Cómo «desenchufar» la administración andaluza

PP y Cs encontrarán una aparato mastodóntico que aglutina al 10% de los trabajadores de la región, unos Presupuestos prorrogados y en entredicho y varias causas judiciales pendientes l La tasa de desempleo es del 22,9%.

El Gobierno de PP y Cs arrancará con unos Presupuestos prorrogados –y en sobreaviso de la Airef por la necesidad de un ajuste adicional de dos décimas para cumplir el déficit y la regla de gasto– y con «la pedrea» de la indemnización de más de 420 millones por diferentes asuntos de notoria incompetencia administrativa: el caso del Centro Comercial Nevada de Granada; los retrasos del metro de Sevilla; y la paralización de una central eléctrica en San Roque. La Airef también ha alertado del impacto en las cuentas de la restitución de derechos a los funcionarios –126 millones hasta 2021– como la implantación de las 35 horas. PP y Cs han anunciado que pretenden «meter mano» a la «patata caliente» de la Administración andaluza, empezando por una auditoría y por retomar la comisión de investigación de la Faffe, la fundación que sirvió para, entre otras cosas, recolocar a «enchufados» del PSOE, ex alcaldes y otros cargos, así como allegados, y de donde salieron los fondos de las tarjetas que sufragaron las fiestas en puticlubs que investiga la Justicia. Cs anunció que en los primeros cien días de legislatura se eliminarán los aforamientos, se creará la Oficina contra el Fraude y una ley de despolitización de los servicios públicos. Sólo la agencia IDEA, la que sufragaba las ayudas del «fondo de reptiles», ha perdido 521 millones entre los ejercicios 2013 y 2016. La Junta apenas ha recuperado en 8 meses 5 millones por los ERE y la formación. Está pendiente la sentencia de los ERE, entre otros casos como el de Invercaria. Andalucía es la comunidad con más casos de corrupción tras Valencia.

La región andaluza, con más de 102.000 millones recibidos en fondos comunitarios desde 1986 y pese a la ampliación de la UE con zonas de menor PIB, apenas alcanza el 67% de la renta media europea, sorprendentemente un 1% más lejos que en 1985. Con Susana Díaz como presidenta, Andalucía ha vuelto a ser una región de máxima prioridad, tras salir de este vagón de cola antes de la crisis. Durante la crisis, la comunidad ha perdido 12 puntos porcentuales en lo que a convergencia se refiere. En 2007 estaba en el 79%, lo que motivó que Andalucía dejara de ser objetivo 1. Convergencia era una palabra en desuso en la Junta. En la presentación de los Presupuestos para 2018, la entonces consejera de Hacienda y ahora ministra María Jesús Montero deslizó el término de pasada tras explicar que Andalucía crecerá en 2018 un 2,6%, por encima de la zona euro, que la región supera el crecimiento de los países más avanzados y que el próximo ejercicio se alcanzará el PIB más alto de la historia, 166.000 millones, superando el nivel previo a la crisis (157.147 millones en 2008). Según el índice europeo, Andalucía ha pasado de un 31,6% de población en riesgo de exclusión social en 2005 a un 41,7% más de una década después. Un aumento de 10 puntos. La tasa andaluza está por encima de la de Rumanía (38,8%), Turquía (41,3%), Bulgaria (40,4%), Serbia (38,7%) o Grecia (35,6%). El índice andaluz es casi 14 puntos superior al 27,9% de la media nacional. La capital de Andalucía, Sevilla, cuenta también con algunos de los barrios más pobres de España, como Los Pajaritos, donde, según el INE, las familias subsisten de media con 12.614 euros al año. PP y Cs han anunciado un plan de apoyo a las familias. El bloque de medidas sociales agranda la brecha con «el quinto elemento» del Parlamento, Vox, e incluye la revisión trimestral del pacto, medidas para desarrollar la ley de igualdad y contra la violencia de género y la defensa de la ley de Lgtbi, todas ellas cuestiones para las que Vox plantea su derogación, como para la ley de memoria histórica, que, directamente, no se trata en el acuerdo. Entre las medidas sociales, se cita la mejora de la atención a la dependencia, la «ley de apoyo a las familias andaluzas, adaptada a la realidad actual y a sus diferentes modelos, con especial atención a las familias numerosas y monoparentales». En el apartado de inmigración, se establece un plan de mejora de la política migratoria, con más recursos para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y para la atención de los menores no acompañados.

La inversión en obra pública en la región cayó un 84% durante la crisis, según recoge el Informe Anual de Adjudicaciones de Obra Pública de la patronal Ceacop. En lo que respecta al empleo, el verano, la mejor estación laboral de la región, sólo dio para la creación de 300 empleos y dejó 898.200 parados. La tasa de desempleo es del 22,9%, más de 8, por encima de la media nacional, y hay alrededor de tres millones de ocupados, lo que remite a cifras de 2008, según la Encuesta de Población Activa (EPA). En diciembre de 2008 había 3.058.000 ocupados y 846.000 desempleados. Para reducir el desempleo, aparte de la ampliación a 24 meses de la tarifa plana para autónomos o la cuota superreducida, se creará un «sistema arbitral de segunda oportunidad» para las situaciones de sobreendeudamiento; el sistema de cheques-formación o la reforma del Servicio Andaluz de Empleo.

En Andalucía hacen falta 100.000 empresas para igualar la media nacional, según los datos de la Confederación de Empresarios de Andalucía. La ratio andaluza está en 58 sociedades por cada 1.000 habitantes mientras que la española se sitúa en 70. La comunidad cuenta con 510.000 empresas. De media se constituyen, 45,18 nuevas empresas al día. Para igualar la tasa media española, la comunidad andaluza debería crear 275 empresas diarias, es decir, el número de sociedades debería crecer a un ritmo seis veces superior al actual. La masa industrial andaluza adolece de magnitud. El «todo esto era campo» de los abuelos dio pasó a una suerte de «todo esto eran ladrillos, grúas y hormigón» y, tras la crisis, al «todo esto es turismo». De hecho, sólo hay 22 empresas andaluzas entre las 500 primeras de España en cuanto a volumen de ventas, según los estados financieros individuales del Registro Mercantil pero Andalucía registra año tras año cifras récord en el turismo, como locomotora económica unida al aumento de las exportaciones, que han batido récords como salida a la crisis. Málaga gana peso y no se descartan movimientos en relación a esta Consejería. La Junta ha tramitado casi 300 normas durante los cinco años de gestión de Díaz. Entre el ejercicio 2012 y 2017 en Andalucía se han publicado 81 leyes, de las que 44 han tenido la fórmula de Decreto Ley. El puesto de trabajo del 10 por ciento de la población activa andaluza depende directamente de la Junta, con en torno a 294.500 trabajadores en nómina. El Presupuesto de la Junta contempla una plantilla de más de 270.000 trabajadores. La mayoría son funcionarios de Sanidad y Educación con plaza definitiva. También hay interinos, personal eventual, altos cargos elegidos a dedo y una plantilla aparte de empleados públicos a nómina de la llamada «administración paralela», los entes instrumentales como las fundaciones, empresas y agencias de la Administración pública. La administración paralela contaba con una plantilla de 23.899 trabajadores en 2017. En base a estos datos, la Junta da empleo directamente al 9,7 por ciento de la población activa andaluza, esto es, casi 1 de cada 10 trabajadores de la comunidad. El plan de competitividad para la agricultura, ganadería y pesca; el pacto por el agua, un nuevo texto refundido de la ley del suelo o la ley de economía circular completan las medidas de índole económica de PP y Cs.

El número de habitantes con estudios superiores ha crecido un 14,5% en 25 años, con más de un millón de personas con estudios superiores. El Campo de Gibraltar presenta entre cuatro y seis puntos porcentuales más de absentismo que el resto de la provincia de Cádiz. En Almería, la propia Junta coincide en las causas con Vox: la diversidad y la facilidad para trabajar en la agricultura, con la consiguiente necesidad de refuerzos educativos. En Educación, además del refuerzo para reducir el abandono escolar, destaca la implantación de la educación gratuita de 0 a 3 años a lo largo de la legislatura y un plan de mejora de las instalaciones educativas, así como medidas para necesidades de atención temprana y la equiparación de la educación pública y concertada y su libre elección. Destaca asimismo, la esperada Ley de FP del pacto PP-Cs.

El descontento con la sanidad es notorio y lleva años en las calles. Un dato que revela la calidad del servicio: La Junta licita las ambulancias por debajo del coste real y con un solo técnico para conducir y asistir. El Virgen del Rocío también es el único hospital entre los diez mejores de España, al margen de los de Madrid y Barcelona. PP y Cs han prometido la «despolitización» de la sanidad, la reducción de las listas de espera y la mejora de la atención primaria. Como mínimo, «10 minutos por paciente». Partido Popular y Cs también defienden la equiparación salarial de profesionales sanitarios y docentes con la media nacional.