Al banquillo una trama que recibió 5 millones pese a que la Junta dice que el «globo se desinfla»

Una jueza de Sevilla abre juicio oral contra nueve acusados por desviar fondos de los cursos. La Fiscalía reclama entre 12 y 8 años de cárcel.

El caso de la formación no se desinfla. O al menos, no lo hace de manera generalizada, pese a los mensajes que trasladan desde la Junta de Andalucía y el PSOE. Este mismo lunes, el consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, insistió en esta tesis y apuntó que «afortunadamente, el globo de la formación está desinflándose». Sus palabras estaban respaldadas por el archivo de algunas causas en varios juzgados, al apreciar los instructores sólo irregularidades administrativas. Sin embargo, no en todos los procedimientos los magistrados están actuando de la misma forma.

Así, la jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla ha acordado la apertura de juicio oral contra nueve personas por los presuntos delitos de fraude de subvenciones y delito continuado de falsedad en documento mercantil. Están acusados de organizar una trama que logró la concesión de subvenciones de la Junta de Andalucía para programas de formación que durante tres años –de 2010 a 2012– sumaron más de 5,6 millones de euros. Las irregularidades no eran meras incidencias o discrepancias administrativas y la jueza habla en sus conclusiones de «dinero defraudado» a través de, entre otras cosas, «simulación de la cesión del servicio de docencia, junto con la duplicidad en las horas facturadas, y operaciones de ampliación de capital que no son sino mecanismos ficticios».

El principal responsable de esta supuesta trama es José Sivianes. Este empresario acudió a la comisión de investigación parlamentaria, aunque no contestó a las preguntas de los grupos políticos. El lunes es la fecha límite para que los partidos entreguen sus conclusiones, aunque el PSOE ya ha advertido que no aprecia ninguna responsabilidad política en este fraude.

A juicio de la instructora, Sivianes no actuó solo. También ordena la apertura de juicio oral contra su mujer, Ana María Rodríguez. Juntos, y a través de la sociedad vinculada Formación Integral para el Empleo, prepararon «un entramado documental que permite justificar ante la Administración autonómica los gastos –en un porcentaje del 80% como gastos de profesorado y del 20% como gastos de material– para recibir las subvenciones». El negocio estaba en que «buena parte de los gastos justificados sólo corresponderían a un treinta por ciento de los importes facturados, habiendo defraudado importes superiores a los 120.000 euros en los ejercicios fiscales del 2011 y 2012». Los cursos se hicieron, pero el coste real de los mismos era menor.

Para el empresario, su mujer y la sociedad Formación Integral para el Empleo SL se establece una fianza de tres millones de euros –un millón para cada uno– para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérseles.

Los otros siete encausados eran necesarios para justificar las ayudas de la Junta. Uno de ellos, Víctor Manuel Fernández emitiendo facturas y presupuestos irregulares» para «minorar irregularmente las cantidades a ingresar por el impuesto de sociedades». La jueza concluye que Sivianes, con el asesoramiento de Manuel Fer-nández, actuó a través de una sociedad –Asedesa– que simulaba la cesión del servicio de docencia. Es aquí donde entran en juego el resto de miembros de la «trama», personas encargadas de contratar a los profesores, facturando a continuación a Formación Integral para el Empleo: Nuria Hidalgo, María José Mancilla, José Carlos Pérez, Ana María Ramírez y Antonio Torres.

En el auto en el que la jueza finalizó su investigación, citó que éste último, Antonio Torres, era «el mayor proveedor irregular de servicios de cesión de horas docentes». El escrito apuntaba que en «las declaraciones de operaciones con terceros el único cliente de Antonio Torres es José Sivianes» y figuran entradas vinculadas a actividades de formación por importe de 661.000 euros, «sumando transferencias y cheques». La magistrada concluye que su colaboración era superior al resto de «moduleros» y recuerda el hecho de que el padre de éste, Antonio Torres García, «trabajaba en el organismo público pagador de las subvenciones».

Torres García es un histórico dirigente socialista que fue alcalde de la localidad sevillana de Lebrija. Estaba contratado en la Fundación Pública Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), dependiente de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Este ente público y el propio desempeño del ex alcalde en ella es objeto de otra investigación judicial.

La Junta de Andalucía, pese a que niega existencia de fraude en relación con los cursos de formación, está personada en la causa como acusación particular, y en su escrito sí apunta a la existencia de un delito en fraude en subvenciones y de falsedad en documento mercantil.

La Fiscalía de Sevilla solicitó en marzo 12 años de cárcel para José Sivianes como autor de dos delitos de fraude de subvenciones y cooperador necesario de un tercer delito continuado de falsedad en documento mercantil, mientras que para los otros ocho acusados reclamó penas de entre 6 y 8 años por estos mismos delitos.