Anticorrupción pide que se levante el secreto de sumario

La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha solicitado que se levante el secreto sumarial que pesa sobre la investigación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares de la Junta desde hace casi dos meses, al considerar que esa medida no afecta al buen fin de las diligencias interesadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

En un escrito, dirigido al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, la Fiscalía requiere en concreto un levantamiento parcial que permitirá, a su juicio, el impulso procesal adecuado del resto de la causa y servirá para evitar «innecesarias dilaciones».

De hecho, argumentan que esa medida permitirá que las partes personadas accedan al sumario, al tiempo que se desarrolla una pieza separada, la que se podría mantener oculta, para la ampliación de la investigación que provocó el secreto total: supuestos delitos de blanqueo de capitales, cohecho y asociación ilícita.

Asimismo, la Fiscalía pide que se enumeren todos los escritos y la documentación aportadas por las partes, así como los expedientes que se hayan recibido en el juzgado en cumplimiento de requerimientos acordados, ya que no constan en los tomos de las actuaciones entregados a las partes. El Ministerio Público pretende también que se oficie a la UCO de la Guardia Civil para que aporte todos los informes ya terminados con el fin de que, en caso de que corresponda, poder formular las imputaciones que se deriven de los mismos e interesar las medidas cautelares que se estimen.

En el escrito, firmado por los fiscales delegados Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández, se insta además a fijar un calendario de declaraciones de todos aquellos que, imputados mediante auto, aún no lo han hecho y se reclama la comparecencia de medidas cautelares, incluidas las no celebradas respecto a imputados que ya han declarado en sede judicial. Abogan, por último, por que se oficie a la Agencia Tributaria para que informe de las actuaciones de comprobación terminadas en virtud del auxilio jurisdiccional acordado. La decisión está en manos de la nueva juez sustituta, Ana Rosa Curra.