Los nuevos caudillos contra el narco

Las Unidades de Autodefensa que han aparecido en México no son un fenómeno extraño en el montonerismo latinoamericano

Como más de uno ha observado en España con abierta jactancia, la tradición de las guerrillas acentúa el aire de familia entre la América hispana y su antigua metrópolis. El latido del levantamiento peninsular de 1808 resonaba en tierras mexicanas en diciembre de 1864, cuando el gobernador del estado de Puebla, en reconocimiento a la lucha librada contra los franceses de Napoleón III por los vecinos nahuas de Xochiapulco, distinguía este poblado con el título de Villa del Cinco de Mayo –en referencia a la fecha de una heroica acción de aquella guerra, y sin que en tal nombre faltara el sabor de la gesta española. Igual que los patriotas madrileños, los indios cuatecomacos podían apuntarse la derrota de un ejército bonapartista gracias a su habilidad para formar milicias y para organizarse en el combate. El cuerpo guerrillero –el Batallón Xochiapulco– se mantendría activo mucho después de la retirada de las tropas imperiales, y habría de incorporarse a otros episodios revolucionarios de la historia del país hasta bien entrado el siglo XX.

Las montoneras y grupos armados irregulares han figurado en la vida de México al servicio de las causas más diversas: ya la de los campesinos cristeros que en la década de los años 20 defendían los derechos de la Iglesia frente a las políticas de secularización; ya la de los seguidores del pastor metodista Rubén Jaramillo, que reivindicaban, tras la institucionalización del Estado nacido de la revolución, la vuelta a los principios agraristas de aquel movimiento. Con la entrada de este 2014 se han cumplido veinte años de la aparición en escena del subcomandante Marcos, el fenómeno que cautivó a la izquierda mundial y al que hoy prácticamente se le ha perdido la pista. Quedan, como obra de su Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), las unidades llamadas «caracoles» y sus respectivas «Juntas de Buen Gobierno» (en oposición al «mal gobierno» del Estado), cuyos miembros son elegidos por hombres, mujeres y niños de las comunidades indígenas zapatistas. Todo ello constituye la forma de organización social y política de los veintinueve «Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas» (Marez), cada uno de los cuales está a cargo de un «Consejo Autónomo».

Estos territorios comprenden cerca del 15% del área de Chiapas, y en su gestión se señalan como prioridades la atención de las comunidades indígenas en salud, educación, producción-comercialización y justicia. En efecto, el EZLN presume hoy ante visitantes y turistas de logros como el «Sistema de Salud Autónoma Zapatista», las diversas cooperativas desarrolladas o la proscripción del consumo y cultivo de drogas en aquellas poblaciones. Los carteles en la entrada advierten al que llega: «Está usted en territorio zapatista en rebeldía. Aquí el pueblo manda y el Gobierno obedece».

El montonerismo hunde sus raíces en la propia génesis de las repúblicas hispanoamericanas, donde el poder se fragmentó entre los diversos focos de insurgencia que, cada uno con sus medios y bajo la espada de un caudillo distinto, habían liquidado la autoridad colonial española. Aunque los estadistas convocaron congresos constituyentes para fundar las nuevas naciones conforme a un marco de unidad política y legal, el mando fáctico de los jefes locales podía subsistir al margen del Estado gracias a la difícil comunicación entre regiones diseminadas por un territorio inmenso, inaccesibles, las más de las veces, para gobiernos centrales inestables y sin recursos. A esta tradición del caudillo hijo de la tierra y de la naturaleza feraz, que Domingo Faustino Sarmiento recreó en su célebre «Facundo» (1845), hay que añadir las características étnicas y culturales de los diversos pueblos del subcontinente, capaces de configurar un sólido alegato sobre la defensa de la identidad, que resultó terreno fértil para el arraigo de las doctrinas marxistas sobre la lucha de clases. Vinculadas, además, a formas de vida comunitarias, estas sociedades renovaron los ideales del socialismo utópico en el confinamiento de la provincia, aunque sin renunciar a la estrategia leninista de la lucha organizada. Finalmente, la aparición del narcotráfico en la vida latinoamericana supuso otro elemento de distorsión, y sin duda el más problemático, para la configuración de las relaciones entre los múltiples actores del poder.

La experiencia colombiana de las autodefensas, surgidas en los años 90 para combatir a la guerrilla de las FARC y al cártel de Medellín, mostró los estragos de la violencia paramilitar. Patrocinado por narcotraficantes rivales a la vez que convertido en instrumento del terrorismo de Estado, el fenómeno encontró su destino natural en el auge del sicariato. Como señala Elsa María Fernández Andrade, con esta deriva «se perdió la idea de amigo-enemigo y quedó sólo el hecho de matar por negocio». Tampoco puede saberse hoy en día, ante las autodefensas de Michoacán, de dónde proceden las armas que usan, o si detrás de su guerra contra el cártel de Los Caballeros Templarios se encuentra el clan de La Familia, la otra gran mafia del narco en la zona. En última instancia, la violencia sin sujeción a la ley acaba constituyendo siempre una razón en sí misma, independiente de cualquier causa o motivación. O, más bien, un servicio en permanente subasta, a disposición del mejor postor.