50.000 euros de «factura» judicial para reclamar un millón a la Junta

Los colegios concertados con ayudas para comedor temen el coste de ir a los tribunales, a lo que Educación les aboca para cobrar la deuda

Entramparse para reclamar una deuda millonaria a la Consejería de Educación. Ése es el dilema al que se enfrentan los colegios concertados andaluces situados en zonas desfavorecidas socialmente cuyos comedores, subvencionados durante 20 años, acumulan 19 meses de impagos de la Junta. En principio, son ocho los afectados: seis en Granada, uno en Huelva y otro en Málaga.

Su localización les hacía beneficiarios de una línea de ayudas que sustentaba el servicio de comedor para su alumnado. Los menores, procedentes de familias con dificultades económicas, tenían así garantizado el almuerzo, «su única comida del día». Una situación que dio un vuelco hace dos años pero ha saltado de forma pública recientemente, tras verse abocados los titulares de los centros educativos a denunciarlo ante el incumplimiento reiterado de la Consejería. La deuda ronda el millón de euros; el coste para reclamarlo judicialmente se dispararía hasta los 50.000, a tenor de los cálculos realizados por los asesores jurídicos –ya que las costas se establecen en función de la reclamación económica–. Una «factura» que atenaza a los afectados por cuanto comprometería aún más su posición en caso de que judicialmente se les denegase la razón.

El procedimiento para las ayudas se iniciaba en octubre, con una solicitud a la Junta para tal fin. «El comedor se ponía en marcha pero sabíamos que el pago se aprobaba a principio de año y se liquidaba normalmente en mayo», detalla Manuel Marchante, responsable de la patronal de Escuelas Católicas de Andalucía (ECA) en Granada. Con casi un curso completo de retraso pero con la certeza de que recibirían el dinero, los centros servían sus comidas. Hasta que llegó el curso 2013-14. «Ese dinero se cargaba al Plan de Educación Compensatoria y lo mismo que se enviaban profesores de apoyo, se incluían esos pagos para la comida. Pero llegó junio de 2014 sin que tuviéramos respuesta de la Consejería y comenzamos a preocuparnos», relata Marchante. En conversaciones telefónicas les comunicaron que la intervención de la Junta estaba poniendo dificultades al procedimiento seguido hasta entonces aduciendo «problemas jurídicos» pero sin notificarlo más que verbalmente.

De la reunión en la sede del Defensor del Pueblo Andaluz con la consejera, Adelaida de la Calle, el día 28 de septiembre, se extrajo un compromiso por el que la Junta modificará el decreto-ley 7/2013, de 30 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social en Andalucía, donde se incluía el Plan de Garantía Alimentaria.

En esa misma cita, aseguran los titulares de los centros que recibieron la «invitación» de la consejera de acudir a la vía judicial para reclamar los atrasos, como única opción para que la Junta abone los pagos de los dos cursos previos –para el 2015/16 se da por hecho que se solucionará con el cambio legislativo–. Pese a todo, no desconfían de la «buena voluntad» del Gobierno andaluz. «Ya nos discriminó con el reparto gratuito de ordenadores para el alumnado de la concertada, pero esta vez parece un ‘quiero y no puedo’ más que un ‘puedo y no quiero’ como otras veces», admite el representante de ECA.

La modificación del decreto-ley requerirá entre dos y tres meses para que supere todos los trámites parlamentarios. ¿Y mientras?