¿A quién pide prestado la Junta de Andalucía?

Sobre la mesa del Parlamento de Andalucía está el Proyecto de Ley de Presupuestos para 2019 y lo está con verdaderas dificultades de salir adelante. De todas las partidas que suman los casi 37.000 millones de euros de gasto o de ingreso (según se mire el documento), hay una de más de 4.600 millones sobre la que se presta menos atención de la debida. Se trata del dinero que entra en la caja de la Junta de Andalucía consecuencia del endeudamiento al que prevé recurrir para poder atender sus pagos. A tenor de la magnitud de la cifra merece la pena preguntarse: ¿Quién presta el dinero a la Junta de Andalucía?

La respuesta no se encuentra en el documento presupuestario pues a diferencia del detalle con el que se presentan las partidas de gasto y de ingreso convencionales, los ingresos procedentes del endeudamiento aparecen en el Capítulo 9 del presupuesto de ingresos pero sin apenas mayor detalle cuando se entra a fondo en el documento.

La mayor parte de los 33.867,5 millones de euros que la Junta de Andalucía debía en 2018 (35.409 según el Banco de España), se los debía al Estado español. Específicamente, el 90,35 por ciento de la deuda está contraída en forma de préstamos y sólo el 9,65 por ciento en forma de deuda pública emitida. Además, la evolución de ambas formas de endeudamiento sigue trayectorias absolutamente dispares y así entre 2014 y 2018 los préstamos pasaron de representar del 84,55 por ciento del total de la deuda al mencionado 90,35 por ciento.

Para entender lo anterior no basta con tener en cuenta que colocar deuda pública regional sigue siendo difícil debido a la todavía elevada calificación de su riesgo (Baa2 -Moody’s-, BBB+ - Standard & Poor’s- y BBB- según Fitch) sino que principalmente hay que poner el foco en la facilidad para acceder a los mecanismos extraordinarios de liquidez habilitados por el Estado español a raíz de la crisis iniciada en 2008. Efectivamente, si comparamos la cifra de los 4.670 millones que se prevén ingresar vía endeudamiento con la que procede del Fondo de Liquidez Autonómico o de la ahora denominada Facilidad Financiera, las cifras son absolutamente próximas; la última ha sido un préstamo de 4.012 millones en 2018.

No menos importante es tener en cuenta que la mayor parte del endeudamiento anual de la administración regional está destinado al pago de la deuda pública que vence en cada año. El vencimiento medio de la deuda pública regional es de 4,11 años. El 12,67 por ciento es deuda pública con un vencimiento menor al año y el 28.63 por ciento hay que devolverlo en un plazo máximo de tres años.

La carga financiera de la deuda autonómica se situó en 2018 en el 15,18 por ciento del presupuesto liquidado. La carga se mide por la suma de los gastos financieros (capítulo 3 del presupuesto de gastos) y la amortización del capital (capítulo 9) y en definitiva representa el porcentaje de los ingresos corrientes que son destinados a cubrir los gastos financieros de la Junta de Andalucía. La cifra está lejos del límite del 25 por ciento establecido por la Ley pero en su cómputo no se incluye, por ejemplo, la deuda comercial que en opinión del Banco de España sí debería computarse como deuda financiera.

En definitiva, tanto los ayuntamientos como las comunidades autónomas han pedido prestado al Estado español; la única institución con solvencia para colocar con éxito nuevas emisiones de deuda pública. Es importante que esto se sepa y no sólo para Andalucía, sino principalmente en Cataluña, que es la región más endeudada de todas con una cifra de 78.732 millones de euros. Deuda que se financia con préstamos procedentes del Estado español y cuyo uso, en una parte no pequeña, está siendo objeto de varios juicios.

* Catedrático de la Universidad de Sevilla y profesor de la Universidad Autónoma de Chile