Arellano defiende que «no hay menoscabo», sino «defensa del dinero público»

«Toda la actuación está presidida por actuaciones regulares y legales, conocidas y vigiladas por todos los procedimientos administrativos normales y convencionales de una Administración pública tan grande como es la Universidad (de Sevilla). No hay ningún menoscabo, todo lo contrario, una defensa fuerte del dinero público en estos casos. Esto no es una cuestión que para nada afecte a la obra, a la construcción, es un problema de discusión sobre asesorías técnicas. El relato correcto creo que es perfectamente sostenible y es perfectamente asumible como una actuación normal». En estos términos se expresó el consejero de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, Antonio Ramírez de Arellano, a la salida del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tras declarar como investigado (en la terminología anterior, imputado) a cuenta de la denuncia de la Fiscalía Superior de Andalucía por presuntos delitos de prevaricación administrativa y falsedad en documento público en relación con su participación como vicerrector de Infraestructuras de la US en la adjudicación del proyecto arquitectónico del Centro de transferencia de resultados de investigación de la Hispalense, conocido como Centrius.

Ramírez de Arellano estaba citado a las 10:30 horas. El aforado llegó sin atisbo de estar nervioso –«¿Por qué tendría que estarlo?», comentó– quince minutos antes al Alto Tribunal andaluz, con sede en Granada, acompañado de su abogado. Su declaración ante la Sala Civil y Penal del TSJA, en concreto, ante el juez instructor Juan Ruiz Rico, se alargó por espacio de hora y media. El consejero defendió que todas las actuaciones que llevó a cabo como vicerrector de la Universidad de Sevilla (US) fueron «legales» y «conocidas y vigiladas» por la institución. Arellano respondió a las preguntas del magistrado, del fiscal y de su abogado. La acusación particular, el Colegio de Arquitectos de Sevilla (COAS), no se personó.

Arellano aseguró ante el juez que ni la US ni él mismo tiene «ninguna relación» con los arquitectos adjudicatarios, «ni antes ni después». «Ni trabajaron antes ni trabajaron después», explicó, aludiendo a una «circunstancia coyuntural que se sacó de contexto en 2015». Arellano se quejó de que la denuncia llegara siete años después de los supuestos hechos, cuando el Colegio de arquitectos «tiene conocimiento desde los años 2008-2009». El consejero criticó que la denuncia se basa en una «interpretación parcial y oportunista de las circunstancias que se dieron en ese momento» aunque «cuando alguien quiere presentar una denuncia penal porque puede perder el contencioso, utiliza todas las artes que corresponda para intentar ganar su caso». «Si hay algún tipo de error, es un error que tiene encauce a través del procedimiento administrativo, que para eso existe», señaló. Asimismo, Arellano defendió la «absoluta independencia» de la Agencia de la Competencia al abrir un expediente contra el Colegio de Arquitectos, añadiendo que viene «de marzo de 2015», antes de ser nombrado consejero.

Arellano, a la salida de la testifical, explicó que el Tribunal Contencioso Administrativo número 11 de Sevilla ha inadmitido el recurso contencioso que pretendía el Colegio de arquitectos, apuntando que es «la novena vez» que la Universidad de Sevilla gana este pleito en los tribunales. El consejero redujo la problemática a «una discusión sobre asesorías técnicas» relativa a «momentos distintos en la universidad, donde se tomaban decisiones que no estaban conectadas las unas con las otras necesariamente». El recurso del COAS, según el auto al que accedió Europa Press, fue rechazado por extemporáneo.

El consejero de Economía y Conocimiento, que agradeció el «tono empleado» por las partes durante su declaración, recordó que «al proyecto mixto de ejecución y de obra concurrieron 37 empresas, se interesaron 80, salió en el Boletín de la Unión Europea y, sin embargo, nadie presentó ningún recurso».

Ramírez de Arellano eludió contestar sobre si se plantea dimitir pero indicó que «cualquier valoración de carácter político quiero evitarla, porque es una cuestión de la Universidad de Sevilla, cuando era vicerrector, y ahí debe quedar el tema».

El PP critica «la doble vara» de medir de C’s

El presidente del PP-A pidió esperar al pronunciamiento del TSJA sobre el consejero. El líder popular sí entró en las consecuencias políticas de la investigación, criticando la «doble vara de medir» de Ciudadanos. Para Moreno, la formación naranja es «muy rígida y con puño de acero» con el PP mientras que es «muy, muy flexible» con el PSOE. Moreno espera que PSOE-A y Ciudadanos tengan «un criterio único» para Andalucía de las «irregularidades y la corrupción». También recordó que Díaz se contradice porque en la investidura «dijo que no tendría a ningún imputado en su Consejo de Gobierno». «Cuando se hace una afirmación tan rotunda, clara y nítida, lo mínimo que se pide a un mandatario de ese nivel es que cumpla con lo que dice», señaló. La Junta, por su parte, defendió que «nada ha cambiado» en el caso de Arellano y que «no tiene nada que ver con corrupción política». El líder de C’s en Andalucía, Juan Marín, respondió al PP que «cuando no es corrupción política, C’s no va a criminalizar ni judicializar a nadie».