35 horas: La Junta tropieza en el quiebro al TC con sindicatos y oposición

La última sesión parlamentaria del año ya no se parece a las de antes. Nadie coge la guitarra ni los grupos cantan villancicos frente al palomar de la Cámara. La tradición se ha torcido además con la aprobación de los Presupuestos en otoño. Los de Andalucía de 2018, que salieron adelante a finales de noviembre, fueron los más tempraneros de España. Eso le ha dado un impulso definitivo a Susana Díaz, que cuenta con gasolina suficiente para llegar a las elecciones de 2019. Sin embargo, el poco ambiente de concordia navideña se ha disipado en estos compases finales del año. Los dos últimos plenos han sido de los más broncos de la legislatura. El presidente del PP-A trató ayer sin éxito de que Susana Díaz le repitiera «en la cara» la acusación de que tenía los «la mandíbula de cristal y los bolsillos oscuros». «No estoy dispuesta a repetir el debate de la semana pasada. Si viene a lamerse las heridas, ése es su problema», le respondió de vuelta la presidenta de la Junta. Con todo, el asunto central que planeó en el Pleno de ayer fue la decisión de la Junta de driblar al Gobierno en el cumplimiento de la jornada de las 37 horas y media. Arreciaron las críticas por parte de la oposición y también de los sindicatos por la solución «chapucera» que se ha adoptado. El balón, en cualquier caso, está en el tejado de quien pretendía la Junta cuando aprobó unilateralmente a principios de año la rebaja de la jornada laboral. Susana Díaz acusó a Rajoy, a Montoro y a Juanma Moreno de querer «poner en la calle» a 8.000 trabajadores andaluces. Otro diputado del PSOE llegó incluso a comparar al presidente del Gobierno con Mr. Scrooge, uno de los personajes avaros y sin corazón de Charles Dickens protagonista de su «Cuento de Navidad».

Susana Díaz repitió en la Cámara autonómica que su gobierno acata la sentencia del Tribunal Constitucional, que obliga a la región a volver a la jornada de 37 horas y media, pero que sigue adelante su plan acordado con los sindicatos para que las dos horas y media adicionales computen como trabajo en casa. La solución no es sencilla. De hecho, Díaz tuvo que recurrir a una suerte de trabalenguas para explicar lo que va a hacer: «las 35 horas –adujo– son una apuesta de la Junta, en el marco de las 37 horas y media a las que obliga el Tribunal Constitucional». Andalucía no es la única comunidad gobernada por el PSOE que trata de sortear los imperativos del Alto Tribunal. El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, también explicaba ayer por la mañana en Onda Cero su plan «b» para convertir las prestaciones sanitarias a inmigrantes en una ayuda personal en lugar de en un derecho. La ruta alternativa trazada en Andalucía no contenta en cualquier caso ni a la oposición ni a los sindicatos situados al margen del acuerdo ratificado el lunes. El presidente del PP-A habló ayer de «espectáculo», «chapuza» y «fullería». «Ha engañado a los funcionarios –deslizó Moreno– para utilizarlos electoralmente. ¿Y ahora qué? Mucho bla, bla, bla y no hace nada. Se le va la fuerza por la boca».

El Sindicato andaluz de Funcionarios (SAF) ya se expresó en términos muy duros el martes. Ayer se sumó la CGT y el Sindicato Médico. Este último criticó el «montaje» de la Junta con las 35 horas y adelantó que no va a «permitir otra situación discriminatoria en relación con otros colectivos». Esta afirmación tiene que ver con el control del teletrabajo que pretende la Junta. En el sector educativo es más fácil. De hecho, buena parte de la jornada laboral ya se computa como trabajo en casa, pero en la sanidad y en la administración central es más difícil.

La fórmula final la llevará la Junta en forma de decreto al Consejo de Gobierno la próxima semana. En San Telmo están convencidos de que no habrá dilación. Entretranto, la Consejería de Hacienda le ha enviado al Tribunal Constitucional el documento consensuado con los sindicatos para tratar de cubrirse las espaldas. Así lo repitió ayer la titular del ramo, María Jesús Montero, quien defendió la «seguridad jurídica» del acuerdo. En este punto convendría tener en cuenta que el Tribunal Constitucional ya se ha negado en anteriores ocasiones a aclarar sus sentencias. Ocurrió por ejemplo tras el pronunciamiento en contra de que los alcaldes y presidentes de diputación pudieran ser parlamentarios, una medida que sacó adelante el ex presidente Griñán. El Partido Popular reclamó una aclaración de la «letra pequeña» de la sentencia y el TC se negó.

El momento más tenso de la sesión llegó cuando el presidente del PP-A invitó a Susana Díaz a que le explicara por qué dijo en la última sesión, cuando Moreno ya había consumido su último turno, que tenía los «bolsillos oscuros». Esta acusación personal molestó especialmente al dirigente popular, quien trató en vano de defenderse hace seis días porque el presidente de la Cámara le negó la réplica. «Cuando no tiene argumentos, lanza estas insidias», deslizó en un tono más vehemente que de costumbre. Moreno aseguró que Díaz ha tenido en su despacho el expediente de escolarización de sus hijos y en la Junta miran «hasta donde me hago las radiografías». «Deje de lanzar insidias y no vaya de farol. Se lo digo por última vez», lanzó.

La presidenta no respondió a la aclaración. «Lo que ha hecho es lamentable. Sólo puede verbalizar algo así quien es capaz de hacerlo. El PP quiere ganar en los juzgados lo que no gana en las urnas».