Alaya pide una ampliación del «fondo de reptiles» con Griñán de presidente

La juez que instruye el caso de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, sigue adelante con la petición de información sobre otros aspectos del caso ajenos al cobro de sobrecomisiones que ha centrado las última cascada de detenciones en el marco de la «Operación Heracles». En un auto fechado el 27 de junio, consultado por este periódico, la magistrada reclama más documentación a la Junta y al Ministerio de Empleo. Entre esta documentación, una modificación presupuestaria de 20 millones de euros a favor de la partida 31.L, conocida como «fondo de reptiles», ejecutada cuando Griñán llevaba ya más de un año como presidente de la Junta.

Concretamente, Alaya da continuidad al peritaje llevado a cabo por la Intervención General del Estado. Y reclama, en relación a las modificaciones presupuestarias del ejercicio 2010 de la Consejería de Empleo, «el expediente completo de generación de crédito por importe de 20.000.0000 euros, a la aplicación presupuestaria 31.L, que lleva firma del director general de Presupuestos de 21/11/2010».

También pide a la Junta, en relación a estas modificaciones de 2010, otra «rectificación de transferencia de crédito» por importe de otros 20 millones de euros, aprobada por el Consejo de Gobierno del 26 de octubre de 2010. En este caso, la partida que aumenta es la 32.A, en detrimento de la 31.L.

Con este paso, la juez vuelve a poner la lupa sobre las modificaciones presupuestarias del «fondo de reptiles», algunas de las cuales elevó Griñán al Consejo de Gobierno en su etapa como titular de Economía y Hacienda (2004 y 2009). El presidente andaluz hizo alusión expresa a la legalidad de estas modificaciones en el reciente Debate sobre el Estado de la Comunidad en el que anunció que no volvería a presentarse. Sin embargo, el ex interventor general Manuel Gómez lo acusó a través de una carta remitida al Parlamento de «cebar» a través de este procedimiento la partida 31.L. Y hay que recordar que la Cámara de Cuentas borró del informe final de los ERE el artículo que señalaba que estas ampliaciones de crédito «no se ajustan a las previsiones normativas en materia presupuestaria y contable de la Junta».

Otra petición que afecta de lleno a la etapa de Griñán como presidente –dirigida al Gabinete Jurídico de la Junta– es relativa al decreto-ley 4/2012 que elaboró la Junta para normalizar el pago de prejubilaciones.

Alaya parte del convencimiento de que la legislación en materia de ayudas sociolaborales previas a la jubilación ordinaria es «competencia exclusiva del Estado». La Junta de Andalucía, a tenor del peritaje realizado por la Intervención General del Estado, mantuvo, sin embargo, entre los años 2000 y 2010 «un régimen propio de ayudas» «sin que exista norma por la que la Junta regule su concesión, se establezcan sus límites, edad mínima de los beneficiarios, cuantía, periodos de percepción, porcentaje de financiación pública de las mismas o forma de tramitación». Una suerte de modelo al margen de las órdenes del Ministerio de Empleo y de la Tesorería General de la Seguridad Social que «no se ha detectado» en otras comunidades, según deducen los peritos de la Intervención del Estado.

De ahí que Alaya pida al Ministerio de Empleo que se pronuncie sobre este «sistema propio de ayudas» y aclare «de qué modo afecta a la legislación que en exclusiva afecta al Estado».

Reclama asimismo al Ministerio que informe si hay «bases reguladoras aprobadas por el Estado para este tipo de ayudas de carácter vinculante para la comunidad», y que aporte otra documentación adicional. De esta documentación extra, se centra en dos asuntos. El primero, averiguar el posible seguimiento o control de las actuaciones de la Junta relativas a estas ayudas. El segundo, los «créditos presupuestarios autorizados en las leyes de presupuestos generales del Estado para el año 2001 y sucesivos, a a favor de la Consejería de Empleo, para la gestión de subvenciones del ámbito laboral, con el desglose de cada una de las clases de ayudas del artículo primero de la Orden de 5 de abril de 1995 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Esta orden la elaboró Griñán estando en el Ministerio de Trabajo con Felipe González de presidente.