Alaya imputa ahoraa una ex cargo de la lonja absuelta por la «mordida»

La ex directora de Estructura de Mercasevilla Regla Pereira tendrá que volver a declarar en el marco del «caso Mercasevilla», después de que un jurado popular la absolviera de una de las ramificaciones del caso, la relativa a la petición de una comisión ilegal de 450.000 euros a unos empresarios. En esta ocasión, está imputada en la causa del delito societario, por la que la jueza Mercedes Alaya la ha citado a declarar el próximo día 22. La magistrada sospecha que Pereira podría haber realizado pagos en relación a una beca de 24.000 euros concedida a Carmen Vela, hija del ex presidente de la Asociación de Mayoristas de Pescado de la lonja, para estudiar diseño gráfico en Londres. Esta imputación se produce después de que el pasado 27 de diciembre el testigo Leonardo Antonio Guerrero declarara que los dos ingresos efectuados para el pago de dicha beca se realizaron «por orden de su jefa, Regla Pereira».

En esta rama del caso ya hay imputadas un total de siete personas, entre las que se encuentran los ex directivos Fernando Mellet y Daniel Ponce y la ex directora del área económica y de contabilidad Pilar Giraldo por delitos de malversación, delito societario, apropiación indebida y fraude y exacciones ilegales.

Por otra parte, ayer declararon los funcionarios de la Agencia Tributaria que realizaron el informe pericial sobre las cuentas de Mercasevilla, que ratificaron el contenido del documento. Entre otras cuestiones, estos funcionarios pusieron de manifiesto el gasto de 31.528 euros realizado entre 2007 y 2009 por el ex director general de la lonja Fernando Mellet con la tarjeta VISA que tenía asociada, aunque sólo fueron justificados 6.513 euros.

También recogieron un pago de 6.000 euros sin retención del IRPF de un viaje del juez Baltasar Garzón a Sevilla para participar en un foro jurídico, alojándose en el hotel Alfonso XIII.

Otro punto caliente de la contabilidad de la lonja es una factura de 150.000 euros que fue abonada el 24 de febrero de 2006, es decir, once días después de que se adjudicara el concurso sobre los suelos a Sanma. Los peritos de Hacienda no han podido relacionar dicha partida con ninguna causa o ingreso conocido, «lo que no significa que no exista». Alaya ordenó a la Guardia Civil que identificara a la persona que realizó dicho ingreso y el concepto.