Alaya reactiva una rama de Mercasevilla llamando a declarar a tres imputados

Sólo un día después de que la juez Mercedes Alaya se reuniera con el presidente del TSJA y se comprometiera a acelerar las cuatro macrocausas que instruye en el juzgado 6 de Sevilla –delito societario de Mercasevilla, venta de los terrenos de la lonja, ERE y la causa contra Ruiz de Lopera– comienza a mover ficha.

Alaya ha reactivado la rama referida al delito societario de Mercasevilla con la citación como imputados, en octubre, de tres ex directivos del mercado. Se producirá más de tres años después de la apertura de las diligencias.

Fuentes del caso informaron a Efe de que el 3 de octubre declarará como imputado Fernando Mellet, ex gerente de Mercasevilla, el día 4 lo hará Daniel Ponce, ex director adjunto y el día 8 de octubre la ex directora económica Pilar Giraldo. Los dos primeros ya están condenados, junto al ex delegado provincial de Empleo Antonio Rivas, por un delito de cohecho al pedir a unos empresarios una comisión de 450.000 euros a cambio de una subvención pública.

En este sumario del caso Mercasevilla se investiga la presunta falsedad de las cuentas de la empresa o el gasto de 30.272 euros sin justificar con la tarjeta VISA. Los delitos investigados son malversación de fondos públicos, fraude y exacciones ilegales, delitos societarios, administración desleal o apropiación indebida.

En septiembre de 2011, la Fiscalía Anticorrupción había pedido a la juez Mercedes Alaya que tomase declaración cuanto antes a estos tres imputados para eludir el riesgo de «nulidad de todo o parte del procedimiento» y la prescripción de los delitos.

La juez le respondió entonces que los hechos imputados estaban «exhaustiva y detalladamente» descritos en un auto de mayo de 2010, por lo que no era preciso tomar declaración a los imputados hasta que el juzgado recibiese un peritaje solicitado.

La Fiscalía consideró urgente «concretar y describir», respecto de cada uno de los imputados y «de la manera más individualizada posible, los hechos presuntamente delictivos cometidos y su presunta participación en los mismos».

Una imputación «genérica o insuficiente», a juicio de la Fiscalía, podría llevar a una indefensión de los sospechosos por no poder articular su defensa, que de prosperar «podría derivar en una nulidad de todo o parte del procedimiento, causando así la destrucción o cercenación parcial del material probatorio». La Audiencia de Sevilla confirmó en marzo de 2011 la imputación de los tres acusados y dijo que de la auditoría realizada por la empresa Deloitte se desprende que existen indicios de presuntos delitos de malversación de fondos públicos, fraude y exacciones ilegales, delitos societarios en su doble vertiente de falsedad en las cuentas anuales y administración desleal, o de delitos de apropiación indebida.