Alaya imputa al presidente de Unicaja y una veintena de altos cargos

La juez Alaya, ha imputado al presidente de Unicaja, Braulio Medel; al que fuera presidente de El Monte, José María Bueno Lidón; y al jefe de los Servicios Jurídicos de la Junta, Francisco del Río, entre otros. En total, una veintena de imputaciones.

La juez instructora del «caso de los ERE», Mercedes Alaya, ha imputado al presidente de Unicaja, Braulio Medel; al que fuera presidente de la caja de ahorros El Monte, José María Bueno Lidón; y al jefe de los Servicios Jurídicos de la Junta, Francisco del Río. Forman parte de la veintena de imputaciones señaladas por la magistrada titular del juzgado número 6 de Sevilla y contenidas en un voluminoso auto de 95 páginas al que tuvo acceso LA RAZÓN.

Las nuevas imputaciones se producen después del análisis por parte de la juez del amplio atestado de la Guardia Civil sobre el entramado de la Sierra Norte urdido fundamentalmente en torno a los ex concejales socialistas José María Sayago y José Enrique Rosendo, que recibieron más de 30 millones de euros en subvenciones. Alaya hace asimismo un extenso repaso de las 32 actas del Consejo Rector de la Agencia IDEA –antes IFA– entre los años 2001 y 2008, así como de sus integrantes, entre los que se encontraba Braulio Medel.

La magistrada imputa a los integrantes del Consejo Rector de IDEA. Considera que estos miembros eran conocedores de la ilegalidad de los convenios articulados para el pago de las ayudas, bajo la fórmula de la transferencia de financiación, de la que la Junta hizo, según entiende la juez y también la Fiscalía Anticorrupción, un uso irregular. «Ya vimos, como así se expone en el informe pericial, que a nivel presupuestario IFA/IDEA fue el compañero perfecto de la Consejería de Empleo». «La Agencia falsearía su presupuesto de explotación y presupuestaría cada año un gasto equivalente a las citadas transferencias en la partida "otros gastos de explotación"». «Este hecho del falseamiento del presupuesto es tan trascendental que sin el mismo no se hubiera podido llevar a cabo el ilícito sistema de concesión de subvenciones», desliza la juez. El Consejo Rector de la Agencia IDEA, según Alaya, tendría «conocimiento» de la «finalidad» del Convenio Marco de julio de 2001, origen del «fondo de reptiles».

La magistrada acusa de un posible delito continuado de «prevaricación y malversación, incluido delito continuado de falsedad» a los integrantes del Consejo Rector de IDEA. Lanza una veintena de imputaciones, entre los que hay presuntos responsables que ya estaban imputados, como el viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, el ex consejero de este departamento Antonio Fernández o el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero.

Asimismo, la juez ha ordenado investigar un pendrive «serigrafiado con nombre de la Junta de Andalucía» que el abogado de la ex asesora de la Dirección General de Trabajo María José Rofa habría recibido en su antiguo despacho profesional en el interior de un sobre «sin distintivo ni remitente» donde «aparecen» expedientes relacionados con el caso.

En un auto, la Alaya relata que el letrado de la imputada se personó recientemente en la Secretaría del Juzgado para informar de que, «en la dirección donde antiguamente tenía ubicado su despacho profesional», en Bollullos del Condado (Huelva), recibió por correo ordinario el citado sobre. Según el letrado, «en un primer momento pensó que era publicidad sobre cursos, pero al abrir los archivos observó que aparecían expedientes relativos a las presentes diligencias previas, desconociendo el origen del archivo informático». Al hilo, la juez considera que el dispositivo «podría contener archivos y documentos relevantes para la causa y que son objeto de investigación, particularmente sobre el papel de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo, así como de IDEA, en el pago de ayudas a terceros haciendo uso de fondos públicos recibidos mediante transferencias de financiación de distintas consejerías».