Absuelta la última «okupa» de la «Corrala Utopía»

La Audiencia considera «difícil de sostener» la usurpación de la vivienda debido a que «la ocupación llegó a ser tolerada» por los propietarios

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha estimado el recurso de apelación de la última «okupa» de la Corrala Utopía de Sevilla con proceso abierto contra la sentencia del juez de lo Penal 7 y la absuelve del delito de usurpación. La sentencia es firme y no cabe recurso. Anteriormente había sido condenada al pago de unos 360 euros. La «Corrala Utopía» se convirtió en uno de los símbolos del movimiento antidesahucios y coincidiendo con la ascensión a la Junta de IU, en coalición con el PSOE, fue motivo de disputa entre los socios a cuenta de la intención de la Consejería de Vivienda de realojar a los afectados. Fueron denunciadas unas 50 personas.

La sentencia recurrida señalaba que antes del 18 de mayo de 2012 «la acusada, movida por su falta de ingresos, se introdujo, de modo no precisado, en una vivienda no habitada, perteneciente a unos bloques» de la Avenida de las Juventudes Musicales de Sevilla, «haciéndolo sin la autorización de su dueño» y «permaneció en el inmueble contra la voluntad de su titular hasta que se produjo el desalojo forzoso. No consta la causación de daños». Se condenó a la recurrente «como responsable de un delito de usurpación, con la circunstancia atenuante analógica de estado de necesidad, a la pena de tres meses de multa con cuota diaria de 4 euros previéndose para el caso de impago una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas y al pago de costas».

«Negociaciones»

Las viviendas «estaban en su mayoría ocupadas, sin consentimiento de la propiedad, por una serie de personas y familias que se erigieron en colectivo organizado y se autodenominaron «Corrala Utopía». La acusada, para acceder a la vivienda, no contó con la autorización de la empresa propietaria, que entonces era Nova Maexpa». Posteriormente, «esta empresa vendió el edificio» a una sociedad perteneciente al Grupo Ibercaja. Los propietarios, señala la sentencia, «con vistas a orientar el desalojo de sus moradores hacia la consecución de viviendas alternativas», iniciaron «negociaciones con todos ellos, incluida la acusada, con la participación de la matriz Ibercaja, la cual intentó encauzar la solución propuesta a través de la obra social». Durante esas negociaciones, en las que participaron representantes de diversas administraciones, incluso se llegó a firmar un contrato «por el que los ocupantes se comprometían a desalojar el edificio en el plazo de un mes, prorrogable de común acuerdo, en cuyo plazo Residencial Murillo e Ibercaja se comprometían a gestionar la consecución de viviendas y de las ayudas que pudieran ser precisas para que las familias que estuvieran en situación de necesidad pudieran ser realojadas». Una vez se hubiera alcanzado un acuerdo, en cuanto a la forma en que pudieran ser realojados en otras viviendas, e iniciado el desalojo, Ibercaja se comprometía a presentar escrito de desistimiento del proceso penal instado. La acusada tenía informe favorable en los Servicios Sociales sobre riesgo de exclusión social. La Audiencia señala que las pruebas demuestran que «la ocupación llegó a ser tolerada por la empresa propietaria, que permitió activamente su estancia en el inmueble hasta tanto se encontrara una solución alternativa a su precaria situación» y considera que «castigar como dolosa la permanencia en el inmueble de la acusada cuando ella sabía que se estaban realizando por parte de la empresa propietaria actos orientados a encontrarle una vivienda alternativa, permitiendo que, mientras tanto, quedara en el inmueble ocupado, para lo que incluso intentó la propiedad conseguir licencia de primera ocupación que posibilitara el suministro de agua y luz en el mismo, es difícil de sostener».