Casi 700 familias en vilo por el sesgo ideológico de la Junta

Entre padres y madres de alumnos y trabajadores de los centros, más de mil familias andaluzas esperan con incertidumbre el pronunciamiento del Tribunal Supremo respecto al derecho de los colegios de educación diferenciada a recibir el concierto de la Junta de Andalucía. Un sentimiento de angustia provocado exclusivamente por el sesgo ideológico del Gobierno andaluz, que pretende imponer un modelo único en la enseñanza pública andaluza en el que no tienen cabida los colegios no mixtos, exclusivamente de niños o de niñas.

Después de que los miembros del Alto Tribunal se reuniesen el pasado 18 de abril se espera que la próxima semana se dé a conocer el pronunciamiento jurídico definitivo sobre el concierto aún en vigor –los nueve colegios diferenciados mantuvieron la subvención merced a la imposición de medidas cautelares– y clave para que la Consejería de Educación mantenga su negativa actual o reconsidere su postura.

Nueve centros

En Andalucía existen nueve centros de educación diferenciada. Para el curso 2017-18, la consejería ha decidido retirar a estos colegios un total de 40 unidades en los cursos de acceso. Si los tribunales no dicen lo contrario, sólo aquellas que ya están en funcionamiento continuarían recibiendo el concierto. En la práctica, y a tenor de su naturaleza –zonas de exclusión, barrios marginales, centros dirigidos por las Hermanas de la Cruz...– la medida implica el cierre encubierto de los mismos a medio plazo. Profesores, administración y dirección, personal de mantenimiento, monitores educativos, y de actividades extraescolares, comedores y otras empresas de forma indirecta se verían gravemente perjudicadas.

La Federación Andaluza de Centros de Eseñanza Privada (CECE-A) estima que que el coste laboral que podría acarrear la negativa al concierto se aproximaría a los 700 puestos de trabajo. Un importantísimo precio que sufrirían estas familias sin que haya otro motivo que el «estrictamente ideológico» del PSOE andaluz, como se encarga de recordar Gemma García, portavoz de la plataforma «Mis padres deciden». El próximo curso comenzaría el problema con la pérdida de las primeras unidades, pero el siguiente curso serían otras tantas unidades hasta acabar de facto con unos centros que tiene escasa o nula viabilidad dentro del sistema privado.

La próxima semana, además, los diferentes centros públicos y concertados publican los listados definitivos de alumnos admitidos para el próximo curso. Los colegios diferenciados, dada la situación de incertidumbre, han optado por recoger solicitudes con la esperanza de recibir el respaldo jurídico pero por ahora no saben nada. Se da la circunstancia de que centros como Altair, en Sevilla, han cubierto todas las plazas de primero de Infantil y en el curso de primero de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) contabilizan más solicitudes que plazas.

Una vez se conoció la decisión de la consejería de retirarles el concierto, la dirección de estas escuelas presentó las preceptivas alegaciones. La Junta no ha emitido respuesta –la vía es la publicación en el BOJA– y el problema radica en que los centros que han recogido las solicitudes de alumnos no pueden realizar la matriculación sin conocer el posicionamiento oficial de la Junta.

Sentencias favorables

La preocupación de los padres va in crescendo, aunque García reitera su confianza en el procedimiento judicial porque «se dan las mismas situaciones que en el proceso anterior» y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ya emitió sentencias a favor.

Seis de los nueve centros se encuentran en la provincia de Sevilla: Ribamar, Albaydar, Altair, Elcható de Brenes, Ángela Guerrero y Nuestra Señora de Lourdes (Hermanas de la Cruz). Los tres restantes pertenecen a Córdoba: Torrealba de Almodóvar del Río, Zalima y Yucatal de Posadas.

Desde la patronal de las escuelas concertadas se ha venido recriminando al Gobierno andaluz sus ataques a un modelo de enseñanza que tiene el respaldo principal de las familias y que viene a corregir en muchos casos los defectos de la educación pública.