Anticorrupción pide a la jueza de los ERE otros 18 meses más de investigación

Antes de quedarse sin tiempo en el «macroproceso» de los ERE presuntamente fraudulentos, que se acerca ya a los seis años y medio de instrucción, la Fiscalía Anticorrupción ha movido ficha. Este mes se esfumaba el aire que supuso el que la titular del juzgado sevillano que coordina el caso, María Núñez Bolaños, englobase en marzo de 2016 la causa, vía auto reglamentario, en la categoría de especial complejidad, lo que permitió ampliar las pesquisas durante los 18 meses que se acaban. Por ello, el Ministerio Público ha pedido a la instructora que prorrogue ese plazo al entender que «la investigación no podrá completarse» de no hacerlo, según admite en un escrito consultado por este periódico y que ya obra en poder del juzgado.

De hecho, fuentes del proceso judicial confirmaron ayer a LA RAZÓN que la instructora ya ha dado traslado a las partes personadas en el mismo para que se pronuncien al respecto antes de hacerlo ella misma. Una cuestión que, para alguna de aquéllas, consultadas ayer por este diario, «parece inevitable», teniendo en cuenta que «hace solo unos días, la magistrada ha abierto incluso nuevas piezas separadas». Una de ellas está centrada en la ayuda sociolaboral de 8,3 millones de euros que el Gobierno andaluz concedió a la empresa Nexprom, propietaria de los hoteles Don Pedro y Don Pablo, para la triada de ERE que ésta acometió en 2004; y otra orbita en torno a los fondos públicos que la Junta dio al Ayuntamiento sevillano de Villanueva del Río y Minas y que protagonizan uno de los múltiples atestados de la Guardia Civil que componen el voluminoso sumario de los ERE. Habrá que ver qué posición adoptan esta vez los abogados de la Junta, personada como acusación, ya que el año pasado se opusieron a la petición inicial de Anticorrupción para que Núñez declarase de especial complejidad el proceso, en línea con las defensas de algunos de los encausados.