Alaya no elevará aún el caso al TS y pide calma para acabar con dignidad

El juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla no se inhibirá en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares en favor del Tribunal Supremo (TS) por el momento. Su titular, Mercedes Alaya, lo deja claro en un auto en el que, una semana después de que la Audiencia de Sevilla revocara de forma parcial la imputación de la ex consejera de Hacienda, Magdalena Álvarez, vuelve a citar a la también ex ministra socialista a las 11:00 horas del jueves 7 de noviembre.

La Audiencia consideró que la acusación contra Álvarez no estaba suficientemente argumentada y sugirió que la magistrada podría haber «alcanzado el límite máximo de instrucción» por lo que debería plantearse enviar la investigación al juez competente en las causas de aforamiento. Y no era la primera vez ni el primer órgano judicial que la urgía a poner punto y seguido.

En relación a la ex titular de Hacienda, la magistrada desmenuza en su nuevo auto la imputación que le leyó cuando declaró como imputada el 8 de octubre y le vuelve a atribuir los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por su papel en la concesión de subvenciones sociolaborales al margen de la legalidad. Álvarez, actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), tendrá que volver a los juzgados «a fin de colmar la exigencia de su derecho de defensa por si quisiera ampliar algún extremo de su declaración», según desliza la juez en su escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Por lo que respecta a las dudas planteadas por la Audiencia en relación a la finalización de la instrucción y la elevación del proceso al Alto Tribunal por la presencia de aforados, Alaya responde con contundencia. De un lado, plantea que «cierta es la posible participación» de ese colectivo de diputados, como la de los siete a los que, «en calidad de imputados», comunicó en septiembre la existencia de actuaciones. Es decir, vuelve a dejar constancia de la imputación de, entre otros, los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Unos párrafos más adelante, subraya, metafórica y literalmente porque aparece así en el texto, el «diseño bien definido» al que ha respondido siempre una instrucción que no es «espasmódica», replica en alusión de nuevo a lo lanzado por la Audiencia.

En ese sentido, la instructora muestra su convencimiento de que «al menos la mayor parte de la causa» es «inescindible» y adelanta que «el final de la instrucción no está lejos, más bien lo contrario». Con todo, precisa que aún «queda un trecho de importancia capital». ¿Trascendente en cuánto a qué? A los contenidos a aportar que completarían la investigación para poder «determinar el grado de participación delictiva que pudieran haber tenido algunos de los aforados», con la inclusión, si cabe, «de los indicios o principios de prueba que lo fundamente». Por ello, la magistrada pide «calma» para que su equipo y ella puedan afrontar «esta última etapa» de pesquisas y estudio y para «encajar los cambios que puedan producirse todavía en el desarrollo de la instrucción». En suma, para «culminar con dignidad el trabajo que iniciamos hace menos de tres años 'unos pocos incansables».

En el auto se contesta, por último, a otro de los apuntes de la Audiencia sevillana: no imputará a los integrantes de los distintos parlamentos andaluces en la década investigada. Es más, Alaya sostiene que la Cámara desconocía la «indiciaria maquinación delictiva» en la elaboración de las cuentas andaluzas que ella entiende que se creó para nutrir la partida destinada a las ayudas fraudulentas. Figurar lo contrario supone, en opinión de la juez, «restarle complejidad técnica a la Ley de Presupuestos y presuponer en los parlamentarios un conocimiento exquisito en materia presupuestaria, más bien propio de un experto». Tampoco busca implicar a la totalidad de los gobiernos autonómicos.