Antonio López Hernández: «Con 34 agencias, 34 sociedades y 25 fundaciones de la Junta, hay margen para racionalizar el gasto»

sevilla- La entrevista con la cabeza visible de la Cámara de Cuentas de Andalucía coincide en día y hora con la comparecencia judicial de uno de los altos cargos de la Junta imputados en el fraude de los ERE. Antonio López está al tanto de la decisión del ex número dos de Magdalena Álvarez de no declarar, un tema de interés por su trascendencia mediática y política y porque precisamente el informe que realizó el organismo fiscalizador sobre dichas ayudas le supuso afrontar el capítulo más complicado desde que fue nombrado presidente en mayo de 2010.

–Se le ha preguntado reiteradamente y ha dado sus razones sobre el porqué de la supresión del nombre del ex presidente José Antonio Griñán del informe provisional de los ERE. La filtración llegó a poner en entredicho la independencia de la Cámara. ¿Por qué se cambió?

–Eso no soy yo quien tiene que decirlo, seguramente serán los auditores quienes tengan que comentarlo. Lo que ya he dicho en más de una ocasión es que los informes, hasta que llegan a ser definitivos, pueden sufrir modificaciones. De hecho, son numerosos los que las sufren.

–¿Siempre bajo su supervisión?

–No, yo soy como un «primus inter pares», represento a la institución y coordino, pero las decisiones claves las toma un Pleno de forma colegial. Las modificaciones que se hacen, que, le vuelvo a decir, pasa con frecuencia, pretenden mejorar el contenido.

–¿El problema fue entonces que se filtró ese paso intermedio?

–Ése es el tema; el hecho de que se filtrara un borrador generó la polémica. Hay un procedimiento reglado en todo ello, incluso ni la aprobación por la Cámara le da carácter definitivo porque luego hay que escuchar alegaciones. ¿Hubo modificaciones? Sí, como tantas otras veces.

–En su primera intervención como presidenta, Susana Díaz concedió al organismo un papel protagonista. ¿Hubiera cambiado en algo tener entonces esa capacidad sancionadora, o el fallo fue que ni siquiera se percibieron esas irregularidades?

–Vamos a ver, también he dicho que en esto a veces hay que hacer una labor pedagógica. Querer pensar que la Cámara no las ha detectado y atribuirle una incompetencia por ello es desconocer su papel. Cuando nosotros analizamos la Cuenta General de la Junta no se fiscaliza. La Cámara funciona mucho por alertas; en el caso concreto, no recibimos ni una sola. La partida 31L, si la analizamos en su conjunto, es importante, pero cada año a lo mejor suponía el 0,50 por ciento del conjunto de los más de 31.000 euros del presupuesto de la Junta. Si hubiéramos tenido alertas, seguro que lo hubiéramos hecho.

–¿De quién suelen proceder?

–Suelen ser del control interno,es el que está más cerca.

–Cuando fallan tantos controles y se produce ese uso fraudulento de dinero, ¿cómo puede justificarse en que una sola persona lo hiciera?

–Está claro que cuando ha ocurrido lo que ha ocurrido han fallado muchas cosas. Seguramente, el control político sobre determinadas personas. ¿Ha fallado el control interno? A mi modo de ver, sí; y el externo, también. Porque la Cámara de Cuentas tampoco detectó esas anomalías, pero quiero graduarlo. Permítame un símil: si hay un robo en una joyería, que tiene vigilante, la culpa no puede ser de la Guardia Civil por no haber detenido al ladrón antes del robo. Hay que entonar todos el «mea culpa». Una cosa de éstas y durante tanto tiempo no pasa sin que hayan fallado sistemáticamente todos los controles. La Cámara ha tomado buena nota para que no vuelvan a pasarle desapercibidas, aunque no reciba estas alertas de otros mecanismos que están más próximos. Estamos intensificando una serie de estudios en determinadas partidas y procedimientos en los mecanismos de financiación, dentro de la Cuenta General estamos incorporando análisis específicos de transferencias de financiación de todos los organismos públicos de la Junta. A raíz de ese trabajo previo podemos hacer un informe específico que arroje más luz.

–Ahora, con todos los implicados «avisados», sería más difícil que sucediera algo similar...

–Claro, pero hay que estar atentos. Luego, el papel de la Cámara tampoco es estar machacando continuamente. Queremos ser orientadores de buenas prácticas y favorecer la cultura de la buena gestión de recursos públicos. No es que las medidas sancionadoras vayan a ser la solución, pero es acertado establecer multas coercitivas en el caso de que no se rindan cuentas.

–¿Son receptivos los organismos a los que se trata de orientar?

–Hay de todo... ahora se va a incorporar la obligación de que remitan un informe de cómo se están asumiendo esas propuestas para que no queden en el limbo.

–Es habitual que cuando trascienden públicamente, digamos, anomalías, se compruebe que la Cámara ya había informado previamente de ello.

–A veces pienso que o tenemos que mejorar nuestra comunicación –aunque los informes son públicos y se informa de ellos–, o sencillamente no hay una receptividad por parte de los organismos fiscalizados. Y otra cosa tiene que quedar clara: trabajamos para el Parlamento, es el primer destinatario de nuestros informes; no soy quién para decir qué papel debe ejercer éste para darle más repercusión.

–Dio una conferencia en 2011 titulada: «El control del gasto público». ¿Había algún alto cargo de la Junta o alcaldes entre los presentes?

–(Risas) No creo...

–La sensación es que sólo se «controla» a través de las nóminas de los funcionarios. Como experto en Economía, ¿qué opinión le merece?

–Hombre, yo me siento un empleado público como otro, soy profesor de universidad... A lo mejor es el recurso más fácil. A veces no hay más remedio porque es un volumen muy importante del gasto el que está en los salarios, pero hay que hacer un análisis más en profundidad del sector público andaluz y español. Y hay márgenes para buscar una mayor racionalización, en el sector de agencias públicas sobre todo.

–¿Cuántos organismos tiene que auditar la Cámara con unos medios que, a la vista está, son bastante limitados?

–En 2011, sólo de la Junta, teníamos 13 consejerías , 10 secciones presupuestarias, 15 agencias administrativas y una de régimen especial, 18 agencias empresariales, 34 sociedades mercantiles, 25 fundaciones, 24 consorcios y 4 fondos carentes de personalidad jurídica. Estamos hablando de unos 31.000 millones. Si le unes el sector público local, con 770 municipios, sus entes instrumentales, agencias, etc., otros en torno a 12.000 millones de gasto público. Y las universidades, que son diez, unos 2.600 más. ¿Cuáles son los medios que tenemos? Sobre 70 personas dedicadas a auditoría. Concentramos nuestros esfuerzos en la Cuenta General y en los planes de actuación incorporamos muchos informes específicos que se hacen a partir de ahí. Uno de nuestros objetivos del plan estratégico es incrementar las auditorías operativas, que pretenden evaluar eficacia y eficiencia. Nuestro reto es el universo local.

–¿Es buena tanta diversificación de entes de cara a la eficacia?

–Se están dando pasos en esa línea. Hacer desaparecer municipios suena muy fuerte, pero sí se puede favorecer el fusionarlos.

–Cuando ocurre un desvío de fondos o mala gestión, no se penaliza al político.

–A lo mejor hay que establecer multas coercitivas dirigidas a esa persona en concreto, no a su organización. Porque hoy por hoy no pasa nada si un ayuntamiento no rinde cuentas.

–La Fiscalía está investigando posibles facturas falsas de UGT para justificar subvenciones para cursos de formación.

–Lo he seguido sólo por la prensa. Permítame que ahí no me pronuncie porque a nosotros no nos ha llegado ningún documento.

–Pero sí se han analizado algunas porque es una organización que recibe buena parte de esas partidas de la Junta.

–Bueno, hemos hecho análisis relacionados con eso y próximamente va a salir un informe, pendiente de aprobación por el Pleno, relacionado con la formación ocupacional donde los perceptores de esas ayudas son tanto los sindicatos como las organizaciones empresariales. Cuando salga el informe, me remito a él.

–¿Con él se responde a la petición hecha por el presidente Griñán para arrojar luz tras la dimisión en 2010 del ex número dos del PSOE-A, Rafael Velasco, a raíz de ayudas concedidas a una empresa de su esposa?

–Bueno, es una parte. Efectivamente, nos llegó una petición de la Comisión de Hacienda y Administración en relación con la fiscalización de ayudas en materia de formación profesional al empleo. Una segunda se nos transmitió a instancias del Consejo de Gobierno. Pedían de 2005 a 2010 y habíamos analizado distintas áreas relacionadas. Y el último son las subvenciones de empleo del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), pendiente de aprobación. Se aborda la problemática de las subvenciones del SAE para la formación profesional ocupacional.

–¿Hay avistamiento de irregularidades del calado de los ERE?

–Yo le diría que esperara a que saliera el informe. Nosotros no solemos hacer valoraciones más allá. Es uno más de nuestros informes, pero está en la línea de lo que estamos hablando. Siempre merece la pena el análisis de la problemática del sector público, en cualquier faceta.

–La Justicia se asemeja a la Cámara en que parece llegar tarde a los sitios, tanto que hasta le prescriben los delitos...

–Bueno, ¡nosotros no juzgamos delitos! Procuramos que el análisis de la realidad del sector público sea lo más reciente posible, y eso se está consiguiendo. Con modificaciones a nivel normativo, mejoraría.

–¿Las subvenciones son el mejor mecanismo para el reparto de fondos?

–Bueno, es el que más está establecido.

–Sí, si establecido está...

–Bueno, lo que se está haciendo es trasladar un patrimonio público a un ente privado. Si se hace adecuadamente, con convocatorias públicas, competitivas, publicidad... son adecuadas.

–¿Y las excepcionales, que permiten otorgar fondos de manera indiscriminada?

–Si son excepcionales...

–Ya, pero cuando son lo habitual, por tanto no existe competitividad y prácticamente se entregan en mano, ¿deberían delimitarse?

–Deberían. Hay que reducirlas al máximo; a veces que se abuse de la excepcionalidad... puede ocurrir.

–Igual que el fraccionamiento de contratos para otorgarlos «a dedo», algo de lo que sistemáticamente vienen avisando. Tendrán que seguir haciéndolo...

–(Risas y silencio afirmativo).