La «duquesa roja», una herencia envenenada

Esta semana se conocía la sentencia del juez de segunda instancia de la Audiencia de Cádiz que vuelve a dar la razón a los tres hijos de la llamada «duquesa roja»: Pilar, Leoncio y Gabriel.

Esta semana se conocía la sentencia del juez de segunda instancia de la Audiencia de Cádiz que vuelve a dar la razón a los tres hijos de la llamada «duquesa roja»: Pilar, Leoncio y Gabriel. Les reconoce la cotitularidad de una fundación que creó la duquesa de Medina Sidonia, con la intención más que probable de desheredar a sus vástagos, y condena a la viuda, Liliane Dahlmann, de 60 años, a reintegrar a la masa hereditaria los bienes recibidos días antes del fallecimiento de la duquesa cuando se apreció «un vaciamiento de bienes del caudal hereditario que no habían sido donados a la fundación». Concretamente, se refiere a una propiedad en Atlanterra, Cádiz.

Ahora la sentencia de la Audiencia de Cádiz les reconoce a los herederos un 11,3% a cada uno, más un 33,9% del tercio de mejora para el primogénito y actual duque de Medina Sidonia. En total, unos 33 millones de euros a repartir entre los tres hijos. La viuda, sin hacer declaraciones, se refugia en el palacio ducal gaditano hasta que la próxima semana se reúna el patronato de la Fundación Medina Sidonia para estudiar la situación y decidir si apelan o negocian cómo pagar esa herencia millonaria.

Cobrar la legítima

Los hijos están satisfechos porque reconoce de nuevo su derecho a cobrar la legítima de una herencia que nunca se les repartió como debiera porque su madre hizo todo lo posible para que no la recibieran. «Estoy muy contenta porque se reconocen nuestros derechos», cuenta Pilar González de Gregorio a LA RAZÓN, en voz baja porque va en el autobús de línea camino de su casa palacio y no quiere llamar la atención. «Nadie nos puede quitar la legítima. Esa señora dice que era la voluntad de mi madre, pero eso no puede ser porque hay que hacer caso de la legalidad. Ella querrá prolongar esta situación y seguro que recurrirá», presupone.

El patronato de la fundación está compuesto por los representantes del Ministerio de Cul-
tura, la Junta de Andalucía, la Diputación, el Ayuntamiento de Sanlúcar, un catedrático de Sevilla, el actual duque de Medina Sidonia y Liliane Dahlmann. A la reunión no se sabe si acudirá Leoncio, el mayor de los Medina Sidonia, miembro del patronato y, por tanto, demandado y, a la vez, demandante, en su papel de heredero en litigio de su legítima y del tercio de mejora.

En esa reunión decidirán los pasos a seguir con respecto a la sentencia. Lo previsible es que recurran. «Estudiaremos la sentencia y probablemente se interpondrá un recurso de casación ante el Tribunal Supremo», explica José Gómez, abogado de la viuda. Se da la circunstancia de que el actual duque y la viuda son demandados, al ser miembros del patronato, y también demandantes, como herederos en litigio. Decidirán qué hacen a la vista de la declaración que dicta el juez sobre la cotitularidad de los herederos, «que es algo que no habían pedido ni Gabriel ni Pilar. La sentencia les reconoce un derecho sobre la participación de los bienes. Tienen un derecho, pero no pueden disponer de ello porque son bienes indivisibles y están declarados Bien de Interés Cultural (BIC) con la máxima protección. Sí, los herederos tendrán un tercio de la legítima estricta y Leoncio el tercio de mejora, pero el usufructo de este tercio es de Liliane».

Bienes proindivisos

El tercio de libre disposición sigue siendo para la Fundación. Su portavoz legal plantea la cuestión que debaten todos: «¿Cómo se reparte esto? Pues es imposible porque no se pueden dividir los bienes. No creo que con esta sentencia los herederos salgan mejorados porque no pueden percibir nada. Lo único es que se les reconoce que son propietarios de unos bienes proindivisos declarados Bienes de Interés Cultural».

Ante esta tesitura, Pilar de Gregorio apunta una solución: «Llegar a un acuerdo con las administraciones públicas, pues son bienes protegidos y el archivo más importante que existe en España. Esto tendrían que tenerlo en cuenta las administraciones porque es un patrimonio importantísimo para nuestro país. El grueso de mis bienes, por valor de 5 millones de euros, está en esa fundación. Lo que diga esa señora ni lo contemplo ni me concierne. Yo tengo mi propia defensa y, por eso, voy con mi propio abogado. Asimismo, hay una propiedad en Atlanterra que está fuera de la fundación y que es también objeto del pleito y sobre la que tengo derechos, junto a un dinero en metálico, pero que en cualquier caso no sería suficiente para cubrir los 5 millones de la legítima que me corresponden».

Poca liquidez

Ahora se tendrá que interponer el recurso de apelación o dilucidar cómo se paga a los herederos y a la viuda, que es, a su vez, presidenta de la fundación. Cuentan con un rico patrimonio, aunque con poca liquidez. La fundación es legal solo en un tercio, el resto es inoficioso porque, como declara Pilar de Gregorio a LA RAZÓN, «ahí están los bienes que nos corresponden por valor de cinco millones para mi hermano Gabriel y para mí, y 16 para Leoncio, porque mi madre le dejó el tercio de mejora, el resto, hasta los 33, le corresponderá a Liliane. Además, cuando se ejecute la sentencia, yo tendré que pagar el 46% de impuestos. Hay que ir con paciencia. Tengo que estudiar detenidamente los 100 folios de la sentencia con mi abogado para ver qué hacemos porque lo más seguro es que la otra parte recurra, aunque lo interesante sería que todo siguiera junto, pero lo que está claro es que el 11% siempre será mío y lo ideal en mi caso sería negociar con las administraciones».

En la sentencia en primera instancia se dejaba claro que hubo una venta ficticia de dos inmuebles, dos fincas unidas en la urbanización Atlanterra, en Zahara de los Atúnes, con la intención de desheredar a los hijos. Al parecer, jamás la viuda pagó cantidad alguna por esa propiedad al resto de herederos. Ni con el dinero en metálico que quedó a la muerte de la duquesa ni con la propiedad de Atlanterra –que habría que repartirla entre los cuatro, quedando una pequeña parte en usufructo para Dalhmann– se llegaría a cubrir el montante de la legítima que les corresponde a los tres hijos.

Una estrategia sin éxito

La apodada «duquesa roja» quería desheredar a sus tres hijos y pensó en una fórmula: crear una fundación. El problema vino cuando la dotó con todos sus bienes, sin apartar los que deberían ser la herencia legítima de los hijos. Solo es legal un tercio de ella, el de libre disposición, que es del que podía disponer como quisiera la duquesa, pero ella utilizó todo el patrimonio –incluido lo que debería ser para sus hijos–, a sabiendas de que nadie puede ser despojado de su herencia legítima. La Justicia, en una primera sentencia, reconocía que la fundación es inoficiosa y solo sería legal en un tercio. Deja claro que no se puede usar una fundación para desposeer a los herederos del tercio que les corresponde por ley y que el Código Civil reconoce ya se trate de nobles o plebeyos. ¿Por qué les corresponden 33 millones de euros cuando estimaban que sería una cantidad mayor? Porque el grueso más importante es el archivo de la Casa Medinasidonia, un bien con una valoración intangible. ¿Cuánto vale una carta de Cristóbal Colón o las capitulaciones de la reina Juana? Un experto valora los documentos, pero cuando salen a subasta las cifras son abiertas. Además, están protegidos al estar declarados Bien de Interés Cultural (BIC) y deben permanecer unidos, como así quieren los hijos y se supone que también la viuda, pareja de la duquesa desde poco después de su llegada a España para asistir a la boda del hoy duque de Medina Sidonia, Leoncio. Ella era amiga de la novia y asistió a las nupcias. Tanto le gustó Sanlúcar y su gente que ahí se quedó con Luisa Isabel Álvarez de Toledo en el palacio ducal, donde, pocas horas antes de morir la duquesa, se casaban «in articulo mortis», convirtiéndose así en su viuda.