Anticorrupción pide seis años de cárcel para el ex presidente

Primera solicitud para Pérez-Sauquillo por una de las piezas separadas

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado seis años de cárcel y 25 años de inhabilitación para el ex presidente de Invercaria, Tomás Pérez-Sauquillo, por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en relación a la ayuda de 300.000 euros concedida a la empresa Fumapa mediante un informe «de medio folio».

En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público solicita además la misma pena de prisión e inhabilitación para tres miembros del consejo de administración de Invercaria, como son Isabel de Haro, Jacinto Cañete y Ramón Martín López.

Asimismo, pide dos años y medio de cárcel y once años de inhabilitación para los administradores de Fumapa Fulgencio Canales Rodríguez y Francisco Gutiérrez Cañizares, y reclama que todos los acusados indemnicen a la agencia IDEA con 300.000 euros.

Se trata del primer escrito de acusación presentado por la Fiscalía en esta causa después de que el juez haya concluido la instrucción de las piezas relativas a las ayudas concedidas a Fumapa, Lolita Canalla, Juana Martín y Operador Aéreo Ándalus.

En este caso, la Fiscalía cifra en 359.581,60 euros «el perjuicio total» causado a Invercaria e IDEA, una cantidad que «puesta en relación con los fondos propios del año 2008 destinado a inversiones suponen un daño relevante en las propias cuentas de la entidad y en los posibles fondos destinados a otros proyectos en fase semilla o arranque».

Anticorrupción relata que Fumapa es una sociedad limitada constituida el 13 de diciembre de 1988, cuyo objeto social es la fabricación y venta de carpintería metálica y aluminio y cristal y su capital social de 45.436,52 euros.

En fecha no determinada, los socios de Fumapa y Fumapra mantuvieron una reunión en La Carolina (Jaén) con Pérez-Sauquillo, «del que nació el compromiso de una inversión en alguna de sus empresas», tras lo que, el 8 de abril de 2008, ambos socios se reunieron con el presidente de Invercaria en la sede de esta empresa pública «para la concreción de la petición de inversión y ayuda».

La Fiscalía asevera que los empresarios entregaron «dos folios manuscritos, en el que contenía una serie de gastos entre 2005 y 2008, así como un inventario de inmovilizado de Fumapa y Fumapra». A pesar de eso, la ayuda se concedió.