Andalucía es la comunidad con más casos de corrupción tras Valencia

En el primer trimestre del año, los jueces abrieron juicio oral o procesaron por delitos de corrupción a 85 personas, según los datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial, en los 17 procedimientos concluidos por este tipo de delitos. El 75% de las sentencias en primera instancia por corrupción entre el 1 de enero y el 31 de marzo fueron condenatorias. En concreto, en Andalucía, hay 22 acusados en cuatro procedimientos. La región andaluza es la segunda, tras la Comunidad Valenciana, en personas acusadas, donde hay 40 encausados en el mismo período y en seis procedimientos. De las condenas en Andalucía, una fue con conformidad; y dos sin conformidad.

Los guarismos son similares a los del pasado año, cuando Andalucía también era la segunda comunidad con más casos de corrupción, pero entonces tras Canarias (que tenía 20 procesados). Los jueces concluyeron en el primer trimestre de 2017 con un total de cinco procedimientos por delitos de corrupción en la comunidad, en los que se dictó autos de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 18 personas, cuatro menos que este ejercicio en el mismo período de tiempo.

El «caso Alaya»

Por su parte, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tomará conocimiento hoy del acta de la junta sectorial de jueces de Instrucción de Sevilla celebrada el pasado 24 de mayo y en la que analizaron las declaraciones realizadas por la magistrada de la Audiencia Provincial Mercedes Alaya en una entrevista. En la misma, los jueces de Instrucción de Sevilla manifestaron su «más absoluto rechazo» a los comentarios vertidos por Alaya sobre sus compañeros que realizaron funciones de refuerzo en el Juzgado de Instrucción número 6, cuando ella era titular e investigaba la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, manifestaciones que, a su juicio, «ponen en entredicho, sin ningún motivo, la capacidad y profesionalidad» de estos compañeros. «A través de estos comentarios se pone en entredicho, sin ningún motivo, la capacidad y profesionalidad de estos compañeros, y con los que esta Junta de Jueces manifiesta su más absoluto rechazo», concluyeron los jueces de Instrucción en la nota remitida en aquel momento sobre la reunión. Ahora, la Sala de Gobierno del TSJA, órgano de gobierno interno de los juzgados y tribunales de la comunidad autónoma, toma conocimiento del acta de la junta sectorial, como cualquier otra acta de estas reuniones, pues es una cuestión que está regulada por la legislación. Ayer, precisamente, el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, quien también preside la Sala de Gobierno, insistió en que las declaraciones que hizo Mercedes Alaya, relativas a las «presiones» que sufrió cuando fue instructora de los casos ERE, Mercasevilla o los cursos de formación, son «desafortunadas» y «no benefician para nada» al sistema judicial. Tras entregar al presidente de la Cámara autonómica, Juan Pablo Durán, la Memoria del Tribunal correspondiente al año 2017, Del Río sostuvo que «son unas declaraciones muy desafortunadas por parte de una jueza instructora opinando sobre un procedimiento y creo que no debe hacerlo», al tiempo que lamentó que así expresa «sus perjuicios sobre ese procedimiento». Uno de los miembros de la Sala de Gobierno es el presidente de la Audiencia de Sevilla, Damián Álvarez, quien recientemente aseguró que cuando tuvo conocimiento de los comentarios de la magistrada pensó, en un primer momento, que ella «buscaba algún tipo de carrera política».

En relación a la memoria entregada al presidente del Parlamento, Del Río esgrimió que la justicia lleva mucho tiempo esperando mejoras de infraestructuras en muchas capitales, refuerzo de funcionarios y mejor gestión de recursos. «Andalucía es una comunidad autónoma que necesita cuidados en la justicia por la legitiosidad y el número de asuntos. Los jueces en su gran mayoría están sobrecargados y necesitamos medida estructurales importantes», demandó.