trasladó a La Ñora, «y ahora vivo en casa de mi tía, para estar libre de toda sospecha y lograr que los niños vuelvan conmigo. Haré lo que sea con tal de volver a besar a mis nietos. Tanto es así, que si lo logro, y por lo que fuera apareciera mi hijo sin que contara con la autorización de la Administración, llegaría a tener el valor de denunciarle, con tal de que no los apartaran de mí».

Que se restablezca el régimen de visitas es lo mínimo que pide ahora la abuela: «Recuerdo el último sábado que les vi. La monja del Hogar de Infancia nos dejó más tiempo de lo normal y les dijo a los niños que me dieran un beso muy, muy fuerte. La verdad es que sonaba a despedida. Tanto es así, que el martes siguiente recibí la notificación de que no me desplazara más, pues ya no podía seguir viéndoles... Y de esto hace mucho más de un año».

En este duro ínterin, la abuela Isabel, viuda, vive en una soleada casa «inspeccionada por Asuntos Sociales», de una «maja pensión». Sólo confía en «recuperar» a sus niños en el juicio que se celebrará el 6 de marzo. «¿Tú sabes lo que se le quiere a un nieto? ¡Es el hijo de tu hijo!». Este no es un caso más. Es la narración de un drama, que sólo cobra sentido cuando es vivido de piel hacia dentro, porque, como escribió Tolstói en su novela «Ana Karenina»: «Las familias felices son todas iguales; las familias infelices lo son cada una a su manera».

30.000 niños tutelados por el estado

Según la Organización Médico-Colegial unos 30.000 niños viven en España tutelados por el Estado, bien porque se han quedado huérfanos y sin familia, bien porque llegaron del extranjero sin progenitores, o porque residían en ambientes de riesgo por violencia o pobreza severa.

De estos menores desamparados, alrededor de 13.000 viven temporalmente en hogares, mientras que el resto esperan poder ser acogidos por familias.

La cifra de menores en desabrigo es equiparable a la de familias españolas que esperan para adoptar un hijo en el extranjero. Pero son dos realidades distintas, porque no todos los niños que viven en centros de acogida en España pueden ser adoptados.