Agricultores jóvenes tardan dos años en acceder a las ayudas

COAG alerta de que la «excesiva demora» para adjudicar y pagar las subvenciones compromete la creación de nuevas empresas

«Hay agricultores jóvenes que pidieron subvenciones en 2015 y las han cobrado en 2017. Esa demora lleva a la ineficacia de la ayuda pública». Para la Unión de Agricultores y Ganaderos COAG Andalucía es inasumible que el proceso desde que se convocan hasta que se materializa el primer pago dure dos años. Ha ocurrido con la de 2015 y la de 2016 avanza en la misma dirección, incluso ampliando ese tiempo. «Se debe agilizar la gestión porque si se retrasa en exceso puede frustrar las iniciativas», advierte su secretario general, Miguel López. La primera arrancó en junio de 2015 y los beneficiarios no se conocieron de forma definitiva hasta mayo del año siguiente.

El primer pago debía realizarse como máximo en los diez meses siguientes, con un desembolso de la mitad de los noventa millones repartidos entre 1.492 agricultores para la puesta en marcha de su primera explotación. Prácticamente la mitad de los solicitantes quedaron excluidos por falta de presupuesto. Con respecto al nivel de ejecución de los pagos asociados a la convocatoria de 2015, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural detalla que se han abonado 28,47 millones, un 20% del total programado –la media nacional es del 11%–. En teoría, el desembolso debería haber alcanzado la mitad, pero «un importante número de solicitantes con resolución de concesión favorable no ha cumplido con los requisitos exigidos para el cobro», según aclaró a LA RAZÓN la propia consejería.

Son subvenciones que oscilan entre los 30.000 y los 70.000 euros por proyecto –60.300 de media–. Para el segundo pago, del 25%, fija un límite de 19 meses, que se cumplirán en noviembre y debe haberse acreditado la condición de agricultor activo. El 25% restante se pagaría antes de cuatro años, tras comprobarse la ejecución del plan empresarial aprobado. Existe además el compromiso para no perder la ayuda de mantener la actividad durante al menos cinco años. La convocatoria de 2016, abierta en junio de ese año, todavía está pendiente de la adjudicación definitiva pese a que han transcurrido diecisiete meses. Cuando se publique, empezará a contar el plazo de diez meses estipulado para abonar 32,5 de los 65 millones concedidos. De ella surgirán 475 empresas y más de ochocientas solicitudes que cumplían los requisitos han quedado fuera. Un millar más fueron descartados por no ajustarse a las condiciones exigidas.

En solo dos años se han comprometido 155 millones en el apartado de nuevas empresas agrarias. En el período 2007-2013 la aportación fue de 39,6 millones y llegó a 743 interesados, según datos facilitados por COAG. El crecimiento es evidente –la cantidad se ha cuadriplicado–, pero la tardanza en gestionar la concesión está mermando su efectividad. Estas subvenciones proceden mayoritariamente de la Unión Europea, a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), en un 90%, y la Junta contribuye con un 10%. Tras conocerse los Presupuestos de 2018 en la comunidad, hay otros aspectos que preocupan en COAG. El primero es la «falta de previsión» sobre las consecuencias que la escasez de lluvia está provocando tanto en la agricultura como en la ganadería. «La sequía no es algo que empieza y acaba en una campaña. Desde hace dos años la pluviometría está por debajo del nivel medio y ahora está alcanzando un nivel extremo –recuerda López–. Llueve de forma irregular, no de acuerdo a lo que necesita la cosecha. Hemos pasado un verano sin pasto y el otoño igual. Todo el ganado se sustenta con heno o pienso y eso supone un sobrecoste, además de que ha habido que adquirir agua para los abrevaderos porque los pozos están secos. Es muy difícil que salgan los números». La consejería solo habría reservado dos millones específicamente para afrontarla. «Hay que abordarla de manera estructural e insistir en sectores que no tienen acceso a financiación por la situación delicada en la que están», advierte el secretario general de COAG, que propone articular líneas de crédito a interés cero. «Lo razonable sería que se activara la Mesa de la Sequía con el Estado y las comunidades autónomas para abordar medidas fiscales específicas».

López lamenta también que Andalucía haya perdido peso en el reparto de fondos europeos, cuya reducción cifran en 900 millones respecto al período anterior (2007-2013), con un recorte medio a las explotaciones de un 13%. «El sector está muy endeudado y no se han tenido en cuenta cuestiones como la renta media», protesta, asegurando que el reparto choca con el hecho de que la comunidad sostiene gran parte del empleo agrícola. En este sentido, confía en que los estudios para introducir cambios en los reglamentos comunitarios conlleven mejoras. López considera que establecer el tope del nivel de ayudas en unos cien mil euros por explotación sería «positivo» porque «repartir subvenciones millonarias no tiene sentido» si recaen en pocas manos. Desde COAG ven también como un gran avance los pasos que está dando Francia para establecer una ley de precios mínimos en los productos de origen que permita proteger a agricultores y ganaderos. «Esto retendría las oscilaciones de precio para los consumidores. A nadie se le ocurre abrir al tráfico una vía sin señalizar –compara–. Esa ley sería como poner señales al mercado».