Advierten a la Junta de las lagunas de la nueva ley de discapacidad

Las familias de niños con trastornos ven la nueva norma como una «farsa» si los derechos que recoge se supeditan a disponibilidad presupuestaria

Susana Díaz comenzó el viernes en lengua de signos su intervención en el X Aniversario de la Fundación ONCE para personas con sordoceguera. El Gobierno andaluz trata de demostrar su sensibilidad social y su apuesta por la inclusión. Esta misma semana, el Parlamento ha dado voz a los agentes sociales para la puesta en común y análisis del Proyecto de Ley de los Derechos y la Atención a las personas con Discapacidad. Una norma que parte de los avances conseguidos con la ley de 1999, hoy vigente, y cuyo desarrollo se concreta en un presupuesto anual que supera los 1.300 millones. Resulta loable el objetivo de avanzar hacia una sociedad más justa, inclusiva y accesible que vaya más allá del enfoque asistencial, pero también es factible reforzar unos cimientos que tienen carácter preventorio en lugar de reparar sólo el tejado a marchas forzadas. Y no se hace.

De los más de 8 millones de andaluces, más de 725.000 presentan alguna discapacidad (o limitación si son menores de 6 años). El 9,1% de la población se considera por tanto dependiente. No se trata de un asunto menor. Al contrario, dada su relevancia cobran importancia las aportaciones de las organizaciones afectadas.

Antonio Guerrero fue el encargado de realizar las aportaciones de la Plataforma de Atención Temprana. En su discurso dejó claro que «una buena ley de Atención Temprana puede y debe ser el prólogo de una buena ley de Personas con Discapacidad», aunque no esté escrito por culpa del PSOE y C’s, que rechazaron su aprobación. Bajo su punto de vista, «no se entiende que haya un decreto» para los menores de cero a seis años con trastornos y «una ley para discapacidad», negando que sean considerados enfermos, «como se quiere hacer ver».

No se trata a estas alturas de hablar de «solidaridad» sino de «reconocimiento de derechos» de afectados y familias, explicó Guerrero, reclamando «modificaciones sustanciales» en el proyecto de ley en este aspecto para evitar que sea «una farsa». «Si no hay intervención inmediata sobre los menores que cubran todas sus necesidades, la recuperación no llegará», porque en algunos casos no sólo mejora la situación de incapacidad sino que se revierte. En resumen, la plataforma se pregunta de qué sirve una ley si los derechos que recoge no se disfrutan desde el primer día y están sujetos a disponibilidad presupuestaria.

Como aportación a la ley, la plataforma ofrece la posibilidad de reorganizar el sistema y no reducir la Atención Temprana a los menores entre cero y seis años. «¿Se conoce el porcentaje de patologías resueltas en esa franja de edad? ¿Deja de tener un menor con Síndrome Down, Asperger o Autismo el trastorno al cumplir esa edad?». Por ello propone una Atención Temprana o Primera Infancia, de cero a seis años; una Segunda Infancia, de 7 a 12 años –en la que los conceptos salud y educación están unidos– que requiere «con urgencia» una ley específica par personas con necesidades educativas especiales y otros colectivos a proteger; y un tercer estadío de 13 a 17 años que sea llamado Adolescencia. Se trata, en definitiva, de que esta personas «alcancen su mayor desarrollo y puedan incorporarse al mundo laboral», dejando de ser «pensionistas» para ser «cotizantes». «En Francia el colectivo autista aporta el 1% del PIB; si ellos son capaces, los nuestros también», añadió Guerrero. Por ello propusieron que las personas con discapacidad «no sean obligadas a dejar los estudios con 21 años si no han obtenido un título en la FP», y otras medidas como la supresión del impuesto de sucesiones en las personas con discapacidad como pide la Federación Andaluza de Síndrome de Asperger.

Guerrero llega a la conclusión de que la Ley es «una oportunidad perdida, un quiero y no puedo o un puedo pero no quiero», pues establece «ciudadanos de segunda» y «únicamente garantiza que seguirán siendo personas discapacitadas».